Armas no letales para un gobierno boliviano en dificultades
Ante la persistente movilización y protesta en las calles, en noviembre de 2019, el gobierno boliviano pidió colaboración a los gobiernos de Macri en Argentina y de Moreno en Ecuador para que le prestaran armas antimotines para reprimir. Una minuciosa investigación de El Deber (Bolivia), Anfibia (Argentina) y El Universo (Ecuador) revela cómo se hicieron estos préstamos entre amigos ideológicos. Esta historia hace parte del trabajo colaborativo y transfronterizo El Negocio de la Represión realizado con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros siete medios del continente.
La urbanización de El Pedregal, 14 kilómetros al sur de La Paz, amanece en un clima de tensión. Hace 21 días que Evo Morales fue reelegido nuevamente presidente de Bolivia. Hace 21 días que Bolivia es un caos de violencia y represión. Denuncias de fraude. Denuncias de un golpe de Estado en marcha. El país estalló en choques entre militantes del MAS y opositores de todos los colores. Como en otras ciudades, al mismo tiempo, pasadas las primeras horas de ese 11 de noviembre de 2019, la tensión en El Pedregal se vuelve estallido. Algunos vecinos salen a las calles. Otros, como Percy Noguera, de 32 años, observan desde las ventanas de sus casas. Hasta que no aguanta más y se suma a las manifestaciones.
Frida Conde Noguera se entera por los medios de comunicación que su hermano Percy murió ese mismo día. Lo escuchó en la radio. Hablaban de choques en las calles. De enfrentamientos. De lo que sucedía en El Pedregal. Hablaban de muertos. Frida no le cree al locutor. Tiene la esperanza de encontrar vivo a Percy. Sale de su casa en el barrio de Villa Fátima y camina hasta el sur de La Paz, donde había escuchado que su hermano yacía muerto.
Después de esquivar los retenes de los opositores a Morales, logra llegar a El Pedregal. Sube y baja las empinadas calles, casi todas empedradas, con la esperanza de hallarlo con vida. Los policías que estaban ahí le dicen que no hay ningún muerto. Pero una mujer de pollera se le acerca y le muestra el lugar dónde está su hermano. Percy, envuelto en dos bolsas de yute, yace sin vida en medio de unos arbustos. Horas antes, el lugar había sido el escenario de una represión policial. Luego se enteraría de que fue asesinado ese día a las 10:30, que no era parte de los manifestantes y que los vecinos le insistieron para que saliera a las calles. Hoy, en diálogo con esta alianza periodística, cree que los policías intentaron ocultar el cadáver.
Ese día en El Pedregal también murió Paulino Condori Aruni, de 21 años, a causa de un “traumatismo torácico penetrante (provocado) por un proyectil de arma de fuego”, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Sus familiares creen que a Condori le quitaron la vida los perdigones metálicos disparados por la Policía boliviana. Como el proyectil atravesó el cuerpo de lado a lado y no pudo ser hallado, la investigación no determinó con qué arma le dispararon. Además, la fuerza policial negó el uso de armas de fuego reglamentarias.
Así como en El Pedregal, en varias zonas de La Paz y en el resto de Bolivia hay marchas, bloqueos, toma de instituciones, enfrentamientos entre afines y contrarios al Movimento al Socialismo (MAS), el partido que lidera Evo Morales, y represión.
La calle es un fuego y las manifestaciones se extienden por todo el país. Los jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas están preocupados: los almacenes se están vaciando rápidamente y temen que no alcancen las balas de goma y los gases lacrimógenos para detener tantas protestas. Bolivia no fabrica armas ni municiones químicas.
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Mauricio Macri está a punto de despedirse como presidente de Argentina. Falta menos de un mes para que le ceda el bastón y la banda a Alberto Fernández. Ahora, en esta mañana del 12 de noviembre de 2019, conversa en su oficina con el canciller Jorge Faurie. Será una de las últimas veces que se encuentren en la Casa Rosada. Del otro lado de la pared, en el despacho del jefe de gabinete, Marcos Peña, se prepara un cónclave mayor.
Las tres secretarias de Peña acomodan varias sillas alrededor de la mesa. La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, llega puntual: 12:25. Media hora después lo hace su jefe de gabinete, Gerardo Milman. Enseguida aparecen el número dos de Seguridad, Eugenio Burzaco, y su hombre de mayor confianza, Darío Oroquieta. El resto llega diez minutos después. Son el Director Nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, y los jefes de las otras tres fuerzas de seguridad interior: el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; Eduardo Scarzello, de la Prefectura Nacional Naval; y Alejandro Itzcovich Griot, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ayudante de órdenes del jefe de gendarmería llega con la reunión empezada.
Son las 12:51 del mediodía.
Al menos por el momento, las autoridades del gobierno saliente no esperan una gran movilización a la Casa de Gobierno. ¿Cuál es, entonces, el conflicto que está a punto de estallar?
Los únicos disturbios de los que hablan los diarios argentinos suceden a 2.600 kilómetros de ahí, en la ciudad de La Paz. Este 12 de noviembre terminará con una noticia que conmociona a la región: el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su vice, Álvaro García Linera, acaban de aterrizar en México como refugiados políticos. Mientras tanto, en el Aeropuerto de El Palomar, provincia de Buenos Aires, once gendarmes del grupo de élite Alacrán cargan sus armas. El resto de sus pertrechos los sube personal de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). La nueva misión está en marcha.
Se están por subir al Hércules C-130, el avión más grande de la FAA, para proteger a la embajada en La Paz de los disturbios en las calles. Todo esto lo confirman las declaraciones de los gendarmes ante la Justicia argentina.
A último momento, una nota de Gendarmería pide que agreguen un segundo cargamento, la mayoría de este lleva el sello de Fabricaciones Militares. Los funcionarios de la Anmac -la oficina que registra, fiscaliza y controlas las actividades con armas de fuego- no ven ninguna irregularidad. La nota está firmada por Rubén Yavorsky, director de Logística de Gendarmería. Lleva día y hora: martes 12 de noviembre de 2019, exactamente a las 13:06, apenas 15 minutos después del comienzo de la cumbre de seguridad en la oficina de Marcos Peña.
La lista del nuevo material solicitado por Yavorsky dice: 70.000 cartuchos antimotines, 100 spray gas pimienta y 700 granadas de gas. El argumento es defender el palacio de la Calle Aspiazu 497 de la revuelta que forzó la renuncia súbita de Morales y la cuestionada y rápida toma del poder de una de sus férreas opositoras, la senadora Jeanine Áñez, en Bolivia.
La relación con lo que suele usarse para reprimir una manifestación es llamativa. Un gendarme aporta el dato en off. El 14 de diciembre de 2017, en vísperas del debate por la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, la Plaza del Congreso se llenó de organizaciones sociales y partidos de izquierda que rechazaban el proyecto de ley. Gendarmería respondió con palazos, gases y balas de goma en una represión que duró desde la mañana hasta que cayó el sol. Con 162 heridos y 60 detenidos, fue la mayor represión en los cuatro años del gobierno de Macri. Ese día, cuenta el gendarme, la fuerza utilizó 5.000 cartuchos antimotines. Ahora, decía el documento, se necesitan 70.000 para frenar las eventuales protestas frente a la Embajada Argentina.
El cargamento enviado es apenas una parte del material que compró el gobierno argentino en diciembre de 2018 con la excusa de posibles protestas violentas en el marco de la cumbre del G20 que reunió a los presidentes más poderosos del mundo en Buenos Aires.
Cuando los alacranes llegan a La Paz, toman sus pertenencias y se dividen: algunos hacia la sede diplomática, otros a la casa del embajador. En el aeropuerto quedan los elementos antimotines destinados a la FAB. El cargamento dirigido a la Policía Boliviana ya fue cargado en una camioneta. Cuando la calma vuelva al país, el grupo de élite volverá a la Argentina con todo el equipo, las armas y las municiones. El segundo envío no.
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Hace algunas horas que Evo Morales está en la ciudad de México, donde se quedará tres meses antes de viajar a Buenos Aires para asentar su asilo político junto a García Linera.
A 5.554 kilómetros de la capital azteca, la senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez asume la presidencia en una sesión improvisada. El teniente coronel Rolando Gallardo, miembro de la Casa Militar, le coloca la banda presidencial. Apenas pasaron 24 horas de la represión de El Pedregal donde, además de Aruni y Noguera, fue asesinado Juan Marín Félix Taco, de 18 años. Es 12 de noviembre. A presidente ido, presidente puesto.
Una parte de la ciudadanía masifica su presencia en las calles como expresión de apoyo al líder cocalero y repudio a lo que consideran un golpe de Estado. Otra parte, que concuerda con la investigación de la OEA, asegura que hubo fraude para reelegir a Morales y aplaude el mandato de su opositora Áñez. Mientras tanto, la Policía reprime y empieza a agotar el diezmado armamento antidisturbios que queda en sus almacenes.
Para las primeras horas del 13 de noviembre la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana reciben una buena noticia. El avión Hércules C-130 dejó un cargamento especial en el aeropuerto de El Alto. El entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, presencia la entrega de material antitumulto a las fuerzas bolivianas. La división no está estipulada por ningún documento y abre una discusión entre los jefes de la Policía y los de la Fuerza Aérea. ¿Cuánto se lleva cada uno?
La situación es tensa y hay poco tiempo. Los gendarmes argentinos ya abandonaron el lugar y están en camino rumbo a la embajada y a la residencia oficial del embajador. Salvo uno, que no vino en ese avión ni necesitó la autorización de la ministra Bullrich para estar en el hangar. Se llama Héctor Adolfo Caliba, tiene rango de comandante y cumple funciones como agregado militar en Bolivia desde antes de la crisis. Responde directamente al número uno de Gendarmería. Como enlace entre las fuerzas de seguridad bolivianas y las argentinas, Caliba tiene la confianza del jefe, y, además, sabe perfectamente lo que necesita la Policía local.
Por el momento, Caliba es el hombre clave para que se concrete la operación. En el aeropuerto de El Alto todavía es de noche. A pesar de la hora, hay un movimiento inusual. El Hércules C-130 ya está sobre la pista. La puerta de la bodega está abierta. Los motores del avión quedarán en marcha durante toda la estadía en Bolivia. En total, una hora y media.
El funcionario de mayor rango en el lugar es el embajador Álvarez García. Lo asisten dos secretarios de la Embajada. Pero Caliba tiene la voz de mando. La misión que tiene cumplir es doble: evacuar al resto del personal de la Embajada Argentina en Bolivia por un lado y, por el otro, coordinar la entrega del material antidisturbios con la Policía local. La primera parte del plan se cumple sin inconvenientes.
Entregar el cargamento será un poco más complejo. En el mismo lugar se encuentra otro agregado militar argentino: el capitán de navío Miguel Ángel Alonso, nombrado en misión permanente desde 2017 y con fuertes relaciones con la Fuerza Aérea Boliviana. Caliba y Alonso se cruzan en una discusión por el destino del cargamento.
Caliba puede tener la voz de mando, pero Alonso lleva más tiempo en el país. Finalmente, la Policía se queda con 26.900 cartuchos 12/70. Las fuerzas armadas se quedaron con más de 40.000 de las mismas municiones.
Desde Bolivia minimizan el impacto de podría tener este cargamento. “El envío argentino no alcanzaba para aprovisionar ni a un regimiento, si se toma en cuenta que las FFAA bolivianas tienen 50.000 hombres”, dijo el experto en armas y defensa Samuel Montaño.
Un hombre observa la escena. Es Jorge Salinas Berríos, jefe de seguridad de la Embajada Argentina en Bolivia. “En ese momento vi que estaban bajando unas cajas con un montacargas. Las mismas fueron llevadas a la entrada de una plataforma donde se procedió a cargar el montacargas a una camioneta de la Policía”, relataría tiempo después en una escueta declaración ante la comisión de investigadores en la Fiscalía de La Paz.
En ese entonces Salinas Berríos llevaba más de 20 años trabajando en la embajada. “Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto y me dijeron, los policías que estaban cargando, que los gases y las municiones eran pesados”, agregaría el funcionario en su declaración judicial. “Después dejaron de cargar el resto de las cajas, el montacargas lo metió en el hangar de la Fuerza Aérea Boliviana donde guardaban el avión Hércules”.
Además de ver cómo bajaban las cajas con armamento y su distribución, el jefe de seguridad vio a funcionarios y familiares de diplomáticos argentinos reunidos en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el ex hotel Radisson, en pleno centro de La Paz. Esperaban que la Policía Boliviana los escoltara hasta el aeropuerto de El Alto. Era necesario, relató Salinas Berrios, contar con seguridad porque la situación estaba complicada. Él mismo había estado coordinando con el agregado de la Gendarmería en La Paz cómo sería ese traslado.
Horas más tarde, la Embajada Argentina en La Paz recibirá una carta firmada por el general Jorge Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea boliviana. Se dirige a Álvarez García:
Excelentísimo señor embajador:
A tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien a dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia.
La carta de agradecimiento tiene, además, un detallado de todos los ítems recibidos por la Fuerza Aérea: 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas HC.
“Con este motivo reitero al excelentísimo señor embajador, seguridades de mi más alta consideración”, finaliza la carta. No es para menos. En un país al filo de la guerra civil, con el presidente y el vicepresidente en el exilio, con un vacío de poder tras la renuncia de todas las autoridades a las que les correspondía la sucesión constitucional, las calles de las principales ciudades están en un incendio continuo. La posibilidad de reprimir a los que resisten depende de las armas no letales que ese día llegaron en el Hércules.
La carta de agradecimiento del comandante permanecerá en los cajones diplomáticos de la sede argentina hasta el inicio de un nuevo gobierno. El 18 de octubre de 2020 fue elegido Luis Arce, del partido de Morales, como nuevo presidente de Bolivia.
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Todavía es 13 de noviembre. La policía y las FAB ya disponen de suficientes municiones y gases lacrimógenos para afrontar la agudización del levantamiento popular. La presidenta Jeanine Áñez emite un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas intervinientes en operativos “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”.
Hay protestas por todas partes. Pasado el mediodía, cerca de 5.000 pobladores del Chapare, la región donde creció Morales, marchan hacia el centro de Cochabamba para repudiar lo que ellos consideran que es un golpe de Estado. El gobierno estrena el decreto que autoriza “la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la sociedad y la conversación de orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana”.
Según la reconstrucción hecha a partir de las investigaciones de la Fiscalía y el relato de las víctimas, poco antes de llegar, a la altura de Sacaba, una falange armada, compuesta por el Ejército y la Policía, les corta el paso. Los manifestantes están sobre el puente Huayllani. Intentan negociar con la Policía, pero, justo en ese momento, cuando todo parece destrabarse, un avión caza de la Fuerza Aérea Boliviana sobrevuela la zona. Se desata la represión. La columna del Chapare nunca llegará a Cochabamba. En resultado son once manifestantes muertos y más de cien heridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un equipo de trabajo especial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para investigar las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal, entre otras.
Sobre Sacaba dijo el informe en julio de 2021: “La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”.
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La campaña del gobierno boliviano para conseguir armas y municiones extiende su alcance hacia Ecuador. Es el 15 de noviembre. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, recibe la llamada y un oficio del ministro de defensa boliviano, Luis Fernando López Julio. Le pide ayuda. Le explica que, debido a la emergencia en que se encuentra su país, no alcanzan las municiones para detener el avance de las manifestaciones.
El gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno accede a la petición del ministro boliviano. Al revés de lo que sucedería con el gobierno de Mauricio Macri, donde el acuerdo incluiría un envío puerta a puerta, el gobierno de Áñez no tendría deliver. Antes de que termine el 16 de noviembre, un avión de la Fuerza Aérea Boliviana aterriza en Quito para retirar lo siguiente: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.398 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Todas municiones fabricadas por la ecuatoriana Santa Bárbara EP y la brasileña Condor. La firma del documento que detalla el cargamento dice: general Fernando Correa Gordillo, director de logística de la Policía de Ecuador.
El avión de la FAB llega a la madrugada del 17 de noviembre a La Paz. Solo dos días después el gobierno boliviano sale a reprimir manifestantes en la localidad de Senkata, en El Alto, a 40 kilómetros de La Paz.
El 19 de noviembre, Senkata amanece militarizada. El gobierno de Áñez tomó la decisión de acabar con la toma de la planta de gas por parte de militantes y dirigentes del MAS. La planta que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene en Senkata es la más importante para abastecer de gas licuado a todo el occidente del país. Con temor al desabastecimiento, el gobierno sacó a la fuerza pública para desalojar a la brava a los que protestan. La medida terminará en masacre. Otra vez 11 muertos y cientos de heridos.
Los gases lacrimógenos y municiones enviados a Bolivia por el entonces presidente ecuatoriano Moreno fueron entregados no solo a la Policía, sino también a las Fuerzas Armadas. Más de un año y medio después, cuando sea detenido y acusado de los delitos de tráfico de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, lo negará: dirá que la despensa de los militares no tenía armamento no letal.
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Los que recibió Bolivia no fueron los únicos préstamos de municiones no letales para reprimir las protestas que retumbaron en Sudamérica en 2019.
En octubre de 2019, cuando Ecuador enfrentaba un paro que había dejado seis muertos y decenas de heridos, Colombia y Perú acudieron a su auxilio. La confirmación de estos préstamos, que no habían sido revelado públicamente antes, aparece en tres documentos oficiales del gobierno y la policía de Ecuador y también, curiosamente, en uno del gobierno de Bolivia.
El informe del gobierno boliviano corrobora el préstamo que realizó Colombia a Ecuador. El 18 de diciembre de 2019, el agregado militar de la embajada de Bolivia en Quito le envió un informe a su jefe en La Paz, el ministro de defensa Luis Fernando López, sobre la deuda que tenía su país con Ecuador por el préstamo de granadas y proyectiles un mes atrás. (López está hoy prófugo de la justicia por este y un caso de corrupción).
Para ese momento, Colombia ya estaba cerca de cumplir un mes de movilizaciones de su propio paro nacional, que solo en su primera jornada de represión —la del 21 de noviembre— contaba tres muertos y 120 heridos.
En esa carta escrita tres semanas después del inicio de las protestas en Colombia, el agregado boliviano, el coronel José Luis Frías Cordero, le dijo al ministro del gobierno Áñez que Ecuador necesitaba con rapidez la devolución del material que les había enviado prestado.
No se sabe si todas las armas y las municiones ya las habían usado en las calles bolivianas, pero no existe evidencia de que las hayan devuelto.
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Recién dos años después de la salida forzada de Evo Morales, el gobierno electo de Bolivia dirigido por Luis Arce dará a conocer la carta de agradecimiento por el envío de armamento argentino que compromete, al menos hasta el momento, al comandante general Terceros Lara, a su segundo, a los gendarmes argentinos que trajeron los pertrechos militares, al presidente Mauricio Macri y a la plana mayor de su gabinete.
“Buscamos la carta a partir de un pedido de Cancillería boliviana, que tenía indicios de colaboración de algunos países en los días del golpe”, explicó el nuevo embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. “Lo primero que hicimos fue ir a buscarla al archivo del embajador, que es lo que corresponde. No había cable ni mensaje a la Cancillería, que es lo que se suele hacer. La encontramos en el archivo general”, detalla Basteiro desde La Paz. Según la hipótesis del actual gobierno argentino, una copia quedaría a manos del gobierno boliviano y la otra en la Justicia argentina.
Para Sabina Frederic, entonces ministra de seguridad argentina, no hay dudas sobre la veracidad de la carta, pero señala un matiz. “Primero, la carta es auténtica. Luego hay que aclarar que hay dos versiones, una sin la recepción del ayudante del agregado naval adjunto de Argentina y otra con su firma. La carta fue la vía de acceso a todo el episodio. Sin ella, hubiera sido muy difícil desarmar toda la trama. No es el único elemento, porque en la embajada ya había información, pero sí fue una evidencia central”, dice.
Con el documento en la mano, los gobiernos de ambos países abrieron una investigación. Dieron con testigos que ayudaron a reconstruir la llegada de ambos cargamentos, hallaron las casi 30.000 balas de goma y los spray lacrimógenos que la Policía boliviana tenía en uno de sus almacenes y encontraron los 40 mil cartuchos que recibió la Fuerza Aérea. También los memos oficiales y los correos electrónicos que comprometen a muchos funcionarios y gendarmes argentinos.
Hoy, Terceros está detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. El ex jefe militar fue condenado, en un juicio abreviado, a tres años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, asociados a su papel en los días de la crisis. También está formalmente imputadao-junto al excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, y al exdirector de Ceremonial del Estado, Álvaro Guillermo Tapia Solares- del delito de tráfico ilícito de armas por su participación en la recepción del armamento argentino.
Jorge Santisteban, quien fue abogado de Terceros antes de que éste decidiera someterse al proceso abreviado, pidió a las autoridades ver la carta original del entonces comandante de la FAB. “No hubo respuesta de ninguna entidad”, dice Santisteban. “Esa denuncia que le hacen (a Terceros) por ese motivo del recibimiento de armas no ha prosperado porque el planteamiento de la acusación o de la imputación se lo hacen sobre la toma de una fotografía de un periódico, o sea, la carta original no la presentaron. Yo soy testigo de eso”, dijo Santisteban, quien explicó que Terceros asegura que su firma fue adulterada.
Además, Sansisteban dijo que era falso que las Fuerzas Armadas necesitaban material antimotines porque no se dedican a repeler motines. El argumento de la defensa contrasta con el decreto que autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en protestas y los resultados de las investigaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un equipo de trabajo especial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para investigar las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal, entre otras. Sobre Sacaba dijo el informe en julio de 2021: “La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”. Si Bolivia no fabrica armas de composición química, ¿de dónde provinieron las granadas de gas?
Para Basteiro, embajador argentino en Bolivia, esas granadas podrían ser las mismas que fueron custodiadas por los gendarmes desde El Palomar hasta La Paz. “Las municiones (enviadas por el gobierno de Macri) pudieron haber sido utilizadas cada vez que la Fuerza Aérea participó de represiones, como en Sacaba y Senkata, aunque no tengo pruebas fehacientes para asegurar que esas municiones provocaron muertos bolivianos”.
A dos años y medio de los envíos de armas no letales a Bolivia, las investigaciones judiciales avanzaron tímidamente. A pesar de las contundencias de las pruebas, todavía exfuncionario político fue citado ante la justicia por este delito. Al día de hoy tampoco hay certezas de que el armamento enviado haya sido utilizado para reprimir al pueblo boliviano.