¿Cuánto nos cuestan las bombas lacrimógenas? El precio oscila entre $ 11,5 y $ 37 en los contratos públicos
Al menos 16,4 millones de dólares ha gastado el Estado en los últimos siete años para la adquisición de equipos antimotines, y de armas y municiones no letales, pero no todos los contratos son de acceso público.
La Policía lanzó cerca de 40.000 bombas lacrimógenas y perdigones contra los manifestantes en las últimas movilizaciones nacionales, en octubre de 2019. Se reportaron seis muertos, de los cuales al menos cuatro habrían sufrido el impacto de esas municiones. Otros 22 tuvieron lesiones severas; perdieron un ojo o la vista completa, o quedaron con alguna discapacidad.
Ese fue el saldo humano de las bombas lacrimógenas adquiridas por el Estado. Su costo monetario es difícil de establecer, pues hay contratos que han sido declarados confidenciales por temas de seguridad nacional y en los que sí son públicos el precio de cada bomba varía mucho.
EL UNIVERSO analizó los contratos de municiones no letales y equipos antimotines que están disponibles en el portal de Compras Públicas y otros repositorios abiertos. Este trabajo hace parte de la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión que realizó este Diario en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y otros nueve medios de la región.
EL UNIVERSO encontró que el cartucho lacrimógeno de largo alcance de calibre 37 y 38 milímetros tuvo un precio que varía entre los 11,5 dólares y los 37 dólares, una diferencia que supera el triple.
Un comercializador de estos productos explicó que los cartuchos de calibre 37, de 38 y de 37/38 tienen la misma carga de gas y tienen el mismo alcance, por lo que no debería haber diferencia en su precio.
Agregó que la única diferencia significativa que podría afectar el costo es que hay unos cartuchos fabricados en aluminio y otros en polímero, siendo los primeros los más caros. Las nuevas normas internacionales, especificó la misma fuente, exigen el uso de cartuchos de polímero pues son menos peligrosos ante un posible impacto contra un manifestante. Estas municiones se lanzan con una escopeta que se la conoce como truflay.
La compra estatal más barata -la de 11,50 dólares por cartucho- fue de municiones fabricadas en aluminio, es decir, el material más costoso del mercado; mientras que en la compra más cara -la de 37 dólares por cartucho- se desconoce el tipo de material, pues los documentos públicos disponibles no lo especifican.
La adquisición más cara la hizo el Ministerio de Gobierno, en la época de José Serrano Salgado, en 2015. El contrato lo firmó la entonces coordinadora general administrativa financiera, María Paula Christiansen Delgado, que ahora reside en Miami (Florida, Estados Unidos).
El proveedor fue Juan Francisco Herdoíza Palacios, distribuidor autorizado de la empresa estadounidense Combined System Inc. Él obtuvo al menos cuatro contratos directos, sin concurso, durante la gestión de Serrano, que sumaron un total de 11,5 millones de dólares. Herdoíza no dio una entrevista al respecto a este Diario, por complicaciones en su agenda.
El contrato más caro otorgado a Herdoíza fue por la compra de 3.000 trajes robocop para policías, por 7,4 millones de dólares. Cada traje costó 2.467 dólares, una cifra muy superior a las de otros tres contratos disponibles en Compras Públicas, donde el precio de cada uno osciló entre los 357 y los 1.557 dólares.
Pese a su costo, es posible que los trajes vendidos por Herdoíza no hayan sido usados hasta hoy por una disputa legal que aún no se resuelve. Estos trajes incluían overol de material retardante al fuego, botas tácticas con punta de acero, escudo de policarbonato, pasamontaña, guantes de materiales kevlar y nomex, casco antimotín y tolete.
Otro producto que tiene una importante variación de precio es el cartucho aturdidor de 12 milímetros, que oscila entre los 1,4 y los 3,5 dólares por unidad, es decir, una variación de más del doble. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adquirió las municiones más baratas y la Armada Nacional, las más caras. En ambos contratos el proveedor fue el mismo, la empresa pública ecuatoriana Santa Bárbara, que sigue los lineamientos del Ministerio de Defensa.
Una emergencia para tapar otra
El 2015 fue un año complicado para el gobierno del entonces presidente Rafael Correa Delgado. La caída del precio del petróleo, principal fuente de ingresos fiscales, llevó al gobierno a tomar varias medidas económicas impopulares, como el impuesto a la herencia, a la plusvalía y a la importación de ciertos productos.
Las primeras protestas aparecieron en junio de ese año, pero se apagaron por la visita del papa Francisco al país.
En agosto, la movilización retomó fuerza. Cientos de manifestantes del movimiento indígena entraron a Quito y las movilizaciones al Centro Histórico de la ciudad, donde se encuentra el palacio presidencial, se hicieron multitudinarias. Solo la naturaleza pudo contener las protestas. El 14 de agosto, el volcán Cotopaxi amaneció con una columna de ceniza de 5 kilómetros de altura, una postal nunca antes vista. Los campesinos dejaron la capital y fueron a cuidar sus cultivos. Al día siguiente, Correa decretó un estado de excepción.
Al parecer, las manifestaciones dejaron sin recursos a la Policía. El 20 de agosto, el entonces ministro de Seguridad Interna y Externa, César Navas Vera, remitió un oficio al Ministerio del Interior ordenando que se asegurara de que la Policía contara con equipamiento antimotines a la mayor brevedad posible.
Para ese entonces, el Ministerio del Interior llevaba casi tres años en emergencia institucional, una figura legal que le permitía hacer contratos directos, sin concurso.
Serrano declaró esa emergencia en enero de 2013 por solicitud del entonces director del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Alfonso Sornoza Macías, quien en un oficio indicó que no hacerlo podría “afectar gravemente el desempeño y operatividad de las unidades de la Policía Nacional del Ecuador, en su lucha constante contra la delincuencia común y organizada”.
Al inicio, la decisión de Serrano era mantener la emergencia por seis meses, pero la renovó por 90 días más en dos ocasiones, hasta que en noviembre de 2013 ordenó extenderla de forma indefinida “hasta que sea mitigada”. Esta resolución no estableció qué parámetros se iban a medir para conocer cuándo debía terminar la emergencia.
De esta manera, la emergencia que en un principio estaba pensada para combatir la delincuencia común y organizada, sirvió para atender la orden del ministro Navas y comprar equipos antimotines que serían utilizados contra manifestaciones civiles.
Las compras estuvieron a cargo de María Paula Christiansen. Se suscribieron al menos cuatro contratos con Juan Francisco Herdoíza Palacios para adquirir vehículos, escudos blindados, trajes robocop, y armas y municiones no letales. El total llegó a los 11,5 millones de dólares.
La canadiense Inka Armored Vehicle Manufacturing Corp. fue la fabricante de los vehículos y los escudos; la colombiana Imdicol Ltda., de los trajes robocop; y la estadounidense Combined System Inc., de las armas y municiones no letales. En los documentos, Herdoíza aparece como distribuidor autorizado de estas tres compañías.
En el contrato de armas y municiones no letales se vendió el cartucho lacrimógeno de 38 milímetros a 37 dólares por unidad, el precio más caro de todas compras analizadas por EL UNIVERSO. El contrato ascendió a casi medio millón de dólares. Se adquirieron 100 escopetas lanza gases, 5.000 cartuchos lacrimógenos de diferente tipo y 3.000 granadas lacrimógenas.
Sobre el contrato de los trajes robocop persiste un juicio hasta hoy. Se firmó en septiembre de 2015, con un plazo de cinco meses, pero los productos se entregaron recién en abril de 2017, cuando al frente del Ministerio del Interior estaba Diego Fuentes Acosta (cercano a Serrano), según señaló el propio contratista en una demanda judicial que presentó a fines de 2019.
En esta demanda, Herdoíza exigía el pago del 30 % del contrato, que no había recibido. En su descargo, el Ministerio de Gobierno argumentó que en sus archivos no había el acta de entrega - recepción de los trajes. Un tribunal de lo Contencioso y Administrativo le dio la razón a Herdoíza en diciembre del año pasado, pero el Ministerio presentó un recurso de casación que no ha sido resuelto.
El manto de la confidencialidad
El desabastecimiento de recursos en la bodega de la Policía Nacional se repitió luego de otra crisis política: las protestas de octubre de 2019, en el gobierno de Lenín Moreno. Fueron 11 días de manifestaciones, las más violentas de los últimos 15 años.
El control de esas manifestaciones se llevó a cabo desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que fue establecido en la Comandancia de la Policía. Un informe de ese organismo sostiene que se usaron unas 38.600 municiones no letales de todo tipo para reprimir las protestas.
En ese documento se menciona que la Policía contaba con algunas municiones adquiridas por el Ministerio de Gobierno en febrero de 2019. Sin embargo, en el portal de Compras Públicas no existe un contrato con esas características.
Ese informe lleva la firma del entonces director general de Operaciones, Patricio Carrillo Rosero, actual ministro del Interior, quien no respondió a una solicitud de acceso a la información pública realizada por EL UNIVERSO ni tampoco accedió a un pedido de entrevista. Tampoco lo hizo la Comandancia General de Policía.
En esa época, el Ministerio de Gobierno estaba bajo el mando de María Paula Romo. Ella indicó a este Diario que en su gestión se hicieron compras directamente a los fabricantes internacionales para no pasar por los intermediarios locales, lo que encarecía el costo.
Romo confirmó que el Ministerio creó en su sitio web una plataforma de compras internacionales, que se declararon confidenciales por asuntos de seguridad nacional. Sobre este tema se pidió una entrevista a la actual directora del Sercop, María Sara Jijón, pero tampoco respondió.
Mientras fue ministra, explicó Romo en una entrevista, se firmó un contrato con la empresa brasileña Condor Tecnologias Nao-Letais para comprar 103.360 municiones no letales de varios tipos, 200 escopetas lanzagases y 500 pistolas de energía conducida, por un valor de 2,8 millones de dólares.
Entre esas municiones había 14.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37/38 milímetros de largo alcance, cuyo precio unitario alcanzó los 12 dólares, según Romo, es decir, menos de la mitad de los 37 dólares que costaron los comprados a Herdoíza en 2015.
En el portal de Compras Públicas hay otro contrato con un precio menor. Se trata de una adquisición realizada el año pasado por la empresa pública Santa Bárbara a la compañía ecuatoriana Americaswat Store Cia. Ltda., como distribuidora autorizada de la fabricante estadounidense Nonlethal Technologies Inc. En esta compra, cada cartucho de ese tipo se vendió en 11,50 dólares. También se compraron bombas de corto alcance y granadas. El contrato ascendió a 237.570 dólares.
Otra adquisición llamativa no solo por su alto precio sino también por la gran cantidad de material se realizó tras las protestas de octubre de 2019. La Fuerza Terrestre intentó reabastecerse con una compra de 179.000 municiones no letales de todo tipo, entre ellas, 50.000 cartuchos lacrimógenos de 37 milímetros de largo alcance, por 25 dólares cada una.
La Fuerza Terrestre adjudicó el contrato a la compañía estadounidense Sourcing Group Corp, domiciliada en Florida, pese a que había ofertas más bajas, debido a que esta empresa proponía entregar el material más rápido. Sin embargo, los productos no lograron llegar a Ecuador porque se desató la pandemia del COVID-19 y quedaron varados en puertos extranjeros. Por esa razón, la Fuerza Terrestre terminó unilateralmente el contrato.
Se desconoce si el Ejército logró reabastecerse ni cómo lo habría hecho, pues en el portal de Compras Públicas no hay otro contrato de este tipo. EL UNIVERSO solicitó al Comando Conjunto una entrevista para tratar este asunto, pero fue negada con el argumento de que es información reservada.