La fauna de la represión en Venezuela

Popularmente se les llamó “la ballena”, “el rinoceronte” y “el murciélago”; una exótica fauna fabricada al gusto del cliente (el gobierno de Maduro) por la empresa china Norinco, para el ejercicio de la fuerza pública.

Precisamente, fue una bomba lacrimógena fabricada por esa compañía, Norinco, la que mató a Juan Pablo Pernalete en las calles del municipio Chacao, según documentos a los que tuvo acceso la alianza investigativa El Negocio de la Represión, realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios del continente, entre ellos Efecto Cocuyo. Además, manifestantes, académicos y activistas también recogieron cartuchos lacrimógenos de la empresa brasileña Condor, usadas con fechas vencidas.

Venezuela contó hasta 2006 con provisiones militares provenientes de Estados Unidos, mientras que España, Suiza, Austria, Francia y otros países europeos continuaron el suministro hasta poco después. Pero, a partir de 2012, China y Rusia pasaron a ser los principales proveedores.

El gasto militar

Si un estilo ha sido constante desde la instauración de la “Revolución Bolivariana”, ha sido el militar. Desde que asumiera el poder el fallecido presidente Hugo Chávez, hasta la llegada de su sucesor, Nicolás Maduro, el presupuesto para el sector militar del Estado venezolano creció tan exponencialmente que superó los registros históricos del país, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés), una organización dedicada al estudio del desarrollo armamentístico, los conflictos, la producción y el comercio de armas, y la seguridad internacional.

En 2005, cuando el Estado inició una modernización de su equipo militar, el gasto en el sector de defensa de Venezuela llegó a ser de 2.665 millones de dólares por primera vez en su historia, de acuerdo con los registros del Sipri, que datan de 1948. Sin embargo, sería un monto ínfimo en comparación con lo que vendría durante el siguiente lustro.

En 2013 alcanzó los 6.199 millones, uno de los montos más altos de la región suramericana, solo por debajo de Brasil y Colombia. Así, entre 1999 y 2014, fecha hasta donde llegan los registros más fidedignos del Sipri sobre Venezuela, las administraciones chavistas destinaron un total de 49.000 millones y medio de dólares al sector militar.

En simultáneo con el incremento del presupuesto y la inestabilidad política del país, las compras de material militar también aumentaron. Inicialmente, el Gobierno de Chávez tuvo a Estados Unidos como uno de sus principales proveedores. De este obtuvo armas, helicópteros y hasta aviones de combate. Pero la relación comercial se estropeó en 2006, cuando la Administración de George Bush prohibió la venta del material militar a Venezuela por su falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo.

Durante el primer quinquenio del gobierno de Chávez, de acuerdo con informes de la ONG Control Ciudadano, el país tuvo grandes proveedores comerciales en Europa: de Austria y Suiza, Venezuela adquirió diferentes vehículos tácticos; a Francia le compró helicópteros de transporte y buques de asalto anfibios (modelos Mistral); a Holanda, radares y sistemas de dirección de disparos; a Italia, misiles antibuques; y de España consiguió una variedad de material antidisturbios, como gas lacrimógeno, perdigones y carabinas.

Sin embargo, la mayoría de estos países, al ser socios de los Estados Unidos y de su industria de defensa, se apegaron al embargo norteamericano. Esto desencadenó, principalmente, que algunos fabricantes suspendieran sus exportaciones a Venezuela debido a la dependencia de sus productos a la tecnología o componentes estadounidenses.

A partir de allí, motivado por su ideología política y necesitado por encontrar nuevos proveedores, el Gobierno venezolano recorrió miles de kilómetros para consolidar nuevos aliados. Lo consiguió en China y Rusia.

China y Rusia nutren de armas a Venezuela

Si las armas usadas en Venezuela se adquirían a través de empresas estadounidenses o europeas, a partir de 2005 el cambio de proveedores se hizo notorio. Rusia se consolidó como el principal socio del Gobierno chavista entre 2005 y 2010, vendiéndole todo tipo de material militar por al menos 2.400 millones de dólares, según los registros del Sipri.

Desde el Kremlin llegaron helicópteros, misiles, tanques, aviones de combate y de entrenamiento, lanzacohetes y hasta promesas para instalar fábricas de fusiles Kaláshnikov en el territorio venezolano. Si bien el equipamiento militar arribó con retrasos, o en fechas distintas a las pactadas inicialmente, ha sido constante en el tiempo. Entre las compras más emblemáticas, por sus anuncios en los canales de comunicación del Estado, destacan los aviones tipo Sukhoi y los fusiles de asalto tipo AK-103 y AK-104.

Al mismo tiempo, el Estado venezolano comenzó su acercamiento con China. Al inicio, fue una relación modesta, pues Pekín se limitó a proveer principalmente de radares a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, conforme avanzó el lustro, para 2012 los chinos se consolidaron como el principal suministrador armamentístico de Venezuela, principalmente de equipos antidisturbios para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Debido a la constante inestabilidad política del país, sacudido por manifestaciones masivas en contra de las políticas gubernamentales, resultaba de extrema importancia para el Gobierno central la adquisición de material represivo que les permitiera disolver las concentraciones públicas.

Para lograr esa misión, Venezuela destinó 500 millones de dólares a la compañía China North Industries Corporation (Norinco), propiedad en su totalidad del Estado chino, para adquirir cascos, fornituras, chalecos antibalas, escudos y trajes de protección corporal individual usados por los funcionarios de la GNB. El pedido, realizado a finales de 2012, también incluyó la compra de gas lacrimógeno, cartuchos para almacenarlo, escopetas y carabinas lanzagranadas. También sumó la adquisición de diferentes vehículos blindados, según notificó en su momento el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, para aquel entonces comandante general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Norinco diseña sistema represivo de único uso en Venezuela

Para finales de 2012, Venezuela había adquirido 141 unidades de transporte antimotín de la firma Norinco, “para el resguardo del orden público”, de acuerdo con la versión oficial. Se trató de 111 vehículos blindados de reconocimiento y transporte de personal, tipo VN-4 o conocidos como Rinocerontes; 10 más especializados en la disuasión de masas, los WTC-1 o Ballenas, con cañones de agua incorporados; 10 modelos ABV-1 o Murciélagos, antimotines porta barreras; y otros 10 blindados de comando, cuyo tipo no fue especificado.

Los blindados VN-4 se habían fabricado originalmente para operaciones militares, pero las unidades compradas por Venezuela fueron modificadas para controlar disturbios. De esta manera, en lugar de contar con una ametralladora en su techo, tiene un lanzador con nueve cañones de cartuchos lacrimógenos, que también provee Norinco o, en su defecto, los ensambla la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) en alianza con otras empresas.

Durante las jornadas de protestas, los funcionarios de la GNB usaron estos vehículos para acorralar las manifestaciones y, en algunos casos, aplicar métodos como el siguiente:

A ellos se suman los ABV-1, cuyas barreras de tres metros de largo que se extienden desde sus laterales han permitido bloquear calles, avenidas y autopistas. Sin embargo, terminan convirtiéndose en muros que limitan la visión, tanto de los manifestantes como de los guardias, y suelen desencadenar choques directos con decenas de heridos.

Por último, los WTC-1 pueden llegar a causar traumatismos severos, lesiones físicas y en los tejidos corporales, afectaciones mentales o psicológicas y hasta hipotermia a las personas o multitudes contra quienes se dispara los cañones de agua. A sus potentes surtidores, además, se les puede incorporar gas lacrimógeno líquido o colorantes para marcar a las personas, lo cual termina por incrementar los efectos nocivos de los chorros.

De estos últimos, las “ballenas” y los “murciélagos”, solo existe registro de su comercialización en Venezuela; ni siquiera son visibles en los inventarios de la página web de Norinco. Esta situación sugiere que la compañía china fabricó equipos únicos para las autoridades venezolanas y que, posiblemente, se probaron en el país para garantizar su principal función: reprimir protestas.

La cantidad de camiones con cañones de agua antidisturbios que posee Venezuela (los registros indican que eran al menos 10 para finales de 2012, pero pudo haber aumentado con nuevos envíos) contrasta drásticamente con otros países. En España, la Policía Nacional apenas dispone de una unidad comprada en 2014 por un valor de 348.480 euros. Nunca ha sido usada para disolver protestas, pero sí para desinfectar las calles durante la pandemia del Covid-19. También cuenta con seis tanquetas, o Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), según una solicitud de transparencia realizada por el medio digital El Independiente. A diferencia de las tanquetas usadas en Venezuela, a los vehículos españoles se les removió la ametralladora y se les instaló una pala para poder remover barricadas en contextos de manifestaciones públicas. En Reino Unido, por su parte, solo hay seis camiones con cañones de agua disponibles y se requiere que el Parlamento británico autorice su uso.

En Reino Unido, por su parte, solo hay seis camiones con cañones de agua disponibles y se requiere que el Parlamento británico autorice su uso.

Todos juntos, en coordinación, hacen que los blindados obtenidos por el Gobierno chavista conformen un sistema diseñado por Norinco para bloquear y reprimir protestas con violencia. Su accionar quedó expuesto por trabajadores de la empresa en Milipol, la exposición de seguridad interna más importante del mundo, desarrollada en París en 2017. Allí, los representantes chinos reconocieron que sus modelos se usan en Venezuela.

Aunque los registros sobre sus contratos de compra, que incluyen los precios y la cantidad de unidades, no se conocen de forma oficial debido a la opacidad en la administración pública, la aparición de las “ballenas”, los “rinocerontes” y los “murciélagos” ha sido constante para disolver cualquier manifestación pública a lo largo del país.

Desde la primera compra de estos vehículos, en 2012, la flota de VN-4 se ha ampliado hasta casi 200 tanquetas: de 224 unidades exportadas por China públicamente, 194 se destinaron a Venezuela, según Army Guide, una web especializada en asuntos militares. Los 30 restantes los compró la República de Kenia.

Sin embargo, a través de información reseñada por distintos medios de comunicación y dirigentes políticos de la oposición venezolana, se conoció que 150 unidades blindadas arribaron a Puerto Cabello en junio de 2017, durante las jornadas de protestas antigubernamentales que dejaron cientos de muertos y miles de personas heridas. No está claro si se trató de un nuevo contrato entre el Estado venezolano y la empresa china o si fue parte de un envío suscrito previamente en acuerdos comerciales con Norinco.

A pesar de sus dimensiones y atributos potencialmente mortales, el Gobierno venezolano ha destinado recursos para adquirirlos, adaptarlos y mantenerlos. Una operación que, de tomarse en cuenta el valor referencial de adquisiciones en otros países más transparentes, podría costar hasta un millón de dólares por unidad.

Brasil y Europa como antiguos proveedores de antidisturbios

Con tan solo meses de separación, dos de los principales proveedores de elementos antidisturbios de Venezuela dejaron de hacerlo en 2017: Brasil y la Unión Europea. Los fuertes episodios de represión contra las protestas en el país empujaron al gobierno del expresidente Michel Temer y a los estados europeos a establecer embargos sobre la compra de cualquier material que pudiera usarse para la represión interna en el país suramericano.

Una de las afectadas resultó ser la empresa brasileña Condor Tecnologias Não Letais, que se vio obligada a suspender el suministro de bombas lacrimógenas a Venezuela por la decisión del gobierno de su país, que vino luego de una petición de la oposición venezolana de paralizar el servicio “porque hay una masacre en el país”.

Entre 2000 y 2011, Venezuela pagó a Brasil 10’209.671 dólares para la adquisición de bombas, granadas, cartuchos y perdigones, según los datos divulgados por la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil. En total se hicieron diez compras (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011), siendo la de mayor envergadura la realizada en 2008, cuando el Gobierno chavista desembolsó 4,1 millones de dólares por 115 toneladas de material antidisturbios.

Además de esos, no existen más envíos de equipos antidisturbios a Venezuela, al menos según el registro institucional de Brasil. No obstante, en medio de las protestas de 2017, la empresa Condor había pactado una nueva venta para el gobierno chavista en el mes de abril, pero estas “no fueron embarcadas” por la orden posterior del Gobierno brasileño. De hecho, en su momento, una fuente del Ministerio de Defensa aseguró a la agencia EFE que los últimos envíos de gas lacrimógeno se “produjeron hace mucho tiempo” y que el equipo que se usó en Venezuela “no es nuevo”.

Estas afirmaciones quedaron corroboradas en las calles y avenidas de Venezuela. Fueron miles los cartuchos lacrimógenos que los funcionarios de la Guardia Nacional o la Policía Nacional dispararon cada día a lo largo del territorio nacional para disolver los focos de protestas antigubernamentales. Sin embargo, las muestras de los envases recogidas y guardadas por activistas, académicos y manifestantes revelaron el mal estado de los artefactos: algunos no explotaban como deberían y hasta se usaban con su fecha de vencimiento caducada. En una gran mayoría de ellos resaltaba el “hecho en Brasil”, encabezado por el nombre Condor, en referencia al productor de la mercancía y el modelo del dispositivo.

Si tomamos en consideración el precio promedio de mercado de una bomba lacrimógena, alrededor de los 30 dólares por unidad, y suponemos que los 10,2 millones usados para pagar a Brasil por equipos antidisturbios se destinaron exclusivamente a material lacrimógeno, tendríamos que el Gobierno venezolano se hizo con al menos 340.000 bombas en ese período. No obstante, las dificultades para obtener información sobre los contratos de la administración pública venezolana impide conocer con exactitud la cantidad y los costos de los materiales antidisturbios importados.

Condor vende usualmente su gas lacrimógeno en formato calibre, con tamaños de 37/38 mm y 37/40 mm. Esos fueron, precisamente, los cartuchos de agentes químicos que usaron la GNB y la PNB para controlar las manifestaciones, según un documento de la institución castrense al que tuvo acceso Efecto Cocuyo. Son tipos de proyectiles que incluyen cargas triples y múltiples que, al momento de ser disparadas, se dividen en partes para tener una mayor cobertura y evitar que los manifestantes las tiren de vuelta.

Pero su peligrosidad tiende a ser aún mayor si se usan después de la fecha de caducidad, principalmente porque el mecanismo que acciona la bomba tiende a fallar, advierte la profesora de la Universidad de Bournemouth Anna Feigenbaum, que ha investigado durante años los sistemas de producción y efectos para la salud de las bombas lacrimógenas. Usarlas vencidas puede desencadenar, primero, que haya explosiones sobrevenidas que afecten tanto a los funcionarios como a los manifestantes; segundo, que las piezas causen incendios; y tercero, pero no menos importante, que el componente químico quede atrasado con relación a las pruebas y los certificados más recientes de seguridad de este tipo de dispositivos.

España capitalizó el mercado antidisturbios venezolano

En solo nueve años, entre 2005 y 2014, España exportó a Venezuela 5’638.952 euros en equipos antidisturbios, según los registros de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. De esa relación, las Fuerzas Armadas venezolanas se nutrieron con gases lacrimógenos, dispensadores de humo, carabinas, cartuchos, esposas, máscaras antigás y hasta de materia prima para la fabricación de “artificios pirotécnicos no letales”.

Fue una relación comercial que se mantuvo firme hasta 2014, cuando el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy suspendió el acuerdo por la situación de derechos humanos en Venezuela.

Falken SA, una empresa española fundada en 1981, fue protagonista en la relación comercial de materiales antimotines entre España y Venezuela. Especializada en la producción de armas “menos letales”, como el gas lacrimógeno y otros productos para las fuerzas policiales, en 2005 se asoció con la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) para la elaboración conjunta de estos materiales en Venezuela.

Falken, que hasta el año 2020 perteneció al político Ismael Bardisa Jordá, antiguo dirigente del Partido Popular (PP), para 2012 había recibido 46 contratos públicos para proveer al Gobierno español de gas lacrimógeno, grilletes, máscaras antigás y balas de goma (perdigones) por un monto de 15 millones de euros. Si bien la información sobre la empresa es bastante limitada, se conoce que a partir de 2020 pasó a formar parte en su totalidad del Grupo Etienne Lacroix, una empresa francesa especializada en pirotecnia de uso civil y militar.

Después de haber provisto al gobierno español durante años, Falken se abrió mercado en la Venezuela del presidente Hugo Chávez. No obstante, el gas lacrimógeno que se le compraba a España se terminaba ensamblando dentro de cartuchos usados para reprimir protestas en el país. Y contrariando los estándares internacionales, la mayoría de los envases recolectados por activistas, académicos y manifestantes no indicaban la fecha de producción ni de vencimiento.

Falken ha registrado ganancias operacionales de hasta 14,3 millones de euros, su máximo histórico registrado en 2014. Para finales de 2020 tuvo activos consolidados por 1,4 millones de euros, según un reporte financiero visto por la alianza investigativa de El Negocio de la Represión.

Efecto Cocuyo intentó comunicarse con Falken SA para aclarar el estatus de sus acuerdos comerciales con Venezuela, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. Por su parte, se le solicitó información más detallada sobre los productos antidisturbios exportados a Venezuela en los últimos 20 años al gobierno español, pero este desestimó la petición por considerarla información comercial y de seguridad nacional.

Una industria opaca y con escasa supervisión

La industria del control de equipos antidisturbios está marcada por la falta de transparencia, dice la profesora Feigenbaum. Si bien las ventas internacionales de material antimotín pasan por la supervisión y aprobación de los Ministerios de Exteriores y Defensa de cada país productor, la académica afirma que no suelen desarrollarse informes sobre el uso posterior de estos mecanismos y las cifras de ventas por producto tampoco suelen ser públicas. Esta situación, advierte, ocasiona que en países como Venezuela, donde los funcionarios no han cumplido a cabalidad con el uso de buenas prácticas de equipos antidisturbios – entiéndase: disparar las bombas lacrimógenas a una distancia prudencial de los manifestantes y no hacia ellos, sino hacia el aire, por ejemplo –, las consecuencias del uso de bombas lacrimógenas alcance un nivel letal.

Los casos de Juan Pablo Pernalete, que fue asesinado por un disparo de lacrimógena que le impactó en el pecho; Rufo Chacón, que perdió ambos ojos luego de que un funcionario le disparara perdigones a quemarropa sobre su rostro; y Óscar Navarrete, que quedó en estado vegetativo luego de que, al igual que Pernalete, fuera golpeado en el pecho por un cartucho lacrimógeno, son historias que ha documentado esta investigación que demuestran que en Venezuela no se cumplieron varios protocolos nacionales e internacionales de seguridad en el uso de los equipos antidisturbios.

Fotos: Iván Reyes

Recursos gráficos: Miguel Rodríguez Drescher