El negocio de la represión: los hallazgos
Oliver de Ros

El negocio de la represión: los hallazgos

Por María Teresa Ronderos, con aportes de todos los aliados.

Una reflexión editorial

En los últimos cinco años en América Latina ha habido por lo menos veinte protestas ciudadanas de gran envergadura. Esperanzadoras y creativas, pero también fuertes y rabiosas. Algunas duraron varios meses, como en Venezuela en 2017, en Chile a fines de 2019 o en Colombia ese mismo año y de nuevo en 2021. Otras fueron explosiones de unos días, como en Bolivia en noviembre de 2019, luego de las denuncias de fraude electoral y la forzada salida del poder de Evo Morales, en Ecuador en octubre del mismo año y en Guatemala a fines de 2021. Y en México, donde el feminicidio abunda, las mujeres han salido a reivindicar sus derechos cada 8 de marzo por millones.

Casi todos los que marchan son jóvenes, estudiantes, obreros, residentes de barrios populares, minorías rurales; siempre los más vulnerables. Así Jonathan, de 20 años, salió a la calle a pedir más recursos para su universidad en El Alto. Juan Pablo, de 20 años, en Chacao, Venezuela, y Kenneth, de 21 años, en Ciudad de Guatemala, reclamaban la salida de sus presidentes, mientras Hernán, de 31 años, en Chapare, Bolivia, por el contrario, salió a defender al suyo. Edvaldo, de 19 años, salió a una carretera de Pernambuco, Brasil, a exigir más seguridad. Francisco, de 26 años, y Édison, de 29 años, manifestaron en Quito su descontento por el alza de los combustibles. Rufo, de 16 años, con su familia y vecinos en Táchira, Venezuela, bloquearon una autopista porque los dejaron sin gas y estaban cocinando con leña. Y desde Cotopaxi, Ecuador, hasta la capital se fue Inocencio, un activista indígena de 50 años a “gritar en las calles por sus derechos”. 

Cuando hay ríos revueltos de gente furiosa en la calle, hay riesgo de que algunos incendien un edificio, otros saqueen una tienda o hieran a un policía con una pedrada. No es raro que en estas masas se infiltren criminales para incendiar la marcha pacífica. Por eso, en todas partes del mundo fuerzas policiales o de seguridad acompañan estas movilizaciones, para contener cualquier desmán, proteger los derechos de quienes protestan en la calle, así como a quienes solo pasan por ahí, y asegurar que no destruyan propiedades públicas o privadas. Y deben hacerlo sin exponer irresponsablemente a sus agentes. 

Esta es la teoría que justifica las compras estatales de equipos antimotines y de armas no letales (o menos letales), como un avance de las democracias modernas. Antiguamente (o aun hoy bajo regímenes tiránicos) gobernantes democráticos tiraban a matar a los revoltosos. Salir con armas que disuadan, dispersen o contengan la protesta a distancia de los uniformados y que incluso puedan doblegar con eficacia, pero sin matar, a quien esté destruyendo un edificio público, es progreso para la humanidad. 

Con ese mismo razonamiento, fabricantes y proveedores privados han desarrollado extensos catálogos de marcas de gases picantes y humos químicos que hacen llorar, de tanquetas que lanzan chorros de agua a presión, de balas de goma y perdigones que asustan o golpean, de pistolas de descarga eléctrica que inmovilizan y debilitan y hasta de armas que aturden, iluminan y lanzan gases a la vez. La idea es que no maten, ni hieran de gravedad. Por eso, las empresas líderes en este sector, como Combined Systems, se presentan como proveedores “del mercado de la seguridad, la defensa global y la aplicación de la ley”.

En el último lustro, millones de ciudadanos y ciudadanas, con la voz propia y la capacidad de organización inmediata que les dio la era digital, han salido gritar en calles y carreteras sus angustias y descontento. Y en el continente más desigual y violento del planeta, las deshilachadas democracias latinoamericanas no consiguen (o no tienen la voluntad) de responder con soluciones a las demandas de la gente. La respuesta rápida de los Estados ha sido entonces sacar la fuerza pública para reprimir, un verbo cuya etimología quiere decir literalmente apretar o presionar hacia atrás, agobiar con cerco. Para hacerlo, pareciendo humanitarios, han aumentado las compras de armas no letales (o menos letales) y equipos antiprotestas. Claro que aún hay gobernantes en la región que, como lo han documentado periodistas y organizaciones civiles, en Venezuela, Nicaragua o Colombia, sea con fuerzas uniformadas o con parapoliciales de civil, también tiran a matar con armas de fuego, siendo las granadas lacrimógenas apenas cortinas de humo. 

En algunos casos, la represión ha sido contra personas que buscan asilo tras huir de la violencia en su hogar. W.D., un inmigrante haitiano de 24 años, se tuvo que ir de su país porque lo amenazaron de muerte. Al llegar a Estados Unidos, se encontró con agentes fronterizos armados. Su mujer y sus hijos lograron entrar a Estados Unidos. Él ahora sueña con acompañarla. “Tengo casi un año y medio sin ver a mi señora. Y quiero conocer a mi hijo”, le dijo a los colegas de Noticias Telemundo.

Esta investigación periodística colaborativa y transfronteriza, realizada por doce medios periodísticos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos, junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) descubrió, sin embargo, que hay gran distancia entre la teoría y la práctica. Constatamos que, en efecto, a medida que han crecido las protestas ciudadanas en el continente, El Negocio de la Represión con estas armas no letales ha florecido y que, en manos de las diversas fuerzas policiales, han dejado una estela de dolor, miles de lesiones leves y decenas de heridas graves, traumas psicológicos y, también, muertes. Todo lo que se suponía que se quería evitar.

Este equipo transfronterizo de más de 89 reporteros, editores, fotógrafos y videógrafos, desarrolladores web, ingenieros y analistas de datos, editores de audiencia, productores y realizadores artísticos y creativos envió decenas de peticiones de información, analizó horas de videos y fotografías tomadas en las distintas protestas, conversó con empresas proveedoras y expertos de la industria y la academia, reporteó con fuentes de la justicia, en los ministerios que velan por la seguridad y en las fuerzas públicas y entrevistó a muchísimas víctimas en nueve países. Documentamos que, en los últimos cinco años, armas no letales disparadas por la fuerza de seguridad en ocho países causaron la muerte por lo menos a 33 personas y ocasionaron heridas de gravedad, que dejaron secuelas de por vida, a otras 170 personas. De estas víctimas, 187 cayeron en medio de protestas ciudadanas y movilizaciones callejeras. 

Número global de víctimas de armas no letales (o menos letales) 2017-2022 (por país y tipo de lesión), en medio de protesta y por fuera de protestas.

La base de datos, pionera en la región, fue realizada en forma colectiva por los once socios de esta alianza periodística y procesada por CLIP, con información recabada por los colegas durante nueve meses de investigación. 

Número de víctimas por año y por país 2017-2021 sólo en contexto de protesta.

En la lista de víctimas figuran los jóvenes mencionados al comienzo de esta historia. Juan Pablo en Venezuela murió luego de que agentes policiales le dispararan bombas lacrimógenas a la cara. La familia de Inocencio de Ecuador dice que lo mató una bomba que le quedó marcada en el rostro, pero el gobierno sostiene que cayó de un muro. A Edvaldo en Brasil y a Édison en Ecuador los mataron balas de goma y a Jonathan de Bolivia con una canica disparada con pistola traumática.

Mientras corría de los gases, al guatemalteco Kenneth le cayó en la cara un cartucho de gas lacrimógeno que le destruyó su ojo izquierdo y al adolescente venezolano Rufo lo dejó ciego un disparo deliberado de un uniformado. A Francisco de Ecuador y a Hernán de Bolivia les dispararon balines en el rostro. Ambos perdieron un ojo.

A diferencia de todas estas víctimas, Daniel de Recife, en Brasil, no estaba protestando. Su oficio era pegar afiches en taxis e iba a comprar materiales cuando, atravesando una protesta, vio que se le venía encima la policía. “Soy trabajador, hombre de familia”, dijo. Igual le dispararon con una bala de goma que le arrancó un ojo.

La colombiana Dora, quien vive sobre una carretera en Popayán por donde siempre pasan los que protestan, vio como la policía lanzó proyectiles muy cerca de su casa desde una Venom, un lanzagranadas que encandila, aturde e inunda todo de humo. Le rompieron sus ventanas, le perforaron su ropa y su bebé de año y medio no podía respirar. La hoy senadora chilena Fabiola Campillai iba a trabajar a la fábrica cuando un carabinero le disparó una bomba de gas a la cara y la dejó ciega, sin gusto y sin olfato de por vida. Eso la convirtió en símbolo y meses después fue elegida senadora con la mayor votación del país. 

Cuando intentó ingresar a Estados Unidos como refugiado, patrulleros de la frontera recibieron a WD y a muchos de sus compatriotas de Haití, con el golpe de las riendas de sus caballos. Parecía una escena salida de la época de los esclavos, según él mismo la describió. A pesar del riesgo, lo deportaron de vuelta a su país, y allí fue atacado dos veces. Pudo escapar y ahora está separado de su familia.

Tampoco hubo justicia para la mayoría. En el caso del fotoperiodista brasileño Alex Silveira que quedó ciego por el impacto de una bala de goma durante una huelga, la justicia tardó 20 años en fallar para otorgarle una indemnización. En otros dos, en que sí condenaron a los que dispararon a quemarropa, los policías cumplen prisión domiciliaria. Y para la mayoría, las pequisas judiciales no empezaron o avanzan con lentitud, años después de que sucedieron las injusticias. 

Los gobiernos que tuvieron dinero para comprar las armas que los hirieron o los mataron no fueron tan generosos a la hora de resarcirlos. Algunos no tuvieron siquiera acceso a los servicios médicos para lograr que les terminaran de sacar los balines incrustados en el rostro o para pagar una prótesis que les reemplazara el ojo perdido. Otros algo recibieron, pero solo después de tocar muchas puertas.

Crecen las ventas a los Estados

Mientras ha escaseado el dinero para responder a las víctimas y procesar a los culpables, la plata pública sí ha alcanzado bien para comprar las armas de la represión. Esta investigación pudo comprobar que ocho países de la región gastaron en los últimos cinco años por lo menos 112 millones de dólares en compras públicas de equipos antimotines y armas no letales. Esta cifra es con toda seguridad mayor porque en algunos países la información no es pública o solo lo es parcialmente. Los datos disponibles apenas nos abren una ventana al uso del dinero público con este fin.

El análisis de las compras públicas en este sector que hizo el equipo de datos del CLIP con la información aportada por los aliados revela que en 2019 los gobiernos llegaron a triplicar las compras de equipos antidisturbios y armamentos menos letales. Esto es particularmente cierto para Chile y Colombia. En 2020 prácticamente duplicaron el gasto, a pesar de que la región estaba casi toda bajo el encierro forzoso de la pandemia.

Lo que resulta sorprendente, es que si bien este análisis no cuenta con toda la información, porque el sector es bastante inescrutable, sí revela que el gasto público en 2021 creció incluso con relación a 2020, sobre todo en Brasil y Colombia, donde arreció el descontento social. 

Este análisis no incluye a Venezuela porque, teniendo un régimen autoritario y cada vez más cerrado, las cifras que se conocen son pocas o datan de años atrás. Aún así revelan compras exorbitantes en comparación con las de sus vecinos. En 2012, según declaraciones de funcionarios públicos recogidas por el equipo de Efecto Cocuyo, gastó 500 millones de dólares en armas, fornituras y trajes anti-movilizaciones ciudadanas. Sus cifras de importaciones de China revelan que hasta 2014 ese país le había vendido a ese gobierno sudamericano 194 tanquetas antimotines.

En Estados Unidos, los periodistas de Noticias Telemundo analizaron las compras de armas y equipos antimotines de las agencias de inmigración, encontraron que entre 2016 y 2018, bajo el gobierno Trump, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol) quintuplicó el gasto en armas no letales. Sólo en 2018 llegó a pagar 11.8 millones de dólares, el mayor gasto en equipo no letal en casi una década. Y durante el año fiscal de 2017, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) multiplicó su gasto en estas armas en cerca de 700%.

Con todo y las crecientes compras de armas no letales documentadas por esta alianza periodística, en ocasiones los gobiernos temieron que no les alcanzaran las armas para enfrentar las protestas adversas que se avecinaban. Aunque un préstamo de armas no letales de la Argentina de Macri a la Bolivia de Áñez salió a la luz pública, apenas ahora un esfuerzo de investigación transfronteriza de El Deber de Bolivia, Anfibia de Argentina y El Universo de Ecuador logró documentar a fondo cómo se dio esta ayuda a un gobierno de ideología afín, cuando enfrentaba la resistencia de muchos ciudadanos. Descubrieron además que Lenín Moreno de Ecuador también le prestó armas a ese gobierno boliviano. Y con apoyo de Cerosetenta y el CLIP, estos colegas también establecieron que Colombia y Perú le prestaron armas a Ecuador en un momento crítico, que Colombia devolvió armas de otra marca y que Quito le devolvió el favor dos años después cuando le estallaron las protestas en su propio territorio. Plasmamos la ironía de estos casos en un cómic.

Las policías de los países latinoamericanos colaboran entre sí legal y abiertamente para poder proteger mejor a sus ciudadanos en caso de emergencias o crisis. Lo hacen por convenios existentes, como el de Ameripol en 2007, según lo informaron las fuentes policiales. Pero entregar armas para que otro reprima en tiempos de alta volatilidad política, sin saber cómo se van a usar esas armas y correr así el riesgo de contribuir indirectamente a la muerte de civiles, como las que ocurrieron en Bolivia y en Ecuador, es algo bien opuesto a la idea de salvaguardar a los ciudadanos. 

Las proveedoras

Esta investigación encontró que entre las principales proveedoras de equipos antidisturbios y armas menos letales en los países analizados están la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, las norteamericanas Combined Systems, NonLethal Technologies y Defense Technologies (una empresa de Cadre Holdings, dueña a su vez de Safariland), así como probablemente (aunque no se conoce la información oficial) China North Industry Corp (Norinco), a juzgar por las mencionadas ventas a Venezuela de unos años atrás. 

Los colegas de UOL en Brasil pudieron establecer que las fuerzas públicas usaron productos de Condor para contener manifestaciones en Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Esta empresa, fundada en 1985, tiene sede en Nova Iguaçu, un municipio de la región metropolitana de Río de Janeiro. Según los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, UOL pudo establecer que Nova Iguaçu exportó en “equipos de seguridad y orden público” (es decir, balas de goma, granadas de gas y otros) un total de 8,8 millones de dólares a 12 países latinoamericanos a partir de 2018. Como Condor es la única empresa de este tipo en Nova Iguaçu, se puede deducir que corresponderían a ventas suyas. Según estos datos, el mayor comprador fue Ecuador con 4,1 millones de dólares, seguido de Colombia con 1,8 millones de dólares. No obstante, según información oficial recopilada por los periodistas aliados de Chile, Condor vendió, a través de intermediarios, 6,5 millones de dólares a la policía chilena entre 2019 y 2021. Esto indicaría que Chile fue el principal destino de las ventas de la empresa brasileña en estos años más recientes.

Los colegas de UOL también pudieron establecer que, desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pasando por el de Lula y hasta el actual de Jair Bolsonaro, Condor ha gozado de beneficios fiscales, apoyo a sus ventas internacionales e incluso financiación para desarrollar armas no letales.

De las empresas estadounidenses, la que tiene el mayor mercado en América Latina, sobre todo en Centroamérica y México, es Combined Systems, según dijo en entrevista con los colegas mexicanos de Animal Político y El País América Daniel Gómez Tagle, un experto que fue representante comercial de esa y otras empresas para México. Le siguen NonLethal Technologies y las empresas hoy agrupadas bajo Cadre Holdings. 

Compiten también en el mercado firmas más pequeñas y a veces menos transparentes. Sangaria Limited, por ejemplo, que proveyó en 2020 alrededor de 700.000 dólares en cartuchos de gases lacrimógenos a los Carabineros de Chile, no parece existir. Incluso su representante comercial dijo que no recordaba de dónde era, que le parecía que era de Bosnia. En ese país balcánico no figura en el registro comercial. 

Algo similar sucede con algunas de las 23 empresas de Turquía que exportaron más de medio millón de pistolas traumáticas o de fogueo (que disparan balas de goma y similares) a Colombia entre 2009 y 2021 por un valor de 20,6 millones de dólares. Varios de sus representantes comerciales son tiendas de implementos deportivos, algunas localizadas en los sectores de los populares San Andresitos, asociadas años atrás con la venta de contrabando. Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz sospechan que estas armas se estaban alterando para ser usadas como armas de fuego, lo que explicaría en parte ese gran mercado, el cual sólo fue regulado por el gobierno en noviembre de 2021.

La agencia estadounidense Aduanas y Protección Fronteriza también tiene un proveedor importante. Esta oficina es el segundo mejor cliente, después del ejército, de Aardvark Tactical, una firma con sede en La Verne, California fundada en 1987 proveedora de equipos antimotines. Le ha otorgado contratos por casi 62 millones de dólares desde el 2014. De ese monto, cerca del 70% ha sido para la compra de tasers y equipo para estos dispositivos eléctricos.

Los intermediarios

La investigación de los once medios aliados a las empresas intermediarios de estas compras estatales de equipos antiprotestas estableció que suelen ser negocios opacos, pues no sólo es imposible (Venezuela) o muy difícil (Ecuador y Bolivia) obtener información completa de los gobiernos, sino que además las comercializadoras casi nunca acceden a hablar sobre cómo funcionan sus negocios. 

También salió a la luz que algunas mantienen virtuales monopolios de la contratación pública, como la firma Tactical Group en Guatemala que ha vendido a las entidades públicas de ese país casi 22 millones de dólares en equipos no letales y ha ganado licitaciones aún cuando presenta la oferta más cara. Bucello & Asociados, que ha realizado varias ventas al gobierno argentino, la mayoría por contratación directa, obtuvo el mayor contrato de compras de equipos antimotines (por medio millón de dólares) para enfrentar las posibles protestas al G20, pero el Estado tuvo que rescindirlo porque los productos no se ajustaban a lo contratado.

En ese mismo país, Automation Systems, la empresa de un oficial condenado en abril de 2020 por ser jefe de una asociación ilícita que secuestró, torturó y asesinó a 23 personas bajo la dictadura militar de los años setenta, ganó 31 contratos con el Estado, una docena de ellos directos. Cuando el oficial fue sentenciado a cadena perpetua por esta violación grave a los derechos humanos, la empresa pasó a su hijo y siguió ganando licitaciones. 

La empresa Lynx en Bolivia figura como proveedor activo del Estado de productos de seguridad y defensa, incluidos varios no letales, pero la dirección que registra para su sede central no existe.

En Colombia, a pesar de múltiples pesquisas por posibles falsedades e irregularidades, como presentar distintas empresas suyas a una misma licitación, los dueños de Imdicol siguen siendo un gran proveedor de armas no letales del Estado, según documentó recientemente la revista Cambio de ese país. 

En Chile, cuando se extendieron las protestas llegaron los oportunistas. Así, una empresa vendedora de implantes auditivos vendió gas pimienta por 400.000 dólares y otra, Mir y Cruz, de un agrónomo y una veterinaria, vendió 2,2 millones de dólares en cartuchos de lacrimógenas, munición bean bag (que lleva varios perdigones en la bolsita que se dispara como munición) y granadas de humo blanco, entre otras.

En Ecuador, los colegas de El Universo encontraron que un distribuidor de la empresa colombiana Imdicol, Juan Francisco Herdoíza, vendió trajes robocop para la policía antidisturbios a 2.467 dólares cada uno, cuando otras compras de trajes similares costaron entre 357 y 1.557 dólares por unidad. Este mismo representante vendió al Estado bombas lacrimógenas (de Combiend Systems) a 37 dólares cada una, cuando en cuando en otros contratos posteriores ese tipo de municiones costaron 11,50 y 12 dólares. Herdoíza no quiso dar entrevista a los periodistas. 

En unas pocas ocasiones se han descubierto tramas corruptas que involucran a los intermediarios y a funcionarios del Estado. Tal es el caso que relatan en detalle los colegas de El Deber de Bolivia, cuando a fines de 2019 el entonces ministro Arturo Murillo, que recién se había posesionado en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, consiguió meter a sus amigos de años de Bravo Tactical Solutions para que esta intermediara una venta de bombas lacrimógenas al Estado y poder así desviar 2,3 millones de dólares a sus bolsillos. La trama fue descubierta por el gobierno de Estados Unidos, pues los conspiradores intentaron lavar dinero en los bancos de ese país. Murillo está preso en Florida, acusado por la fiscalía estadounidense de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para ganarse un contrato público en Bolivia y usar el sistema financiero de ese país para lavar ese dinero. Algunos de sus amigos esperan sentencia en libertad condicional. 

¿Por qué se vuelve armas peligrosas?

Son varias las causas de por qué de la teoría de una contención segura de protestas usando armas no letales y equipos antimotines, pasamos en América Latina a ser testigos de una práctica de represión violenta que está dejando muertos y heridos de gravedad.

A un asunto que es de seguridad pública y de máximo interés ciudadano parece moverlo una lógica meramente comercial de maximizar ventas y ampliar mercados. No son camisas, ni quesos lo que venden estas grandes proveedoras de armas no letales y sus múltiples intermediarias. Por eso es difícil entender por qué los gobiernos aceptan la lógica del secreto comercial para equipos que van a sacar a la calle, donde millones pueden resultar afectados. Es más, gobiernos como Ecuador han dicho que es un asunto de seguridad nacional pero, al no tratarse de armas para perseguir criminales ni enfrentar tropas extranjeras, sino para contener y proteger a la ciudadanía, todo el comercio debería ser público y transparente. 

Tampoco hay regulaciones estrictas sobre quiénes pueden participar en el negocio y, como descubre esta colaboración, según la “cosecha” de protestas y las conexiones en los gobiernos, logran entrar desde criminales hasta oportunistas. 

“En Latinoamérica se compran volúmenes de municiones (mil municiones de un solo tipo) y nadie averigua, nadie les explica y tampoco documentan cómo funciona esa munición”, les dijo a los periodistas de esta alianza el conocedor de la industria Daniel Gómez Tagle. “Nadie te dice que no te sirve en todos los escenarios, que por eso hay un catálogo con más de 200 modelos, para que tengas opciones que correspondan a tu nivel de fuerza y principio de proporcionalidad”. 

Por eso es que, explica Gómez Tagle, el policía de a pie nunca termina recibiendo el equipo que realmente necesita para la calle. “No hay regulación para las compras, ni la hay para la capacitación”, dice. Las fuerzas policiales latinoamericanas, dice, siguen ciegamente un modelo estadounidense de “uso de fuerza”, sólo regido por una lógica comercial y militar, que no se condice con los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por estos países que contemplan un uso proporcional de la fuerza dependiendo de la situación. 

Además de comprar mal, no saber bien para qué sirve el equipo que usan o cuál es su alcance, ni los países ni las empresas están entrenando suficientemente bien a los policías que los usarán. En Popayán, una ciudad intermedia al suroccidente de Colombia, en videos de abril de 2021 recogidos por Cerosetenta, se ve cómo los policías disparan la Venom desde el piso, haciendo que los tubos de menor ángulo vuelen prácticamente de forma horizontal y poniendo con ello en riesgo a las personas, cuando la compañía recomienda que se haga montado en un vehículo. Tras ver en los videos del Esmad a la policía antimotines colombiana manipulando la Venom con la mano, Gómez Tagle concluyó que no tenían idea de lo que estaban haciendo.  

screen video redes sociales
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Por esos mismos días en que los policías ensayaban la Venom en Popayán, un investigador social colombiano, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, entrevistó a policías en Cali. Estaban lidiando con protestas en las que se habían infiltrado sujetos violentos. Los agentes le contaron que debieron hacer turnos de 36 o más horas, sin dormir y sin comer y salían a la calle exhaustos e irritados. 

Carlos Manuel Cruz, quien perdió su ojo izquierdo por una bomba lacrimógena que le arrojaron a la cara, había trabajado como policía municipal en Guatemala y le habían enseñado que jamás se apunta a ras de los cuerpos. Pero el 21 de noviembre de 2020, dijo a No Ficción, “ellos, la policía, tiraron a matar. No lanzaron hacia al aire las bombas lacrimógenas, sino contra las personas directamente”. Su historia se repite en todas las víctimas que entrevistamos.

En el papel puede haber una regulación adecuada. En Venezuela son varias las normas que proscriben el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas y prescriben que la fuerza se use solo cuando sea necesaria, siempre en la proporción y la medida que se vaya necesitando. No obstante, como documentaron los colegas de Efecto Cocuyo, citando datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hubo 248 muertes en las decenas de miles de protestas contra el gobierno de 2017 a 2021. El 2017 fue particularmente sangriento, con 160 víctimas fatales como saldo de las protestas. Es importante aclarar que estas cifras no corresponden solo a víctimas de armas no letales, sino también de amas de fuego. Según el Monitor de la Fuerza Letal realizado por centros de investigación de varios países de la región en 2022, en Venezuela el 33 por ciento de los homicidios intencionales los cometió la fuerza pública.

En Estados Unidos, oficinas de control y vigilancia y organizaciones civiles, han constatado que los agentes fronterizos han usado dispositivos no permitidos para detener a los inmigrantes y que no siempre cuentan con la capacitación debida para portar armas menos letales. ““La cultura del abuso y maltrato ha sido parte del desarrollo de la agencia de Patrulla Fronteriza, independientemente de quién esté en la Casa Blanca”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo, Pedro Río, director del programa de American Friends Service Committee que documenta desde hace 15 años abusos en la frontera sur.

En México, desde comienzos de 2019 la Ley de Uso de Fuerza dice que “por ningún motivo se podrá hacer uso de armas (de fuego, letales o menos letales) contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. Y oficialmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha adquirido gas lacrimógeno, gas pimienta, cohetones o balas de goma para contener movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Sin embargo, cada vez que el movimiento feminista protesta en la capital del país, como lo relatan los colegas de Animal Político y El País América, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y las manifestantes denuncian el uso de esos equipos para dispersarlas.

¿Qué le hacen los gases lacrimógenos al cuerpo? | El Negocio de la Represión

Este agente químico, que en realidad es sustancia conformada por cristales microscópicos, genera irritación ocular y pulmonar. ¿Cómo funciona y cuáles son los riesgos para la salud de los manifestantes?

En las calles de Chacao, en Venezuela, manifestantes, académicos y activistas también recogieron cartuchos lacrimógenos en mal estado, algunos de los cuales no explotaban como deberían o tenían fecha de vencimiento caducada, según cuentan los colegas de Efecto Cocuyo. Estos proyectiles habían sido disparados por miles, cada día, para detener las protestas antigubernamentales de 2017. Anna Feigenbaum, profesora de la universidad británica de Bournemouth que ha investigado durante años los efectos para la salud de las bombas lacrimógenas, sostiene que estas municiones vencidas pueden explotar a destiempo y causar incendios. Sin embargo, en Ecuador, la exministra María Paula Romo declaró en su momento que usaron “bombas que estaban caducadas [porque] estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano”. Además aseguró que esas bombas caducadas no son más perjudiciales sino menos efectivas, como si se tratara de una soda a la que se le fue el gas. Una resolución de la Asamblea Nacional la enjuició, la censuró y la destituyó por un año, entre otras razones por el uso de gas lacrimógeno caducado. 

También esta investigación encontró casos de ventas de armas defectuosas. Los colegas de UOL de Brasil constataron que algunos modelos de armas no letales vendidas en Brasil y que, según la propia Condor, también habrían sido vendidas en el extranjero, fallaron las pruebas técnicas con las que la Policía Militar de São Paulo evalúa si son adecuadas y seguras, según reportes de esa entidad. Ante el hallazgo, Condor respondió que no vende armas defectuosas y explicó que personaliza sus municiones según las solicitudes de los clientes.

A este comercio y uso de armas no letales dejado a la mano del mercado en América Latina, aunque se trata de la seguridad de los ciudadanos y de la protección de su derecho a protestar pacíficamente, lo circunda una cultura policial que con frecuencia suele ver a quien protesta como un enemigo público. O, mínimo, como una disrupción malintencionada que hay que castigar.

Aunque en la mayoría de las 33 historias de El Negocio de la Represión (videos y textos) se revelan estas prácticas agresivas de la policía, en ninguna es tan evidente como en aquella que cuenta cómo policías de León, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez detuvieron a manifestantes de las marchas feministas del 8 de marzo, las esposaron y les dieron vueltas por horas en patrullas, mientras las golpeaban y aterrorizaban de lo que les iban a hacer para castigarlas por atreverse a salir. “Lo más traumante de todo fue estar dando vueltas por tanto tiempo en la pinche carretera, siendo golpeada, esposada… De verdad en ese momento yo no tenía una gota de esperanza de que fuera a salir viva de esa situación”, dijo una de las manifestantes que habló con los colegas mexicanos.

Esto ocurrió en un país que completó hace poco 100.000 desaparecidos, revelando en forma macabra hasta dónde se ha distorsionado la cultura de lo que debe hacer un policía. Gobiernos que parecen comprar lo que les vendan, sin conocimiento técnico de cómo pueden equipar mejor a la policía para proteger a los ciudadanos y a sus agentes en diversas circunstancias, climas, alturas y ante fuerzas variables. Actores del negocio que ocultan información clave en un juego en el que abundan las fichas turbias. Policías que no saben qué armas tienen, ni siguen instrucciones del fabricante, ni las leyes nacionales. Armas caducadas, defectuosas, inadecuadas. Una cultura policial que concibe a la protesta como delito que debe ser sancionado. El resultado de este panorama son 203 víctimas de armas no letales, muertas o con heridas que trastocaron sus vidas para siempre. Algunas de esas familias heridas en Brasil o en Chile consiguieron alguna indemnización o que los responsables fueran a juicio o fueran condenados, pero la mayoría jamás le vio otra cara a su Estado que no fuera la más feroz de la represión. Ni reparación, ni justicia. 

Como una avestruz, los Estados aparentan que las armas no letales se están usando como pintan los manuales de las proveedoras que les cabildean y como manda la letra de la ley. La realidad de la calle es otra, como prueba esta investigación.

Gobiernos de varias tendencias ideológicas ceden a una presión comercial que encaja con sus necesidades de silenciar a quienes exigen, en todo su derecho, una vida mejor, sobre todo cuando no pueden o quieren dársela. 

Mucho tendrá que cambiar para que El Negocio de la Represión en América Latina se transforme en el Negocio de la Protección de la Protesta Ciudadana.

O negócio da repressão: as descobertas
Oliver de Ros

O negócio da repressão: as descobertas

Por María Teresa Ronderos, con aportes de todos los aliados.

Uma reflexão editorial

Nos últimos cinco anos na América Latina, ocorreram pelo menos vinte protestos de cidadãos em larga escala. Esperançosos e criativos, mas também fortes e raivosos. Alguns duraram vários meses, como na Venezuela em 2017, no Chile no final de 2019 ou na Colômbia nesse mesmo ano e novamente em 2021. Outros foram explosões de alguns dias, como na Bolívia em novembro de 2019, após a saída forçada do poder de Evo Morales, no Equador em outubro do mesmo ano e na Guatemala no final de 2021. E no México, onde o feminicídio é frequente, as mulheres têm saído aos milhões a cada 8 de março para exigir seus direitos.

Quase todos os que marcham são jovens, estudantes, trabalhadores, residentes de bairros pobres, minorias rurais, sempre os mais vulneráveis. Assim, Jonathan, de 20 anos, saiu à rua para pedir mais recursos para sua universidade em El Alto. Juan Pablo, 20, em Chacao, Venezuela, e Kenneth, 21, na Cidade da Guatemala, exigiram a partida de seus presidentes, enquanto Hernán, 31, em Chapare, Bolívia, por outro lado, saiu para defender o seu. Edvaldo, 19 anos, foi para uma estrada em Pernambuco, Brasil, para exigir mais segurança. Em Quito, Francisco, 26, e Édison, 29, demonstraram o seu descontentamento com o aumento dos preços dos combustíveis. Rufo, 16, com a sua família e vizinhos em Táchira, Venezuela, bloquearam uma rodovia porque ficaram sem gás e cozinhavam com lenha. E de Cotopaxi, Equador, Inocencio, um ativista indígena de 50 anos, foi à capital para "gritar nas ruas pelos seus direitos".

Quando há rios de pessoas zangadas nas ruas, há o risco de alguns incendiarem edifícios, outros saquearem lojas ou ferirem policiais com uma pedra. Não é raro que criminosos se infiltrem nestas multidões para incendiar uma marcha que era pacífica. É por isso que a polícia ou as forças de segurança acompanham estas manifestações em todo o mundo. Para conter qualquer indignação, proteger os direitos dos que protestam na rua, bem como dos que apenas passam, e assegurar que não destruam propriedade pública ou privada. E devem fazer isso sem expor irresponsavelmente seus agentes.

Esta é a teoria que justifica as compras estatais de equipamentos antimotim e de armas “não letais” — ou “menos letais” — como um avanço das democracias modernas. No passado — ou mesmo hoje, sob regimes tirânicos — os governantes democráticos mataram a tiro os desordeiros. Sair com armas que dissuadem, dispersam ou ajudam a conter protestos à distância dos de uniforme, e que podem mesmo subjugar efetivamente, mas não matar, quem quer que esteja a destruir um edifício público, é um progresso para a humanidade.

Pelo mesmo raciocínio, os fabricantes e fornecedores privados desenvolveram extensos catálogos de marcas de gases irritantes e fumaça química que fazem chorar, ou tanques que esguicham água sob pressão, balas de borracha e munição do estilo bean bags, bolsas com diversas pequenas esferas metálicas, que assustam, tasers que imobilizam e enfraquecem, e até armas que atordoam, iluminam e lançam gases ao mesmo tempo. A ideia é que não matem ou deixem alguém ferido gravemente. Por esta razão, as empresas líderes neste setor, como a Combined Systems, apresentam-se como fornecedores “do mercado de segurança, da defesa global e da aplicação da lei”.

Nos últimos cinco anos, milhões de cidadãos, com a sua própria voz e a capacidade de organização imediata que a era digital lhes deu, foram para as ruas e estradas para gritar a sua angústia e seu descontentamento. E no continente mais desigual e violento do planeta, as democracias fragilizadas da América Latina são incapazes — ou não querem — responder com soluções às exigências das pessoas. A resposta rápida dos estados tem sido, portanto, o uso da força pública para reprimir — um verbo cuja etimologia significa literalmente espremer ou pressionar para trás, para rodear. (Claro que ainda há governantes na região que, como documentaram jornalistas e organizações da sociedade civil na Venezuela, Nicarágua e Colômbia, , quer com forças uniformizadas quer com grupos ilegais, também disparam para matar com armas de fogo, sendo as granadas de gás lacrimogêneo apenas cortinas de fumaça).

Em alguns casos, a repressão tem sido contra os requerentes de asilo que fogem da violência de seus países. W.D., um imigrante haitiano de 24 anos, teve que deixar seu país porque foi ameaçado de morte. Quando chegou aos Estados Unidos, ele foi recebido por agentes armados da fronteira. Sua esposa e filhos conseguiram entrar nos Estados Unidos. Agora ele sonha em acompanhá-la. "Não vejo minha esposa há quase um ano e meio. E eu quero conhecer meu filho", disse ele aos colegas da Telemundo News.

Esta investigação jornalística colaborativa e transfronteiriça, realizada por doze meios de comunicação social do Chile, Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Guatemala, México e Estados Unidos, juntamente com o Centro Latino-Americano de Jornalismo Investigativo (CLIP), descobriu, no entanto, que há um abismo entre a teoria e a prática. Verificamos que, de fato, à medida que os protestos dos cidadãos cresceram no continente, O Negócio da Repressão com estas armas “não letais” floresceu e que, nas mãos das várias forças policiais, elas deixaram um rasto de dor, milhares de ferimentos menores e dezenas de ferimentos graves, traumas psicológicos e, também, mortes. Tudo o que, supostamente, tentava se evitar.

Esta equipe transfronteiriça de mais de 81 repórteres, editores, fotógrafos e cinegrafistas, desenvolvedores web, engenheiros e analistas de dados, editores de audiência, produtores e cineastas artísticos e criativos — enviou dezenas de pedidos de informação, analisou horas de vídeo e fotografias tiradas nos vários protestos, falou com fornecedores e peritos da indústria e do meio acadêmico, reportou com fontes do poder judiciário, dos ministérios que atuam na área da segurança e força pública, e entrevistou dezenas de vítimas nos nove países. Com isso, documentamos que, nos últimos cinco anos, as armas “não letais” disparadas por agentes do estado em oito países mataram pelo menos 33 pessoas e feriram gravemente, com sequelas para a vida, outras 170. Destas vítimas, 187 ocorreram no meio de protestos de cidadãos e mobilizações de rua.

Número global de vítimas de armas “menos letais” 2017-2022 (por país e tipo de lesão), em contexto de protesto e não protesto.

A base de dados, pioneira na região, foi produzida coletivamente pelos onze parceiros desta aliança jornalística e processada pelo CLIP, com informações recolhidas por colegas durante nove meses de investigação.

Número de vítimas por ano e por país 2017-2021 só em contexto de protesto.

A lista de vítimas inclui os jovens mencionados no início desta história. Juan Pablo, na Venezuela, foram mortos depois que os policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra seus rostos ou peito. A família de Inocêncio, no Equador, diz que ele foi morto por uma bomba que lhe deixou uma marca no rosto, mas o governo afirma que ele caiu de um muro. Edvaldo, no Brasil, e Édison, no Equador, foram mortos por balas de borracha e Jonathan na Bolívia por uma bolinha de gude disparada por uma arma traumática.

Enquanto corria dos gases lacrimogêneos, o jovem Kenneth, da Guatemala, foi alvejado no rosto com uma munição de gás que destruiu seu olho esquerdo, e o adolescente venezuelano Rufo ficou cego por um tiro disparado deliberadamente por um oficial fardado. Francisco, do Equador, e Hernan, da Bolívia, foram alvejados no rosto com balas de borracha. Ambos perderam um olho.

Ao contrário de todas estas vítimas, Daniel, de Recife, no Brasil, não protestava. Seu trabalho era adesivar carros, lojas e o que mais fosse pedido pelos clientes. Ele estava a caminho da compra de materiais quando, ao passar por um protesto, se deparou com um grupo de policiais. "Sou um trabalhador, um homem de família", disse ele. Ainda assim foi atingido por uma bala de borracha que lhe tirou um dos olhos.

A colombiana Dora, que vive numa estrada em Popayán onde os manifestantes passam sempre, viu a polícia disparar projéteis muito perto da sua casa a partir de um Venom, uma arma pavorosa que atordoa e enche tudo de fumaça. As janelas de sua casa foram esmagadas, as suas roupas perfuradas e o seu bebê de um ano e meio não conseguia respirar. A agora senadora chilena Fabiola Campillai estava a caminho de trabalhar em sua fábrica quando um policial lhe atirou uma bomba de gás na cara, deixando-a cega, sem poder sentir qualquer gosto ou cheiro. Isso fez dela um símbolo e meses mais tarde conseguiu ser eleita senadora com o maior número de votos do país.

Quando W.D. tentou entrar nos EUA como refugiado, os patrulheiros de fronteira saudaram a ele, e a muitos de seus compatriotas do Haiti, a bofetadas com as rédeas de seus cavalos. Parecia uma cena da época dos escravos, como ele próprio a descreveu. Apesar do risco, ele foi deportado de volta para seu país, onde foi atacado duas vezes. W.D. conseguiu escapar e agora está separado de sua família.

Nem justiça houve para a maioria. No caso do fotojornalista brasileiro Alex Silveira, que ficou cego após ser atingido por uma bala de borracha durante uma greve, o Judiciário levou 20 anos para decidir indenizá-lo. Em outros dois, em que foram condenados os que atiraram à queima-roupa, os policiais cumprem prisão domiciliar. E para a maioria, as investigações judiciais não começaram ou progrediram lentamente, anos após as injustiças terem ocorrido.

Os governos que tiveram dinheiro para comprar as armas que os feriram ou mataram não foram tão generosos no momento de ressarcir, de alguma maneira, os danos causados. Alguns nem sequer tiveram acesso a serviços médicos para remover as pastilhas cravadas em seus rostos ou pagar por uma prótese para substituir o olho perdido. Outros receberam alguma coisa, mas só depois de bater em muitas portas.

As vendas para os estados crescem

Embora o dinheiro para responder às vítimas e processar os perpetradores tenha sido escasso, o dinheiro público tem sido bem gasto para comprar as armas de repressão. Esta investigação revelou que oito países da região gastaram pelo menos 112 milhões de dólares em compras públicas de equipamento antimotim e armas “não letais” nos últimos cinco anos. Este número é certamente mais elevado porque em alguns países a informação não é pública ou é apenas parcialmente pública. Os dados disponíveis nos dão apenas uma ideia do dinheiro público gasto com esse fim.

A análise das compras públicas neste setor feita pela equipe de dados do CLIP com as informações fornecidas pelos aliados revela que, em 2019, os governos triplicaram as compras de equipamentos antimotim e armas "menos letais". Isto é particularmente certo para Chile e Colômbia. Em 2020, esses países praticamente dobraram os gastos, apesar da região estar quase toda sob o lockdown da pandemia.

O surpreendente é que, embora essa análise não tenha todas as informações porque o setor é bastante inescrutável, os dados revelam que os gastos públicos em 2021 cresceram em relação a 2020, especialmente no Brasil e na Colômbia, onde o descontentamento social se intensificou.

Essa análise não inclui a Venezuela, um regime autoritário e cada vez mais fechado, as cifras que se conhecem são poucas ou datam de anos atrás. Ainda assim revelam compras exorbitantes em comparação com as de seus vizinhos. Em 2012, de acordo com declarações de funcionários públicos recolhidas pela equipe Efecto Cocuyo, aquele país gastou 500 milhões de dólares em armas e artefatos para reprimir as mobilizações civis. Os dados de importação da Venezuela revelam que, em 2014, o país sul-americano tinha comprado 194 tanques antimotins.

Nos Estados Unidos, jornalistas do Noticias Telemundo analisaram as compras de armas e equipamentos antimotim por agências de imigração, constataram que entre 2016 e 2018, no governo Trump, a agência de Alfândega e Patrulha de Fronteira (Customs and Border Patrol) quintuplicou os gastos com armas "não letais". Somente em 2018, essa agência pagou US$ 11,8 milhões, o maior gasto em equipamentos "não letais" em quase uma década. E durante o ano fiscal de 2017, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) multiplicou seus gastos com essas armas em quase 700%.

Apesar das crescentes compras de armas "não letais" documentadas por essa aliança jornalística, os governos às vezes temiam não ter armas suficientes para enfrentar os protestos adversos que se avizinhavam. Embora um empréstimo de armas "não letais" da Argentina de Macri para a Bolívia de Áñez tenha vindo à tona, só agora um esforço de investigação transfronteiriça do El Deber, da Bolívia, da Anfíbia, da Argentina, e do El Universo, do Equador, conseguiu documentar minuciosamente como essa ajuda foi concedida a um governo com uma ideologia semelhante, quando enfrentava resistência de muitos cidadãos. Também descobriram que Lenín Moreno, do Equador, também emprestou armas a esse governo boliviano. E com o apoio de Cerosetenta e CLIP, esses colegas também estabeleceram que Colômbia e Peru emprestaram armas ao Equador em um momento crítico, que Colômbia devolveu armas de outra marca e que Quito retribuiu o favor dois anos depois, quando eclodiram protestos no próprio território. Capturamos a ironia destes casos em uma arte em quadrinhos.

As forças policiais de países latinoamericanos poderiam pensar em colaborar entre si para melhor proteger seus cidadãos, em situações de emergência ou de crise. Fazem-no por acordos já existentes, como o da Ameripol em 2007, segundo fontes policiais. Mas entregar armas para que outra força reprima, em tempos de alta volatilidade política, sem saber como essas armas serão utilizadas, correndo assim o risco de ser cúmplice de mortes de civis, como as que ocorreram na Bolívia e no Equador, é exatamente o oposto da ideia de salvaguardar os cidadãos.

Fornecedores

Esta investigação revelou que entre os principais fornecedores de equipamento antimotim e armas "menos letais" nos países analisados estão a empresa brasileira Condor Tecnologias Não-Letais, as empresas norte-americanas Combined Systems, NonLethal Technologies e Defense Technologies (uma empresa da Cadre Holdings, que por sua vez é proprietária da Safariland), bem como provavelmente — embora não se conheça informação oficial — a China North Industry Corp (Norinco), a julgar pelas vendas à Venezuela mencionadas há alguns anos.

Os colegas do UOL no Brasil conseguiram estabelecer que as forças públicas utilizaram produtos Condor para conter manifestações no Chile, Equador, Bolívia, Guatemala e Venezuela. A empresa, fundada em 1985, tem sede em Nova Iguaçu, um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo dados abertos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o UOL conseguiu estabelecer que Nova Iguaçu exportou em "equipamento de segurança e ordem pública" — ou seja, balas de borracha, granadas de gás e outros — um total de 8,8 milhões de dólares para 12 países latinoamericanos a partir de 2018. Como a Condor é a única empresa do seu gênero em Nova Iguaçu, pode deduzir-se que estas foram as suas vendas. O maior comprador foi o Equador com 4,1 milhões de dólares, seguido pela Colômbia com 1,8 milhões. No entanto, segundo informações oficiais compiladas por jornalistas aliados ao Chile, a Condor vendeu, por meio de intermediários, 6,5 milhões de dólares à polícia chilena entre 2019 e 2021. Isso indicaria que o Chile foi o principal destino das vendas da empresa brasileira nesses anos recentes

Os colegas do UOL conseguiram também estabelecer que, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo de Lula e até ao atual governo de Jair Bolsonaro, a Condor obteve benefícios fiscais e apoio para suas vendas internacionais e mesmo financiamento para desenvolver armas "não letais".

Das empresas americanas, a que tem o maior mercado na América Latina, especialmente na América Central e México, é a Combined Systems. A informação é de Daniel Gómez Tagle, um perito que foi representante comercial desta e de outras empresas para o México, revelada em uma entrevista aos colegas mexicanos do Animal Político e El País América. Segue-se a NonLethal Technologies e as empresas agora agrupadas sob Cadre Holdings.

Nesse mercado, também competem empresas menores e por vezes menos transparentes. A Sangaria Limited, por exemplo, que forneceu cerca de 700 mil dólares de cartuchos de gás lacrimogêneo aos carabineiros chilenos em 2020, parece não existir. Até o seu representante comercial disse que não conseguia se lembrar de onde era a empresa, mas que lhe parecia que era da Bósnia. Nesse país dos Balcãs, não aparece registo comercial da empresa.

Algo semelhante acontece com algumas das 23 empresas da Turquia que exportaram mais de meio milhão de pistolas traumáticas ou pistolas que disparam balas de borracha para a Colômbia entre 2009 e 2021 por um valor de 20,6 milhões de dólares. Vários de seus representantes comerciais são lojas de equipamento esportivo, algumas localizadas nos populares setores de San Andresitos, associadas há anos à venda de contrabando. Os investigadores da Fundação Ideas para la Paz suspeitam que essas armas eram alteradas para serem utilizadas como armas de fogo, o que explicaria em parte este grande mercado que só foi regulamentado pelo governo colombiano em novembro de 2021.

A agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA também tem um importante fornecedor. Este escritório é o segundo maior cliente, depois dos militares, da Aardvark Tactical, uma empresa com sede em La Verne, Califórnia, fundada em 1987, que fornece equipamentos antimotim. Conseguiu contratos de quase 62 milhões de dólares desde 2014. Desse valor, cerca de 70% foi para a compra de tasers e equipamentos para estes aparelhos elétricos.

Os intermediários

A investigação dos onze meios de comunicação social aliados sobre as empresas intermediárias nestas compras estatais de equipamento anti-protesto estabeleceu que tendem a ser negócios opacos, uma vez que não só é impossível (Venezuela) ou muito difícil (Equador e Bolívia) obter informações dos governos, mas também que os comerciantes quase nunca concordam em falar sobre o funcionamento de seus negócios.

Também ficou claro que alguns mantêm monopólios virtuais sobre contratos públicos, tais como o Grupo Tático na Guatemala, que vendeu quase 22 milhões de dólares de equipamento "não letal" a entidades públicas naquele país e ganhou contratos, mesmo quando apresentou a proposta mais cara. Buccello & Asociados, que realizou várias vendas ao governo argentino, na sua maioria por contratação direta, obteve o maior contrato para a compra de equipamento antimotim (por meio milhão de dólares) para lidar com possíveis protestos no G20, mas o Estado teve de cancelar porque os produtos não estavam em conformidade com o pedido.

Nesse mesmo país, a Automation Systems, empresa de um oficial condenado em abril de 2020 por ser o chefe de uma associação ilícita que sequestrou, torturou e assassinou 23 pessoas durante a ditadura militar dos anos 1970, ganhou 31 contratos com o Estado argentino, uma dúzia deles direto. Quando foi condenado a prisão perpétua por esta grave violação de direitos humanos, a empresa passou para o seu filho e continuou a ganhar licitações.

A empresa Lynx, na Bolívia, está listada como fornecedora ativa do estado de produtos de segurança e defesa, incluindo vários produtos "não letais", mas o endereço que regista para a sua sede não existe.

Na Colômbia, apesar das múltiplas investigações sobre possíveis deturpações e irregularidades, como a apresentação de diferentes empresas à mesma proposta, os proprietários da Imdicol continuam sendo um importante fornecedor de armas "não letais" ao Estado, como documentado recentemente pela revista colombiana cambio.

No Chile, quando os protestos se espalharam, os oportunistas chegaram. Assim, uma empresa de venda de implantes auditivos vendeu spray de pimenta por 400 mil dólares e outra, Mir y Cruz, propriedade de um agrônomo e de um veterinário, vendeu 2,2 milhões de dólares de cartuchos de gás lacrimogêneo, munições de bean bag (que tem vários pequenos projéteis de metais em um saco que é disparado como munição) e granadas de fumaça branca, entre outras.

No Equador, os colegas do El Universo descobriram que um distribuidor da Imdicol, Juan Francisco Herdoíza, vendeu trajes robocob para a polícia de choque a 2.467 dólares cada, quando outras compras de equipamento semelhante custaram entre 357 e 1.557 dólares por unidade. O mesmo representante vendeu latas de gás lacrimogêneo ao Estado por 37 dólares cada, quando num contrato posterior, armas do mesmo calibre custavam 12 dólares. Herdoíza recusou-se a dar entrevista aos jornalistas.

Em algumas poucas ocasiões, foram descobertas tramas corruptas que envolvem empresas intermediárias e funcionários do Estado. É o caso relatado em pormenor por colegas do El Deber da Bolívia, quando no final de 2019 o então ministro Arturo Murillo, que tinha acabado de tomar posse no governo de transição de Jeanine Áñez, conseguiu trazer seus amigos de longa data e cúmplices da Bravo Tactical Solutions para intermediar uma venda de bombas de gás lacrimogêneo ao Estado e assim desviar 2,3 milhões de dólares para os seus bolsos. O enredo foi descoberto pelo governo dos EUA, quando os conspiradores tentaram lavar dinheiro nos bancos americanos. Murillo está preso na Flórida, acusado pela promotoria americana de receber propinas pagas por uma empresa norte-americana para ganhar um contrato público na Bolívia e usar o sistema financeiro daquele país para lavar esse dinheiro. Alguns de seus amigos estão aguardando sentença em liberdade condicional.

Porque são armas perigosas?

Existem várias razões pelas quais, a partir da teoria de contenção segura de protestos com armas "não letais" e equipamentos antimotim, nós passamos, na América Latina, a ser testemunhas de uma prática de repressão violenta que está deixando pessoas mortas e gravemente feridas.

Uma questão que é de segurança pública e do maior interesse para os cidadãos parece ser conduzida por uma lógica puramente comercial de maximização das vendas e de expansão dos mercados. Não são camisas ou queijo que estes grandes fornecedores de armas "não letais" e seus múltiplos intermediários vendem. É por isso que é difícil compreender porque é que os governos aceitam a lógica do segredo comercial para o equipamento que vão colocar nas ruas, onde milhões podem ser afetados. Além disso, governos como o Equador disseram que é uma questão de segurança nacional. No entanto, não eram armas para perseguir criminosos ou confrontar tropas estrangeiras, mas para conter e proteger os cidadãos, um comércio que deveria ser público e transparente.

Também não existem regulamentos rigorosos sobre quem pode participar no negócio e, como vimos, dependendo da situação dos protestos e ligações nos governos, tudo, desde criminosos a oportunistas, pode entrar.

"Na América Latina compram volumes de munições — mil munições de um único tipo — e ninguém verifica, ninguém lhes explica e ninguém documenta como funcionam as munições", disse aos repórteres da aliança, Daniel Gómez Tagle, especialista nesta indústria. "Ninguém lhe diz que não funciona em todos os cenários, e que é por isso que existe um catálogo com mais de 200 modelos, para que tenha opções que correspondem ao seu nível de força e princípio de proporcionalidade".

É por isso, explica Gómez Tagle, que o policial comum nunca acaba por receber o equipamento de que realmente precisa para a rua. "Não há regulamentação para compras, e não há regulamentação para formação", diz ele. As forças policiais latinoamericanas, explica ele, seguem cegamente um modelo americano de "uso da força", governado apenas por uma lógica comercial e militar que não está em conformidade com os compromissos internacionais de direitos humanos assinados por estes países que contemplam um uso proporcional da força, dependendo da situação.

Para além de comprar mal, sem saber para que serve o equipamento que utilizam ou qual é o seu alcance, nem os países nem as empresas formam suficientemente bem a polícia que o utilizará. Em Popayán, uma cidade de tamanho médio no sudoeste da Colômbia, videos de abril de 2021 recolhidos pela equipe de Cerosetenta mostram policiais disparando com uma arma Venom desde o chão, fazendo com que os tubos de ângulo inferior voem quase na horizontal, colocando as pessoas em risco, quando a empresa recomenda que isto seja feito montado num veículo. Depois de ver vídeos da ESMAD, a polícia de choque colombiana, manipulando o Venom à mão, Gómez Tagle concluiu que eles não tinham ideia do que estavam fazendo.

screen video redes sociales
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Nos mesmos dias em que a polícia "ensaiava" com uma Venom em Popayán, um investigador social colombiano, cujo nome é retido por razões de segurança, entrevistou policiais em Cali. Eles estavam lidando com protestos nos quais criminosos violentos tinham se infiltrado. Os oficiais disseram ao investigador que tinham de trabalhar em turnos de 36 horas ou mais, sem dormir nem comer, saindo para as ruas exaustos e irritados.

Carlos Manuel Cruz, que perdeu o olho esquerdo devido a uma bomba de gás lacrimogêneo atirada à sua cara, tinha trabalhado como policial municipal na Guatemala e atuado em despejos. Na época, tinham orientado-o a nunca mirar nos corpos das pessoas. Mas, em 21 de novembro de 2020, ele disse aos colegas do No Ficción, "eles, a polícia, dispararam para matar". Eles não atiraram as bombas de gás lacrimogêneo para o ar, mas diretamente para as pessoas". A mesma história é repetida por todas as vítimas que entrevistamos.

No papel pode haver uma regulamentação adequada. Na Venezuela, existem vários regulamentos que proíbem o uso de armas de fogo e substâncias tóxicas no controle de manifestações pacíficas e prescrevem que a força seja usada apenas quando preciso, sempre na proporção e na medida do necessário. No entanto, como os colegas de Efecto Cocuyo documentaram, citando dados do Observatório Venezuelano do Conflito Social, ocorreram 248 mortes nas dezenas de milhares de protestos antigovernamentais entre 2017 e 2021. Em 2017, foi particularmente sangrento, com 160 mortes em consequência dos protestos. É importante esclarecer que estes números não são apenas de vítimas que morreram por terem sido atingidas por armas "não letais", mas também por armas de fogo. Segundo o Monitor da Força Letal conduzido por centros de investigação em vários países da região, em 2022, na Venezuela 33% dos homicídios intencionais foram cometidos pelas forças de segurança pública.

Nos Estados Unidos, escritórios de controle e vigilância e organizações civis constataram que agentes de fronteira têm usado dispositivos não autorizados para deter imigrantes e que nem sempre têm o treinamento adequado para portar armas "menos letais". “A cultura de abusos e maus-tratos fez parte do desenvolvimento da agência de Patrulha da Fronteira, independentemente de quem esteja na Casa Branca”, afirma Pedro Río, diretor do programa American Friends Service Committee, para Noticias Telemundo. Ele documenta há 15 anos abusos na fronteira sul daquele país.

No México, desde o início de 2019, a lei sobre o uso da força estabelece que "por nenhum motivo será possível fazer uso de armas (de fogo, letais ou menos letais) contra quem participar de manifestações pacíficas ou reuniões públicas com um fim legítimo". E oficialmente a Secretaria de Segurança Cidadã não adquiriu gás lacrimogêneo, spray de pimenta, foguetes ou balas de borracha para conter as mobilizações sociais na Cidade do México. No entanto, sempre que o movimento feminista protesta nas ruas da capital do país, como reportado pelos colegas do Animal Político e do El País América, as organizações de direitos das mulheres e as manifestantes denunciam o uso de tais equipamentos para faze-las dispersar.

O que o gás lacrimogêneo faz com o corpo? | O negócio da repressão

Esse agente químico, que na verdade é uma substância composta de cristais microscópicos, causa irritação nos olhos e nos pulmões. Como funciona e quais são os riscos para a saúde dos manifestantes?

Nas ruas de Chacao, na Venezuela, manifestantes, acadêmicos e ativistas também recolheram cartuchos de gás lacrimogêneo em mau estado, alguns dos quais não explodiram como deveriam ou tinham expirado, de acordo com colegas de Efecto Cocuyo. Estes cartuchos tinham sido disparados aos milhares, todos os dias, para impedir os protestos antigovernamentais de 2017. Anna Feigenbaum, professora na Universidade Britânica de Bournemouth, que investigou os efeitos na saúde das latas de gás lacrimogêneo durante anos, argumenta que estas munições expiradas podem explodir na altura errada e causar incêndios. Contudo, no Equador, a ex-ministra María Paula Romo declarou na altura que utilizavam "bombas que tinham expirado [porque] estávamos no meio de uma emergência e tínhamos de utilizar o que tínhamos à mão". Ela também disse que estas bombas expiradas não são mais nocivas, mas sim menos eficazes, como se fossem um refrigerante que tinha ficado sem gás. Uma resolução da Assembleia Nacional a julgou, censurou e a destituiu durante um ano, entre outras razões devido à utilização de gás lacrimogêneo expirado.

Esta investigação também encontrou casos de vendas de armas com problemas identificados pela própria polícia. Colegas do UOL no Brasil descobriram que alguns modelos de armas "não letais" vendidas no Brasil e que, segundo a próprio Condor, também foram vendidas no estrangeiro, falharam nos testes técnicos utilizados pela Polícia Militar de São Paulo para avaliar a sua adequação e segurança, de acordo com relatórios dessa entidade. A Condor respondeu que não vende armas defeituosas, embora tenha admitido que personaliza as suas munições de acordo com os pedidos dos clientes.

Este comércio e a utilização de armas "não letais" deixadas nas mãos do mercado na América Latina, embora se trate da segurança dos cidadãos e da proteção do seu direito ao protesto pacífico, está rodeado por uma cultura policial que tende frequentemente a ver o manifestante como um inimigo público. Ou, no mínimo, como uma disrupção mal intencionada a ser punida.

Mesmo que quase todas as 33 histórias em O Negócio da Repressão (vídeos e textos) revelam estas práticas policiais agressivas, nenhuma é tão evidente como a que conta como a polícia em León, Guanajuato e Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, detiveram manifestantes nas marchas feministas de 8 de março, algemaram-nas e conduziram-nas durante horas em carros da polícia, enquanto as espancavam e as aterrorizavam com o que lhes podiam fazer para punir por se atreverem a sair. "O mais traumático de tudo foi ter passado tanto tempo rodando na merda da estrada sendo espancada, algemada... Eu realmente não tinha uma gota de esperança naquele momento de que ia sair viva daquela situação", disse uma das manifestantes que falou com colegas mexicanos.

Isto ocorreu num país que recentemente completou 100 mil casos de desaparecimentos de pessoas, revelando de forma macabra o quão distorcida se tornou a cultura do que um agente da polícia deveria fazer.

Governos que parecem comprar o que é vendido, sem conhecimento técnico sobre a melhor forma de equipar a polícia para proteger os cidadãos e os seus agentes em diversas circunstâncias, climas, altitudes e face a forças variadas. Atores empresariais que retêm informação chave num jogo em que as fichas obscuras abundam. Policiais que não sabem que armas têm, nem seguem as instruções do fabricante ou as leis nacionais. Armas expiradas, defeituosas, inadequadas. Uma cultura policial que concebe o protesto como um crime a ser punido. O resultado deste cenário são 203 vítimas de armas "não letais", mortas ou com ferimentos que mudaram para sempre as suas vidas. Algumas destas famílias feridas no Brasil ou no Chile conseguiram obter uma indenização ou uma condenação, mas a maioria delas nunca viu outra face do seu Estado que não fosse a repressão mais feroz. Sem reparação, sem justiça.

Como um avestruz, os Estados fingem que as armas não letais são utilizadas de acordo com os manuais dos fornecedores que as pressionam e como dita a letra da lei. A realidade no terreno é diferente, como prova esta investigação. Governos de várias convicções ideológicas cedem à pressão comercial que se adequa às suas necessidades para silenciar aqueles que exigem — em todos os seus direitos — uma vida melhor, especialmente quando são incapazes ou não estão dispostos a dá-la.

Muito terá de mudar para que o Negócio da Repressão na América Latina se torne o Negócio da Proteção do Protesto dos Cidadãos.

The Repression Business: The Findings
Oliver de Ros

The Repression Business: The Findings

Por María Teresa Ronderos, con aportes de todos los aliados.

An Editorial Reflection

Over the past five years there have been at least twenty large-scale civil protests in Latin America. They have been hopeful and creative, but also tough and riotous. Some lasted several months, as the ones in Venezuela in 2017, in Chile at the end of 2019 and in Colombia that same year and again in 2021. Others were explosions of a few days, as the ones in Bolivia in November 2019—after the forced removal from power of Evo Morales—, in Ecuador, in October of the same year, and in Guatemala at the end of 2021. In Mexico, where femicide is on the rise, women have come out by the millions to demand their rights every 8th of March.

Almost all those who protest are young people, students, workers, residents of poor neighborhoods, rural minorities; always the most vulnerable. This was the case of 20-year-old Jonathan, who took to the streets to ask for more resources for his university in El Alto. Juan Pablo, 20, in Chacao, Venezuela, and Kenneth, 21, in Guatemala City, demanded the removal of their presidents, while Hernán, 31, in Chapare, Bolivia went out to support his commander-in-chief. Edvaldo, 19, took to a highway in Pernambuco, Brazil, to demand more security. Francisco, 26, and Édison, 29, protested in Quito because of their dissatisfaction with increasing fuel prices. Rufo, 16, with his family and neighbors in Táchira, Venezuela, blocked a highway because they were left without gas and were cooking with firewood. And Inocencio, a 50-year-old indigenous activist, went from Cotopaxi, Ecuador, to the capital to “shout in the streets for his rights.”

When rivers of angry people flood the streets, there is a risk that some might set fire to a building, loot a store, or injure a police officer with a stone. It is not uncommon that criminals infiltrate these masses to make a peaceful protest violent. That is why police or security forces accompany such demonstrations all over the world, to contain any outrage, to protect the rights of those protesting in the street as well as those just passing by, and to ensure that they do not destroy public or private property. And they must do so without exposing their officers irresponsibly.

This is how states justify the purchasing of riot gear and non-lethal—or less lethal—weapons as a merit of modern democracies. In the past—or even today under tyrannical regimes—democratic rulers would shoot to kill. The ability to go out with weapons that can dissuade, disperse, or contain crowds at a distance from officers in uniform, and that can even effectively subdue those destroying public property without killing them, is a sign of progress for humanity.

Following the same reasoning, private manufacturers and suppliers have developed extensive catalogs of brands of stinging gases and chemical fumes that make you cry, tanks with water cannons, rubber bullets and pellets that can scare or hit people, electric discharge guns that immobilize and weaken, and even weapons that stun, flash and launch gases at the same time. The idea is that they do not kill or seriously injure anybody. For this reason, leading companies in the sector such as Combined Systems present themselves as providers “in the security, global defense and law enforcement market”.

Over the last five years, millions of citizens, with their own voices and the possibilities for immediate organization made available to them by the digital era, have shouted their anguish and discontent in streets and highways. And in the most unequal and violent continent on the planet, Latin America’s frayed democracies are unable—or unwilling—to provide solutions to people’s demands. The quick response of states has been to use public force to repress—a word that literally means to squeeze or press back, to overwhelm with encirclement. In order do so and appear humanitarian, they have increased purchases of non-lethal (or less lethal) weapons and anti-protest equipment. (Of course, as journalists and civil organizations have documented, there are still rulers in the region, for example in Venezuela, Nicaragua or Colombia, that use tear gas grenades as smokescreens behind which either uniformed officers or civilian para-police shoot to kill with firearms).

In some cases, the repression has been against people seeking asylum after fleeing violence at home. W.D., a 24-year-old Haitian immigrant, had to leave his country because he was threatened with death. Upon arriving in the United States, he was met by armed border agents. His wife and children managed to enter the United States. He now dreams of accompanying her. "I have almost a year and a half without seeing my wife. And I want to meet my son," he told Noticias Telemundo colleagues.

This collaborative, cross-border journalistic investigation, carried out by 12 media outlets from Chile, Brazil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, Mexico and the United States along with the Latin American Center for Investigative Reporting (CLIP), however, found that much goes on from theory to practice. It discovered that the Business of Repression based on these non-lethal weapons has flourished as citizen protests have multiplied in the continent, and that, in the hands of the various police forces, it has left a trail of pain, of thousands of minor injuries and dozens of serious injuries, psychological trauma and indeed death. Everything it was supposed to avoid.

This cross-border team of more than 81 reporters, editors, photographers and videographers, web developers, data engineers and analysts, audience editors, producers, and artistic and creative developers sent out dozens of requests for information, analyzed hours of videos and photographs taken at the various protests, talked to supplier companies and experts from industry and academia, consulted sources in the judiciary, ministries dedicated to protecting people and security forces, and interviewed scores of victims in nine countries. We found that, over the last five years, non-lethal weapons fired by security forces in eight countries killed at least 33 people and seriously injured at least 170 others, leaving life-long consequences. 187 of these victims fell during citizen protests and street mobilizations.

Global number of casualties of less-lethal weapon for 2017-2022 (by country and type of injury), in protest and non-protest context.

This database, the first in the region, was made collectively by the eleven partners of this journalistic alliance and processed by CLIP, with information collected by colleagues during nine months of research.

Number of victims per year and per country for 2017-2021, only in contexts of protest

The list of victims includes the young men mentioned at the beginning of this story. Juan Pablo in Venezuela was killed after police officers fired tear gas bombs to his face. The family of Inocencio in Ecuador says he was killed by a bomb that left a mark on his face, but the government claims he fell from a wall. Edvaldo in Brasil and Édison in Ecuador were killed by rubber bullets, and Jonathan in Bolivia by a pellet shot from a blank gun.

While running away from the gases, Kenneth, from Guatemala, received a tear gas canister in the face that destroyed his left eye, and Venezuelan teenager Rufo was blinded by a deliberate shot from a uniformed officer. Francisco from Ecuador and Hernán from Bolivia were shot in the face with pellets. Both lost an eye.

Unlike all these victims, Daniel from Recife, Brazil, was not protesting. His job was sticking posters on taxis, and he was going to buy supplies when, walking through a protest, he saw the police coming at him. “I am a worker, a family man,” he said. They shot him anyway with a rubber bullet that took out one of his eyes.

Dora, from Colombia, who lives on a road in Popayán commonly frequented by protesters, saw that very close from her house police launched projectiles from a Venom, a grenade launcher that dazzles, stuns and fills everything with smoke. Her windows were smashed, her clothes were pierced and her one-and-a-half-year-old baby could not breathe. The now Chilean senator Fabiola Campillai was on her way to work in a factory when a policeman shot a gas bomb to her face, leaving her blind and without a sense taste or smell for life. This turned her into a symbolic figure and months later she was elected senator with the highest vote tally in the country.

When he tried to enter the United States as a refugee, border patrolmen greeted WD and many of his compatriots from Haiti with the slap of their horses' reins. It looked like a scene out of the slave era, as he described it. Despite the risk, he was deported back to his country, where he was attacked twice. He was able to escape and is now separated from his family.

Nor was there justice for most. For Brazilian photojournalist Alex Silveira, blinded by the impact of a rubber bullet during a strike, it took 20 years for his compensation to be awarded. In two other cases, in which police officers were convicted for shooting at point-blank range, the officers were placed under house arrest. For the majority judicial investigations have not begun or are advancing slowly, years after the injustices took place.

Governments that had the money to buy the weapons that wounded or killed them were not so generous in compensating victims. Some did not even have access to medical services to have the pellets embedded in their faces removed or to pay for a prosthesis to replace their lost eye. Others received something, but only after knocking on many doors. For most, judicial investigations have not begun or are moving slowly even years after the injustices occurred.

Sales to states grow

While little money has been dedicated to compensating victims and prosecuting the guilty, a great deal of public money has gone to buying weapons for repression. This investigation found that eight countries in the region spent at least $112 million in the last five years on public purchases of riot equipment and non-lethal weapons. The real figure is certainly higher because in some countries the information is not public or only partially available. Available data merely sheds light into the use of public funds towards this end.

Total government purchases by year

State purchases by COUNTRY, with data range, sources and observations

The analysis of public purchases in this sector carried out by the data team at CLIP using information provided by our partners reveals that in 2019, governments went as far as tripling purchases of riot control equipment and less lethal weapons. This is particularly true for Chile and Colombia. In 2020, they nearly doubled spending, even though the populations of both countries were almost completely locked down during the pandemic.

Even though this analysis could not include all necessary information due to the high inscrutability of the sector, it surprisingly reveals that public spending in 2021 grew even in relation to 2020, especially in Brazil and Colombia, where social unrest has increased.

The analysis does not include Venezuela, as its growingly closed and authoritarian regime allows access but to few and often outdated figures. Nevertheless, available data does reveal exorbitant purchases in comparison to its neighbors. In 2012, according to statements by public officials collected by the team at Efecto Cocuyo, Venezuela spent $500 million on weapons, armor and anti-riot suits. Figures of imports from China reveal that up to 2014 the country had sold Venezuela 194 anti-riot tanks.

In the United States, Noticias Telemundo journalists analyzed immigration agencies' purchases of weapons and riot gear. They found that between 2016 and 2018, under the Trump administration, Customs and Border Patrol quintupled spending on non-lethal weapons. In 2018 alone it went as high as $11.8 million, the largest spending on non-lethal equipment in nearly a decade. And during fiscal year 2017, Immigration and Customs Enforcement (ICE) multiplied its spending on these weapons by nearly 700%.

Even with increasing purchases, some of which were well documented by this journalistic alliance, governments feared they would not have enough weapons to deal with the protests ahead. Despite public knowledge of the fact that Macri’s Argentina had loaned non-lethal weapons to Áñez’s Bolivia, it is only now that a cross-border investigative effort by Bolivia’s El Deber, Argentina’s Anfibia and Ecuador’s El Universo, thoroughly documented how this loan was made between governments with similar ideologies when the latter faced resistance from its citizens. These outlets also discovered that Lenín Moreno of Ecuador loaned arms to the Bolivian government. Moreover, with the support of Cerosetenta and CLIP, these colleagues also established that Colombia and Peru loaned weapons to Ecuador at a critical moment, that Colombia returned weapons of a different brand, and that Quito returned the favor two years later when protests broke out in Colombian territory. We made a comic strip capturing the irony in both these cases.

Police in Latin American countries collaborate legally and openly with each other to better protect their citizens in case of emergencies or crises. They do so through existing agreements, such as the Ameripol agreement in 2007, according to police sources. But handing over weapons for another nation to repress in times of high political volatility, without knowing how those weapons will be used and thus running the risk of indirectly contributing to civilian deaths, such as those that occurred in Bolivia and Ecuador, certainly does not fall under the category of safeguarding citizens.

The suppliers

This investigation found that among the main suppliers of riot control equipment and less lethal weapons in the countries analyzed are Brazilian company Condor Tecnologias Não-Letais, North American companies Combined Systems, NonLethal Technologies and Defense Technologies (a company of Cadre Holdings, owner of Safariland), as well as probably—although official information is not available—China North Industry Corp (Norinco), judging by the aforementioned sales to Venezuela a few years ago.

UOL colleagues in Brazil were able to establish that public forces used Condor products to contain demonstrations in Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, and Venezuela. This company, founded in 1985, is based in Nova Iguaçu, a municipality in the metropolitan region of Rio de Janeiro. According to open data from the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, UOL was able to establish that starting in 2018 Nova Iguaçu exported a total of $8.8 million in “security and public order equipment”—that is, rubber bullets, gas grenades and others- to 12 Latin American countries. As Condor is the only company of this type in Nova Iguaçu, it can be deduced that the municipality and the company’s sales correspond. The largest buyer was Ecuador with $4.1 million, followed by Colombia with $1.8 million. However, according to official information gathered by our colleagues in Chile, Condor sold, through intermediaries, $6.5 million to Chilean police between 2019 and 2021. This would indicate that Chile was the main destination for the Brazilian company’s sales in these recent years.

UOL colleagues were also able to establish that, during the governments of Fernando Henrique Cardoso, Lula, and currently of Jair Bolsonaro, Condor has enjoyed tax benefits, support for its international sales and even financing to develop non-lethal weapons.

Of the U.S. companies, the one with the largest market in Latin America, especially in Central America and Mexico, is Combined Systems. This is what Daniel Gómez Tagle, an expert who worked as commercial representative of that and other companies for Mexico, said in an interview with Mexican colleagues from Animal Político and El País América. Combined Systems is followed in sales by NonLethal Technologies and the companies now grouped under Cadre Holdings.

Smaller and sometimes more opaque companies also compete in the market. Sangaria Limited, for example, which in 2020 supplied around 700 thousand dollars worth of tear gas cartridges to the Chilean Carabineros, does not seem to exist. Even its commercial representative said that he did not remember where the company was from, that it seemed to him that it was from Bosnia. The company does not appear in the commercial register of that Balkan country.

A similar thing happens with some of the 23 companies from Turkey that exported more than half a million traumatic or blank pistols (that shoot rubber bullets and the like) to Colombia between 2009 and 2021 for a value of 20.6 million dollars. Several of their commercial representatives are sporting goods stores, some located in the popular ‘San Andresito’ sectors, associated for years with the sale of contraband. Researchers from Fundación Ideas para la Paz suspect that these weapons were being altered to be used as firearms, which would partly explain that these large markets were only regulated by the government in November 2021.

U.S. Customs and Border Protection also has a major supplier. This bureau is the second-best customer, after the military, of Aardvark Tactical, a La Verne, California-based firm founded in 1987, supplier of riot gear. CBP has awarded Aardvark contracts worth nearly $62 million since 2014. Of that amount, about 70% has been for the purchase of tasers and its accessories.

The intermediaries

As this investigation by eleven allied media found, the intermediary companies which facilitate state purchases of anti-protest equipment tend to be opaque businesses, about which it is impossible (Venezuela) or very difficult (Ecuador and Bolivia) to obtain information from governments, in part because traders are almost never willing to talk about the way they do business.

We also found that some of them hold virtual monopolies in public contracting. One example is the firm Tactical Group in Guatemala, which has sold almost 22 million dollars in non-lethal equipment to public entities in that country and has won bids even when presenting the most expensive offer. Bucello & Asociados has made several sales to the Argentine government, mostly by direct contracting, and obtained the largest contract for the purchase of riot equipment (half a million dollars) in preparation for possible protests at the G20. Yet the State rescinded the contract when it found the products were not in compliance.

Lynx in Bolivia is listed as an active supplier of the State for security and defense products, including several non-lethal ones, but the address registered for its headquarters does not exist.

In Colombia, despite multiple investigations for possible falsehoods and irregularities, such as submitting different companies to the same bidding process, the owners of Imdicol continue to be a major supplier of non-lethal weapons to the State, as recently documented by Colombian magazine Cambio.

In Chile, when the protests spread, opportunists arrived. Thus, a company selling hearing implants sold the state pepper spray for $400.000 and another, Mir y Cruz, owned by an agronomist and a veterinarian, sold $2.2 million in tear gas cartridges, bean bag ammunition (which has several pellets in the bag that is fired as ammunition) and white smoke grenades, among others.

In Ecuador, our colleagues at El Universo found that a distributor of Colombian company Imdicol, Juan Francisco Herdoíza, sold robocop suits for riot police for $2,467 a piece, when other purchases of similar suits cost between $357 and $1557 per unit. This same representative sold tear gas bombs (made by Combined Systems) to the State at $37 each, when in a later contract, weapons of the same caliber cost between $11.50 and $12. Herdoíza did not want to be interviewed by journalists.

On a few occasions, corrupt schemes involving intermediaries and government officials have been uncovered. Such is the case told in detail by colleagues at El Deber, in Bolivia, when in late 2019, then Minister Arturo Murillo, who had just taken office in the transitional government of Jeanine Áñez, managed to get his long-time friends at Bravo Tactical Solutions in to broker a sale of tear gas bombs to the State and thus divert $2.3 million into his pockets. The plot was discovered by the US government when the conspirators tried to launder money in US banks. Today Murillo is in prison in Florida, accused by the DA of receiving a bribe from a US company to win a government contract in Bolivia, and using the financial system of that country to launder the money. Some of his friends are awaiting sentencing on parole.

Why are they dangerous weapons?

There are several reasons why, despite the theory of safe containment of protests using non-lethal weapons and riot gear, in Latin America we are witnessing a practice of violent repression that is leaving dead and seriously injured people.

A matter of public safety and of great citizen interest seems to be driven by a purely commercial logic of maximizing sales and expanding markets. Because it is not shirts or cheese that these large suppliers of non-lethal weapons and their multiple intermediaries are selling, it is difficult to understand why governments accept the logic of commercial secrecy for equipment that they are going to put on the street, where millions could be affected by them. Governments such as Ecuador have said that it is a matter of national security, but the fact that these are not weapons for pursuing criminals or confronting foreign troops, but for containing and protecting citizens, means their trade should be public and transparent.

Nor are there strict regulations on who can take part in this business and, as we found, criminals and opportunists manage to get in depending on the “harvest” of protests and connections in governments.

“In Latin America volumes of ammunition are bought—a thousand rounds of a single type—and nobody inquires, nobody gives explanations, and nobody documents how this ammunition works,” industry insider Daniel Gómez Tagle told reporters from this alliance.. “Nobody tells you that it doesn’t work in all scenarios, that’s why there is a catalog with more than 200 models, so that you have options that correspond to your level of strength and principle of proportionality.”

That is why, explains Gómez Tagle, the ordinary police officer never ends up getting the equipment they really need for the street. “There is no regulation for purchases, nor is there for training,” he says. Latin American police forces, he explains, blindly follow a U.S. “use of force” model, governed only by a commercial and military logic, which is not in line with the international human rights commitments signed by these countries that contemplate a proportional use of force depending on the situation.

In addition to buying poorly and not knowing what the equipment they use is for or what its scope is, both the countries and the companies are failing to properly train the police who will use the weapons. In Popayán, a mid-sized city in southwestern Colombia, videos from April 2021 collected by Cerosetenta show police officers firing the Venom from the ground, causing the lower-angle tubes to fly almost horizontally and thus putting people at risk, while the company recommends that this should be done mounted on a vehicle. After seeing videos of ESMAD, the Colombian riot police, manipulating the Venom by hand, Gómez Tagle concluded that they had no idea what they were doing.

screen video redes sociales
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Around the same time the police were trying out the Venom in Popayán, a Colombian social researcher, whose name is withheld for security reasons, interviewed police in Cali. They were dealing with protests that had been infiltrated by violent individuals. The officers told him that they had to work shifts of 36 or more hours, without sleep or food, going out into the streets exhausted and irritated.

Carlos Manuel Cruz, who lost his left eye from a tear gas bomb thrown to his face, had worked as a municipal police officer in Guatemala and had been never to aim directly at bodies. But on November 21, 2020, he told No Ficción, “they, the police, shot to kill. They didn’t throw the tear gas bombs into the air, but at people directly.” His story is confirmed by all the victims we interviewed.

There may be adequate regulation on paper. In Venezuela, there are several norms that proscribe the use of firearms and toxic substances in the control of peaceful demonstrations and prescribe that force be used only when necessary, always proportionally and to the extent needed. Nevertheless, as Efecto Cocuyo colleagues documented citing data from the Venezuelan Observatory of Social Conflict, there were 248 deaths in the tens of thousands of anti-government protests from 2017 to 2021. The year 2017 was particularly bloody, with 160 fatalities resulting from the protests. It is important to clarify that these figures do not correspond only to non-lethal weapon casualties, but also to firearms. According to the Lethal Force Monitor conducted by research centers in several countries in the region in 2022, in Venezuela 33% of intentional homicides were committed by security forces.

In the United States, control and surveillance offices and civil organizations have found that border agents have used unpermitted devices to detain immigrants and that they do not always have the proper training to carry less lethal weapons. "The culture of abuse and mistreatment has been part of the development of the Border Patrol agency, regardless of who is in the White House," said Pedro Rio, director of the American Friends Service Committee, an organization that has been documenting abuses at the southern border for 15 years, in an interview with Noticias Telemundo.

In Mexico, since the beginning of 2019 the law on the use of force states that “for no reason may weapons (firearms, lethal or less lethal) be used against those participating in demonstrations or peaceful public gatherings with a lawful purpose.” And officially the Secretariat of Citizen Security has not acquired tear gas, pepper spray, rockets or rubber bullets to contain social mobilizations in Mexico City. However, every time the feminist movement protests in the streets of the country’s capital, as reported by colleagues from Animal Político and El País América, women’s rights organizations and demonstrators denounce the use of such equipment to disperse them.

What does tear gas do to the body? | The Business of Repression

his chemical agent, which is actually a substance made up of microscopic crystals, causes irritation to the eyes and lungs. How does it work and what are the health risks for protesters?

In the streets of Chacao, in Venezuela, protesters, academics and activists also collected tear gas cartridges in poor condition, some of which did not explode as they should or were beyond their expiration dates, according to colleagues at Efecto Cocuyo. These shells had been fired by the thousands, every day, to stop the 2017 anti-government protests. Anna Feigenbaum, a professor at Britain’s Bournemouth University who has researched the health effects of tear gas canisters for years, argues that these expired munitions can explode at the wrong time and cause fires. However, in Ecuador, former Minister María Paula Romo stated at the time that they used “bombs that were expired [because] we were in the middle of an emergency, and we had to use what we had at hand.” She also assured that these expired bombs are not more harmful but less effective, as if she were talking about a soda that had gone flat. A resolution of the National Assembly impeached, censured, and removed her from office for one year, among other reasons for the use of expired tear gas.

This investigation also found cases of sales of defective arms. UOL colleagues in Brazil found that some models of non-lethal weapons sold in Brazil and which, according to Condor itself, were also sold abroad, failed the technical tests used by the Military Police of São Paulo to evaluate whether they were adequate and safe, according to reports from that entity. Condor said that it does not sell defective weapons, although it admitted that it customizes its ammunition according to customers’ requests.

Even though the trade and use of non-lethal weapons concerns the safety of citizens and the protection of their right to protest peacefully, it is left to the will of the market in Latin America, and it is surrounded by a police culture that often tends to see protesters as a public enemy. Or, at the very least, as a malicious disruption to be punished.

Nearly all of the 33 stories in The Repression Business reveal aggressive police practices, and yet in none of them these are as evident as in the one that tells how police in León, Guanajuato and Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, detained demonstrators at the 8th of March feminist manifestations, handcuffed them and drove them around for hours in patrol cars, while beating them and threatening them with horrifying punishments for daring to come out. “The most traumatic thing of all was to be driving around for so long on the fucking highway, being beaten, handcuffed... I really didn’t have a drop of hope at that moment that I was going to get out of that situation alive,” said one of the protesters who spoke to our Mexican colleagues.

This happened in a country that recently completed 100,000 disappearances, revealing in a macabre way how the role of a police officer has been distorted.

Governments that seem to buy whatever they are sold, without technical knowledge of how to better equip the police to protect citizens and their agents in different circumstances, climates or altitudes, and in the face of variable forces; businesses that hide key information in a game full of doubtful actors; police officers who ignore the weapons they have and fail to follow manufacturer’s instructions or national laws; expired, defective, inadequate weapons; a police culture that conceives protest as a crime that must be punished. The result of this panorama is 203 victims of non-lethal weapons, dead or with injuries that have changed their lives forever. Some of these wounded families in Brazil or Chile obtained some compensation, or managed to get those responsible convicted or accused, but for most, the only side of the State they ever saw was fierce repression. No reparations, no justice.

With their heads in the sand, States pretend that non-lethal weapons are being used just as their lobbyists indicate in their supplier manuals, and as the law dictates. The reality on the street is different, as this investigation proved. Governments of various ideological tendencies give in to commercial pressures that fit their needs to silence those who demand—with every right to do so—a better life, especially when they cannot or do not want to give it to them.

Much will have to change for the Repression Business in Latin America to become the Business of Protecting Citizen Protest.