Con armas no letales, destrozaron la vida de tres jóvenes venezolanos

No fue una pistola de perno, de las que se usan para aturdir al ganado antes de sacrificarlo, como se apresuró a asegurar el ministro de información y comunicación, Ernesto Villegas, al día siguiente del asesinato. En aquella oportunidad, el ministro sugirió que los autores del homicidio habían sido otras personas no identificadas que, junto a Juan Pablo, protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro el 26 de abril de 2017, en la urbanización Altamira del municipio Chacao.

El 24 de mayo de 2017, Luisa Ortega, para entonces fiscal general de la República, había anunciado públicamente que el joven había sido asesinado con una bomba lacrimógena. Bastó comparar la marca en el pecho de Juan Pablo con la base de una bomba lacrimógena de fabricación china, marca Norinco, Modelo NF01. El acoplamiento de los dos círculos fue exacto, según los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales que suscribieron el documento, fechado el 13 de mayo de 2017, y cuya copia obtuvo Efecto Cocuyo.

Ortega fue destituida por sus cuestionamientos de las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro, en particular los excesos en la represión policial-militar de las manifestaciones públicas, que en 2017 causaron 160 muertes, según los registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Su sucesor en la rectoría del MInisterio Público, Tarek William Saab, vinculado al oficialismo, tardó cuatro años en admitir que Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena.

Estos y otros hallazgos hacen parte la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión realizada con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios.

Precisado el tipo de bomba lacrimógena que se usó para matar a Pernalete, faltaba identificar a la persona que la disparó. El 1 de mayo de 2021, Tarek William Saab anunció que su despacho imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, lo cual significa que no se ha precisado quién disparó la bomba lacrimógena (como si se tratara de Fuenteovejuna) y que, en todo caso, se hizo sin intención de matar.

El anuncio del fiscal general coincidió con la intensificación del escrutinio internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre ellas el abuso de la fuerza pública en la represión de manifestaciones públicas

Pero el pronunciamiento fiscal ofendió y ofende a los padres de Pernalete, pues ni siquiera esos 12 funcionarios militares están presos. Todas las semanas, durante casi cinco años, José Gregorio Pernalete y Elvira de Pernalete acuden al Ministerio Público en demanda de justicia efectiva. “Debemos soportar que algún fiscal, de los 13 que han sido encargados del caso, vuelva a decir que mi hijo era un terrorista”, lamenta Elvira.

II

Rinocerontes, ballenas y murciélagos desde China

Entre 1999 y 2014, el Estado venezolano destinó un total de 49.416,6 millones de dólares al sector militar, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Sipri.

En 2012 Venezuela destinó 500 millones de dólares a la compañía China North Industries Corporation (Norinco), propiedad en su totalidad del Estado chino, para adquirir cascos, fornituras, chalecos antibalas, escudos y trajes de protección corporal individual usados por los funcionarios de la GNB. El pedido incluyó la compra de gas lacrimógeno, cartuchos para almacenarlo, escopetas, carabinas lanzagranadas y diferentes vehículos blindados, según informó el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, para aquel entonces comandante general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Para finales de aquel año, Venezuela había adquirido 141 unidades de transporte antimotín de la firma Norinco, “para el resguardo del orden público”, de acuerdo con la versión oficial.

Se trató de 111 vehículos blindados de reconocimiento y transporte de personal, tipo VN-4 o conocidos como rinocerontes en la jerga venezolana; 10 más especializados en la disuasión de masas, los WTC-1 o ballenas, con cañones de agua incorporados; 10 modelos ABV-1 o murciélagos, que son antimotines porta barreras; y otros 10 blindados de comando, cuyo tipo no fue especificado.

Los blindados VN-4, originalmente, se habían fabricado para operaciones militares, pero las unidades compradas por Venezuela fueron modificadas para controlar disturbios. Durante las jornadas de protestas, los funcionarios de la GNB usaron estos vehículos para acorralar las manifestaciones y, en algunos casos, usaron métodos como el siguiente:

De las “ballenas” y los “murciélagos” solo existe registro de su comercialización en Venezuela; ni siquiera son visibles en los inventarios de la página web de Norinco.

III

Las armas “menos” letales

En la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones (2016) se mencionan tanto “las armas o municiones no letales o de letalidad reducida” como “otras armas” (Artículo 6). Se establece que deben ser “clasificadas, controladas y reguladas por el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con competencia en control de armas, que es la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de la Defensa. Ese órgano es la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de la Defensa, el cual monopoliza todas las gestiones y autorizaciones en materia de fabricación, importación, exportación o reexportación de armas en Venezuela, incluyendo las menos letales o de letalidad reducida.

En el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones (2017) se clasifican brevemente las armas como: 1) “armas de aire comprimido”, las cuales se basan en reacciones químicas que producen una gran cantidad de gases al quemarse la pólvora”; y 2) “armas neumáticas y de gas”, que emplean como agente impulsor del proyectil aire comprimido a gas.

El referido reglamento establece los procedimientos de autorización, importación, exportación reexportación de armas. Se incluye un registro detallado de empresas fabricantes e intermediarios, las especificaciones de las armas que se importan: países de origen y de tránsito, marca, calibre, mecanismos de uso, cantidad y precio. Incluso, se exige un marcaje de todas las armas, municiones, accesorios y equipos de orden público. Sin embargo, toda esa información permanece reservada por razones de seguridad nacional.

En Venezuela la GNB (componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) está facultada para usar armas no letales y de letalidad reducida. Y en cuanto a los cuerpos policiales, la normativa interna concede al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana funciones de control del orden público y deja en manos de un órgano centralizado en el Ejecutivo Nacional, específicamente en el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, la dotación y los protocolos que rigen al resto de las policías del país, ya sean estadales o municipales.

IV

Atacar la protesta social como “enemigo interno”

Desde 2017 se implementó el Plan Zamora, un instructivo de operaciones policiales y militares para enfrentar las manifestaciones públicas antigubernamentales. La primera versión de este plan se había diseñado en 2014, desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional, como respuesta a la primera ola de protestas masivas en contra el régimen que sacudieron a Venezuela.

El Plan Zamora incorpora a la Milicia Bolivariana (como un complemento no oficial de la Fuerza Armada Nacional) y a las llamadas “fuerzas populares” (organizaciones civiles afectas al oficialismo) al combate del “enemigo interno”. Y a este último el Plan Zamora lo define, en forma genérica, como ciudadanos y organizaciones opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

El 18 de abril de 2017, Maduro ordenó la activación del Plan Zamora tras denunciar el inicio de un golpe de Estado: “He decidido activar el Plan Estratégico Especial Cívico Militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social, Plan Zamora, que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello alertó en el mismo 2017 sobre cómo bajo el Plan Zamora se estaban haciendo uso de bombas lacrimógenas y escopetas de perdigones en forma inadecuada, se habían producido muertes y muchos heridos, en lo que constituyó un uso desproporcionado de la fuerza.

Hay una versión del instructivo militar aplicable en cada una de las regiones del país, entre ellas el Área Metropolitana de Caracas, denominado Plan Guaicaipuro. Se trató de la articulación de todas las instancias del Estado para hacer frente a las protestas ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese fue el plan que rigió la actuación de los funcionarios de la GNB imputados por el asesinato de Juan Pablo Pernalete.

El Plan Guacaipuro indica que la cadena de mando de los Grupos de Respuesta Inmediata está encabezada por el General de División Fabio Enrique Zavarse Pabón. Esta entidad era la que estaba a cargo de mantener el orden público al momento de la muerte de Pernalete.

Tanto el Plan Zamora como el Plan Guaicaipuro invocan la Constitución y las leyes que proscriben el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en el control del orden público.

Sin embargo, las 248 muertes ocurridas entre 2017 y 2021 en el contexto de un total de 55.394 protestas, según los registros del OVCS, dejan en entredicho la actuación en estricto apego a los principios de necesidad, proporcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza pública.

A pesar de que 2017 no fue el año de mayor número de protestas, sí ha sido el año de mayor número de muertes mientras se reprimían manifestantes en las calles: 160 personas fallecidas.

2017 también se distingue porque durante cuatro meses hubo protestas sostenidas. “Las principales exigencias fueron: apertura de un canal humanitario, libertad para presos políticos y un cronograma electoral. El OVCS contabilizó 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017 en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias. Esta cifra representó un aumento de 157% con respecto a igual período de 2016, cuando se contabilizaron 2.617 manifestaciones. Las protestas se extendieron por toda Venezuela, tanto en zonas urbanas, rurales, como en sectores populares y residenciales. Caracas, Miranda, Lara, Táchira y Mérida fueron las entidades donde se registró el mayor número de actividades en este lapso”.

En 2021 la mayoría de las protestas (4.853, el 74%) fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual revela la profundización de la emergencia humanitaria en Venezuela. Mientras que 1.707 (26%) fueron por derechos civiles y políticos. A simple vista, las manifestaciones públicas enfocadas en la oposición al régimen de Nicolás Maduro han disminuido y el principal motivo para protestar es el progresivo deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.

Las modalidades de protesta en 2021 fueron: concentración (4.343), pancartazo (2.042), cierre de calles o avenidas (1.148), paro (241) y marcha (217).

“Durante el año se documentaron al menos 107 protestas reprimidas, con un saldo de 10 personas heridas, 32 detenidas, 1 asesinada en el contexto de represión”, precisa el informe anual 2021 del OVCS.

V

Contra el olvido

18 de mayo de 2017. No había transcurrido un mes del asesinato de Juan Pablo Pernalete, cuando la vida de otro joven, Óscar Navarrete, también fue destrozada por el impacto de una bomba lacrimógena que le habría dispararado un uniformado de la Guardia Nacional Bolivariana.

Óscar protestaba como Juan Pablo contra el gobierno de Nicolás Maduro, en el mismo sector del municipio Chacao, y la bomba lo hirió en el mismo lugar del cuerpo: el pecho, muy cerca del corazón. Al igual que Juan Pablo, el crimen permanece impune.

Como dice su madre Carmen Ruiz, la historia de Óscar Navarrete es la historia de un milagro: “Pasó 40 minutos sin signos vitales. A la cuarta reanimación reaccionó, pero estuvo 40 días en estado vegetativo y sufrió un paro cardíaco”.

Tenía 18 años de edad y le faltaban dos meses para graduarse de bachiller. El bombazo le borró la memoria. No recuerda lo que ocurrió el 18 de mayo de 2017, cuando como otros miles de jóvenes, estaba en las calles exigiendo democracia en Venezuela. Perdió los recuerdos de su niñez y su adolescencia y casi pierde la vida.

“Aunque han transcurrido casi cinco años, la investigación fiscal sobre el caso de Óscar no ha arrancado”, resume la abogada Mariana Ortega, integrante de la organización no gubernamental Foro Penal, que asumió la defensa.

Ortega explica que, aunque parezca insólito, el Ministerio Público abrió una segunda averiguación contra Óscar en la que figura como presunto victimario del delito de daños a la propiedad del Estado. “Y en la averiguación en la cual el joven figura como víctima, los fiscales apenas hicieron indagaciones preliminares: interrogaron a la tía, al abuelo y al director del colegio donde estudiaba el muchacho, pero solamente para precisar por qué había dejado de asistir a clases para participar en las protestas. Eso asustó a los familiares, quienes, con razón, prefirieron concentrarse en la rehabilitación de Óscar”.

De manera, que, a diferencia del caso de Juan Pablo Pernalete, no se ha podido determinar ni siquiera qué cuerpo de seguridad actuó en contra de Óscar Navarrete, como tampoco las características de la bomba lacrimógena que lo dejó en estado de coma.

El 10 de abril de 2022, Óscar recibió a Efecto Cocuyo en el apartamento de su abuela materna, donde vive apretado con diez familiares. Se mueve despacio, en silencio y con la mirada extraviada, pero si alguien le sonríe él le devuelve el gesto amablemente. A su ritmo, demuestra disposición a reaprender lo más elemental: comer, hablar, caminar…, como un bebé. Todo ello a pesar de las dificultades para contar con los alimentos, las medicinas y los servicios de rehabilitación que requiere…

“Después de los primeros cuatro meses que estuvimos en una clínica privada, Óscar y yo pasamos año y medio en el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rhode. Pero, un día, el director de ese centro nos expulsó, supuestamente por motivaciones políticas”, cuenta la madre.

En una hoja de papel escribe su nombre. Tarda varios minutos, pero lo logra, y su madre lo celebra con una sonrisa y un abrazo. En esa misma hoja, Óscar dibuja un balón de fútbol, pues ahora sabe que es su deporte favorito y se hace entender con claridad cuando expresa su deseo de ser un destacado delantero, así como de estudiar, “estudiar mucho”, enfatiza, para convertirse en un experto en criminalística. El balón que dibujó es un círculo más pequeño que la cicatriz que tiene en el pecho, la que le dejó la bomba lacrimógena.

VI

A los ojos

Rufo Chacón todavía tiene incrustados en la cara 45 perdigones de los 64 que le impactaron y lo dejaron ciego. Son cuentas que no puede olvidar: “Ocho perdigones en un ojo y cuatro en el otro ojo. Una parte del cartucho me abrió un hueco en la nariz; si me hubiera impactado en uno de los ojos, yo estaría muerto”.

Rufo tenía 16 años de edad cuando el Jefe de la Brigada de Orden Público de la Policía del Estado Táchira, Javier Useche Blanco, le disparó a quemarropa. En octubre de 2021, después de 49 audiencias a lo largo de siete meses de juicio, Useche Blanco fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión, por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de frustración. Sin embargo, el presunto autor material del crimen no está en una cárcel, sino en la relativa comodidad de la sede del organismo al cual prestó servicios durante 24 años. Rufo y sus familiares no aceptan tanta laxitud con el policía que les destrozó la vida.

Aunque el estado Táchira, al suroccidente de Venezuela, fue un importante foco de las protestas antigubernamentales que han sacudido al país desde 2014, Rufo asegura que nunca participó en ellas. La agresión policial en contra del adolescente fue por una tranca de la autopista San Cristóbal-La Fría, a la altura de la urbanización Francisco de Miranda, el 1 de julio de 2019. Los vecinos de la población de Táriba, entre ellos Rufo, su madre y su hermano de 14 años de edad, protestaban por fallas en el suministro de gas doméstico.

El 4 de abril de este 2022, casi tres años después y desde el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, Rufo recuerda: “de repente llegaron los policías y nos dijeron que nos teníamos que ir, porque por allí iba a pasar el ministro Reverol (Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz), que estaba de visita en Táchira. Nosotros les dijimos que no nos íbamos a ir porque, por falta de gas doméstico, estábamos cocinando con leña. Entonces empezaron a golpear a todos los que estábamos allí con rolos, le pegaron a mi hermano y cayó en el piso. Y en el piso los siguieron golpeando con patadas. La cosa se estaba poniendo fea y traté de huir. Cuando volteé la cara sentí un impacto muy fuerte. Me sentí mareado y no podía ver. Di como quince pasos. Después caí al piso arrodillado. Cuando me toqué la cara me di cuenta de que estaba lleno de sangre. Uno de mis ojos me cayó en la mano. Y allí se acabó mi mundo”.

El Ministerio Público logró precisar que siete funcionarios policiales, entre ellos Javier Useche Blanco, dispararon escopetas modelo Táctico, fabricadas por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Cuatro de los perdigones que le extrajeron a Rufo del rostro y dos de los cartuchos que se localizaron en el sitio del suceso también fueron sometidos a experticias técnicas, las cuales indicaron que eran marca Cheddite, fabricados por la empresa italiana del mismo nombre. Teóricamente son armas no letales, pero el mal uso que le dieron los funcionarios policiales dejó ciego a Rufo y pudo haberle causado la muerte.

Las experticias realizadas por la Unidad de Análisis y Reconstrucción de Hechos, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aportaron pruebas irrefutables de la intención de matar, pues el victimario disparó a una distancia de entre 3 y 6 metros y directamente hacia el rostro de la víctima.

“Las armas de fuego tipo escopeta, descritas en el texto de esta experticia, al ser accionadas pueden causar lesiones de menor o mayor gravedad e incluso la muerte, por efecto de los impactos de los proyectiles disparados por las mismas, dependiendo básicamente de la región anatómica del cuerpo comprometida (…) y la distancia en la que se encuentre el arma de fuego con relación al objetivo”, indican los documentos.

El jefe de la brigada de orden público de Politáchira, Useche Blanco, también fue condenado por los delitos de uso indebido de arma orgánica y trato cruel, al igual que el funcionario de Politáchira Henrry José Ramírez Hernández, quien fue sentenciado a 21 años y cinco meses de prisión. En el juicio se demostró que Ramírez Hernández también disparó indiscriminadamente y golpeó a patadas a varios manifestantes, entre ellos al hermano de Rufo de 14 años de edad.

Como se había elaborado una versión del Plan Zamora para la región capital, casi en los mismos términos se trazaron instrucciones sobre cómo reprimir las manifestaciones antigubernamentales en Táchira, particularmente el 30 de julio de 2017, día de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo impuesto por el oficialismo al margen de la Constitución, con el deliberado propósito de anular a la Asamblea Nacional que en 2015 quedó mayoritariamente integrada por diputados de oposición.

En dicho instructivo, con sello del Comando 21 Brigada de Infantería del Ejército Nacional Bolivariano, cuya copia fue obtenida por Efecto Cocuyo, se identifican como “fuerzas enemigas” a “grupos opositores de la ultraderecha fascista en desacuerdo con el proceso revolucionario bolivariano, que, mediante acciones de propaganda, sabotaje y actos hostiles, realicen acciones en contra del buen desarrollo de la ‘Operación República Elecciones Asamblea Nacional Constituyente 2017’”.

Esta especie de declaración de guerra está moderada en la página 15 del documento, en la cual se invoca expresamente el Artículo 55 de la Constitución en cuanto a que “el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

No obstante, lo dicho en el papel, el 30 de julio de 2017, en medio de las protestas contra la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en Táchira, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas dos adolescentes: Adrián Rodríguez, de 13 años de edad, y Luis Ortiz, de 17. Ese día, en toda Venezuela hubo, al menos, diez manifestantes muertos, según reportó el Ministerio Público.

Por este tipo de hechos, de un total de 223 analizados, el 16 de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas “constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El presidente Maduro y los ministros del Interior y Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”. Por este tipo de hechos, el 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una averiguación formal para establecer la verdad.

Actualmente, la Fiscalía de la CPI evalúa la efectividad del sistema de administración de justicia venezolano para sancionar estas graves violaciones de derechos humanos. Ello implica considerar la falta de individualización de la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales en el caso de Pernalete, así como la burla de las órdenes de encarcelamiento en el caso de Chacón. Si la Fiscalía de la CPI determina que no hay capacidad ni voluntad de administrar justicia eficazmente en Venezuela, el proceso avanzará en la CPI a efectos de determinar las responsabilidades penales individuales por cada uno de los delitos.

VII

“Desmentiré toda su fachada”

El hostigamiento policial contra Rufo y su familia no cesó aquel 1° de julio de 2019. Casi dos años después, el 30 de mayo de 2021, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron su residencia familiar, con el argumento de que el joven invidente y su hermano estaban involucrados en el robo de motocicletas. “Lo levantaron de su cama y le apuntaron a la cabeza con un arma. A Rufo, a mi otro hijo, a mi hermano y a mi cuñada se los llevaron presos”, relata la madre, Adriana Parada, en la denuncia que formalizó ante el Ministerio Público y que no ha sido diligentemente tramitada para sancionar a los responsables del atropello.

Rufo es un sobreviviente de la brutalidad policial en Venezuela y asume como un deber ciudadano la denuncia de los atropellos cometidos en su contra, en contra de Juan Pablo Pernalete, en contra de Óscar Navarrete y en contra de miles de venezolanos y venezolanas.

A pesar de que a veces flaquea, lo impulsa un ejercicio de memoria permanente, incluso a través de las canciones a ritmo de rap que difunde en su cuenta de Instagram.

“De vista no tengo nada,
pero la rima bien cargada.
Ja, desmentiré toda su fachada,
Mira, la realidad no se puede ocultar.
Escucha, mi Venezuela está amordazada
por la garra de unos tiramos que al pueblo quieren callar.
Estamos controlados por la corrupción
y gobernados por los delincuentes,
los cuales callan y matan a seres inocentes
por la simple razón de opinar o pensar diferente”

Ello le ha costado que le cierren las puertas de todas las instituciones del Estado, tanto en Táchira como en toda Venezuela, asegura su madre: “ni siquiera me lo quieren aceptar en una fundación que enseña braille”.

Vive en una casa de 20 metros cuadrados que solo tiene un dormitorio, junto con su hermano de 16 años de edad, su hermana de ocho, su madre, su abuela y su tío. Ni los adolescentes ni los adultos tienen empleo estable. Para esa familia, obtener ingresos para comer es un desafío cotidiano.

En la entrada de esa precaria vivienda, Rufo cuenta que quisiera estudiar piano y formarse como un profesional, quizás de la ingeniería de sistemas: “pero aquí estoy estancado. Soy como un pajarito enjaulado”.

Esa tarde del 4 de abril de 2022, cuando la familia recibió al equipo de Efecto Cocuyo, el joven muestra de lo que es capaz si tuviera todos los recursos que necesita para desenvolverse con mayor autonomía. Le donaron un dispositivo portátil de visión artificial que capta imágenes a su alrededor y se las describe al oído. Con ese dispositivo Rufo lee poesía de Pablo Neruda. Va por la página 37 (aunque cree que es la 39) y, justamente allí, Neruda crea metáforas sobre la ceguera.