El ministro, sus amigos y la trama corrupta en la compra de gas lacrimógeno

Hombre de negocios y político

Arturo Carlos Murillo Prijic nació el 27 de diciembre de 1963 en Cochabamba, un departamento en el corazón del mapa de Bolivia. Es un empresario y político autodidacta, hecho a sí mismo. Tiene un pasado rimbombante. Empezó a trabajar a sus 15 años y acabó la escuela pasando clases nocturnas. Nunca ingresó a la universidad, pero con los negocios se dio el lujo de ser un corredor de automóviles. Así recorrió Bolivia y países vecinos con su selecto grupo de amigos, quienes lo llamaban el “Trompo”.

Es hijo del destacado político Gustavo Sánchez Salazar, conocido en el mundo de la política boliviana como el “Chino Sánchez”. Murillo no lleva su apellido por algunas pugnas familiares. Poco aprendió de su padre. El “Chino Sánchez” fue un destacado periodista que realizó importantes coberturas, una de ellas sobre la guerrilla que comandó Ernesto “Che” Guevara en los valles cruceños de Bolivia en 1967.

Una vez retornó la democracia, el “Chino Sánchez” fue nombrado viceministro y luego ministro del interior en el gobierno de Hernán Siles Zuazo, haciéndose famoso por haber detenido y enviado a Francia al nazi Klaus Barbie Altmann, aquel militar alemán conocido como el “Carnicero de Lyon”. Ese mismo ministerio fue el que ocupó su hijo a finales de 2019 y buena parte de 2020.

Un dato más de la familia: Vladimir Sánchez, quien fuera alta autoridad en el gobierno de Evo Morales, como ministro de Obras Públicas, es hermanastro de Arturo Murillo.

Murillo fue empresario hotelero antes de ingresar a la política. Y lo único que tiene en común con Evo Morales, su enemigo político, es que se enamoraron de un mismo paisaje tropical: el Chapare cochabambino, donde Evo hizo sus armas sindicales como dirigente cocalero y Murillo construyó su hotel de lujo.

En esa inmensa vegetación tropical, que es dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, Murillo se animó a ser dirigente de los empresarios hoteleros de la región. Tuvo varios contactos con Morales cuando ambos vivían en el trópico, pero también tuvieron desacuerdos.

Hizo su incursión en la política en 2006 de la mano de su “padrino político”, el empresario y líder del partido Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, quien lo bautizó como “El Bolas” por su carácter temperamental. Ese carácter y su desprecio por sus opositores, le hicieron protagonista de varias polémicas, ganador de aplausos y de severas críticas.

Fue diputado por el departamento de Cochabamba desde 2006 hasta 2010. Luego se postuló a la Alcaldía de Cochabamba, pero perdió. Continuó activo en la política como opositor al MAS hasta 2015, cuando llegó al Senado por la alianza política Unidad Demócrata (UD).

Es en esa etapa cuando se registraron las fallidas elecciones de 2019, Evo Morales renunció a la Presidencia y Jeanine Áñez asumió el mando de Bolivia y lo invitó a formar parte de su gabinete como ministro de gobierno.

La investigación “El Negocio de la Represión”, en la que participó EL DEBER junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región, desvela que Murillo, en su papel de alto funcionario de Estado, hizo que el aparato estatal se alineara a su favor para desviar 2,3 millones de dólares de una compra de gas lacrimógeno de Brasil que ya estaba en curso.

Un país en crisis y una Policía sin gases, la oportunidad de Murillo

El centro de la ciudad de La Paz era prácticamente un infierno. Fuego en muchas calles y una convulsión que no tenía control. En el resto del país las marchas y los bloqueos de caminos ya llevaban 20 días. Eran las 16:51 del domingo 10 de noviembre de 2019, la crisis política estaba llegando a su cúspide. Desde el Chapare cochabambino Evo Morales renunciaba a la Presidencia de Bolivia. El hilo que lo sostenía tras una fuerte convulsión social que estalló tras las fallidas elecciones del 20 de octubre se había roto. En esa jornada empezaba una nueva etapa de esa brutal crisis que vivió Bolivia.

La gente que apoyaba al MAS no podía creer que su líder había renunciado. Salió a las calles y se desahogó con lo primero que encontró. La ciudad de El Alto, vecina de La Paz, se volvió escenario de fuertes enfrentamientos. No había poder político. La Policía no tenía recursos. Había sido rebasada. En las laderas de La Paz, la sede de Gobierno de Bolivia, pasaba lo mismo. Saqueos, violencia y quemas de viviendas. Ese día en que Evo dimitió pocas familias durmieron. Ya había tres muertos antes de su renuncia, dos en Montero (Santa Cruz) y uno en Quillacollo (Cochabamba).

Antes de irse había intentado pacificar el país. Ese mismo día había prometido nuevas elecciones con nuevos vocales electorales y juró que él no iba a ser candidato del MAS. Eso fue a las 7:00 de ese domingo. Un día antes había convocado a los líderes de oposición al diálogo. Ninguno aceptó. La madrugada del día de su renuncia se conoció un informe preliminar sobre la auditoría a las elecciones del 20 de octubre que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó, a pedido de Evo, y halló “manipulación y parcialidad”. Ya a Evo le quedaba poco por hacer. Incluso, la Policía Boliviana se había amotinado y las Fuerzas Armadas (FFAA) le habían sugerido dar un paso al costado.

En ese escenario llegó Murillo al Ministerio de Gobierno.

La investigación del agente especial Jonathan Eades, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, registra que el 16 de noviembre de 2019, con tres días en el poder, Murillo envió un correo a sus amigos de Estados Unidos Luis Berkman Littman y Bryan Samuel Berkman para que le realizaran una cotización de gas lacrimógeno, pese a que el proceso de compra ya lo había iniciado su antecesor Carlos Romero, por 5,6 millones de dólares y con la empresa brasileña Condor.

Luego, Murillo desactivó las gestiones que estaban en curso. El 26 de noviembre, “mediante nota Cite: MG/DGGA/Nº1463/2019, comunica a la empresa CONDOR que se tomó la decisión de realizar la adquisición de productos no letales por excepción, a través de la empresa intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC (SIC)”, señala el informe de la comisión legislativa que investigó este caso en 2020.

Tres días después, el gobierno de Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, que autorizó la compra del gas lacrimógeno “por excepción”. Ese no sería el único decreto, se promulgaron otros dos más para que los gases fueran adquiridos a través del Ministerio de Defensa, en el exterior del país y que los costos de importación fueran asumidos por el erario nacional.

Amistades, negocios y corrupción

Sergio Méndez Mendizábal es una de las piezas clave del entorno de Murillo. Nació en Cochabamba y hasta antes del escándalo de corrupción era un abogado ligado al rubro inmobiliario. En este ámbito hizo varios negocios con el exministro, de quien era una especie de asesor jurídico.

Cuando Murillo fue designado ministro de Gobierno nombró a Méndez como su jefe de gabinete. Era la persona de confianza y con quien armó el negocio de compra de gases lacrimógenos desde la instancia pública. Ahora, Méndez tiene libertad bajo fianza y una tobillera electrónica que vigila sus pasos.

“Gracias a tantos amigos y gente querida por las palabras de apoyo que nos dieron. Esas palabras significan todo cuando no te queda nada. Es la sensación más horrible del mundo la impotencia de no poder ayudar a quienes amas, separado por la distancia que el exilio nos obligó a tener con mi padre a quien no veo hace mucho tiempo”, escribió Rodrigo Méndez en sus redes sociales cuando su padre fue detenido en Estados Unidos.

Un allegado a la familia Méndez Mendizábal relata que Sergio y Arturo fueron amigos de infancia y que desde temprana edad tenían la obsesión por realizar negocios. Eso los unió en varios emprendimientos. Uno de ellos fue el hotel en el Chapare cochabambino, del que era dueño el exministro.

Méndez creó la firma de abogados Apoyo Abogados & Consultores en la ciudad de Cochabamba. Este equipo jurídico tenía como una de sus especialidades el asesoramiento a empresas dedicadas a bienes raíces. De ahí que se investigue a otra empresa involucrada en este caso: la inmobiliaria El Doral, que tiene sede en Cochabamba y una filial en Santa Cruz de la Sierra, y de la que era accionista otro amigo de Murillo que participó en el soborno.

“Tengo más de 20 años trabajando en el área legal y el bufete de abogados a mi cargo cuenta con 13 años de presencia en el mercado. Como fundador de Apoyo tengo el orgullo de haber organizado un gran equipo humano, muy profesional y altamente competitivo, dedicado a ofrecer servicios legales de calidad”, decía Méndez en una entrevista a un medio cochabambino en octubre de 2016.

Los Berkman

Luis Berkman Littman, junto a su hijo Bryan Samuel Berkman, son dueños de Bravo Tactical Solutions (BTS), unas de sus empresas vinculadas con el comercio de armamento. También figuran como representantes de Army Specs, creada en abril de 2018; International Defense Group Incorporated, creada en enero de 2004; BB Distribution, creada en mayo de 2017; y Juice Monkey, creada en junio de 2011. Todas ellas comparten direcciones de domicilio vinculadas a Bravo Tactical Solutions: “7531 Black Olive Way, Tamarac, Florida, 33321”.

Esa dirección está a una hora de distancia del Centro Federal de Detención (FDC), donde hoy se encuentra encerrado Murillo.

Berkman papá es amigo de infancia del caído ministro y al igual que él, solo llegó a concluir la secundaria. Nació en Cochabamba y en 2012 se hizo ciudadano estadounidense, según declaró ante la Jueza Jacqueline Becerra del Tribunal del Distrito de Florida (Estados Unidos), en su audiencia del 28 de septiembre de 2021.

Berkman y Murillo hicieron negocios en el rubro de importaciones y también fueron socios en asuntos hoteleros. Cuando el exministro lo contactó para hacer negocio con la compra de gases lacrimógenos para reprimir protestas, ya tenía pleno conocimiento de los antecedentes penales que en Bolivia pesaban en contra de su amigo.

En julio de 2001, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas desbarataron una red de traficantes de armas compuesta por militares y civiles. En esa época el grupo irregular pretendía transportar de forma ilegal 50 fusiles y dos metralletas del Ejército boliviano a Paraguay.

En aquella ocasión, de acuerdo a la información del Ejército, se identificó como cabecilla de la banda al amigo de Murillo, Luis Berkman Littman, que en ese entonces tenía el perfil de comerciante y amigo de Gary Suárez Levy, hijo de Roberto Suárez, conocido como “El rey de la cocaína” y allegado a un paraguayo representante de una empresa distribuidora de armas.

También en aquella época, Berkman Littman mantuvo “relaciones comerciales” a nombre del Ministerio de Defensa.

En la investigación que hizo el Ejército se señaló también que un funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) conoció a Berkman Littman a través de un ciudadano estadounidense que trabajaba para la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos en La Paz (NAS). En total ocho civiles y cinco militares fueron involucrados en la red.

Sorpresivamente, después de pasar un tiempo en la cárcel de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, Berkman Littman obtuvo medidas sustitutivas a fines de 2001. Meses después, a mediados de 2002, un juez le concedió la devolución de su fianza y el desarraigo. Con ello el imputado huyó a Estados Unidos antes de que se dictara una sentencia. Esta vez pagó fianza en Estados Unidos y se defiende en libertad.

El caso del tráfico de armas quedó en nada. No hubo más arrestos y sanciones y la investigación se congeló. Berkman Littman siguió ingresando a Bolivia para hacer negocios. Esta vez junto a su hijo, que también pagó fianza por este caso de la compra de los gases lacrimógenos, se dedicaron a la venta de agentes químicos. Su empresa intermediaria negociaba con otras como la brasileña Cóndor.

“Philip está con nosotros (tarifa de $500K)”

En el círculo de Murillo también está Philip Lichtenfeld. También es cochabambino y ciudadano estadounidense, amigo de confianza y empresario que radicaba en Argentina, aunque su base de negocios era Bolivia.

Proviene de una familia empresarial radicada en Cochabamba. Su padre y sus dos hermanos son dueños de firmas, como Industrias Ravi, que produce tapas de plásticos para botellas. Esta empresa también se abrió en Centroamérica.

De acuerdo con Orbis, una base de datos de compañías de todo el mundo, personas con el mismo nombre, Philip Lichtenfeld, también aparecen vinculados a Corvaglia, Sacmi Imola, Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A. y Astrix S.A.

El papel de Lichtenfeld para la intermediación con BTS en la compra de gases de la brasileña Condor fue fundamental. A Bolivia le urgían las armas antimotines y ‘el papeleo’ en el Estado boliviano no avanzaba al ritmo que el grupo de amigos quería. Si bien el contrato se había firmado el 19 de diciembre de 2019, hasta la primera semana de enero el Estado boliviano no había hecho ninguna transferencia y ‘los amigos’ ya estaban realizando las gestiones con Condor. Les urgía el dinero o una boleta de garantía.

Ahí es cuando ingresó en escena Philip Lichtenfeld. El 4 de enero de 2020 Luis Berkman le envió un mensaje a su hijo: “Philip está con nosotros (tarifa de $500K)”.

De acuerdo a la investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lichtenfeld ayudó a obtener una “garantía” de pago para que Condor les permitiera hacer una primera entrega del armamento el 10 de enero de 2020, a pesar de que BTS aún no había recibido los fondos de Bolivia para realizar el pago. Pero también ayudó a coordinar los pagos de los sobornos.

El 13 de enero el Ministerio de Defensa instruyó al Banco Central de Bolivia (BCB) un pago de 5’649.137 de dólares a una cuenta de la empresa BTS en Florida, pero el banco estadounidense “se planteó preguntas sobre la transacción” y el 29 de ese mismo mes rechazó la transferencia. Los amigos estaban en apuros. Y no solo eso, ese movimiento generó un reporte de actividad sospechosa y Estados Unidos empezó a investigarlos.

Para el 13 de marzo la documentación que dejaron revela su desesperación. “Nada, pero son hijos de perra. Ya no me responden. Nos quedan 45 minutos. Hasta las 6:30. Así que el Banco Central (de Bolivia) puede hacer el depósito. Pero el Ministerio de Economía no quiere hacerlo", escribe un ex funcionario del Ministerio de Gobierno a Méndez Mendizábal cuando este le consulta sobre noticias del desembolso de los 5,6 millones.

En su declaratoria de culpabilidad, que radica en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Luis Berkman acepta que “alrededor del 12 de abril de 2020” envió un mensaje en clave, a través de WhatsApp, a Philip Lichtenfeld en el que da a entender cómo se repartieron el soborno. “500 Ph 300 Ro 600 Ar 400cb 200mi 615 Mi. 15. pp-lc (SIC)”, lo que significaba, según detalla el documento, que “Ro” es Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal y que “recibiría un soborno de $300.000”. “Ar” es Arturo Carlos Murillo Prijic y “recibiría un soborno de $600.000, dividido en $400,000 a ser entregados en Cochabamba, Bolivia (‘400cb’), y $200,000 a ser entregados en Miami, Florida (‘200 millas’)”.

Para esta investigación se revisaron los acuerdos de culpabilidad de los cuatro amigos de Murillo, que fueron detenidos junto a él, entre el 20 y 22 de mayo de 2021, en Miami. De este modo se conoce que se declararon culpables de “conspirar para cometer lavado de dinero” ante la justicia de Estados Unidos. Philip confesó haber recibido 500.000 dólares; Rodrigo, 280.000 dólares; Luis Berkman, 875.000 dólares; y Bryan Samuel Berkman, 121.751 dólares.

Estos documentos también señalan que Murillo recibió 600.000 dólares. A su vez, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró que el “co-conspirador 2” al que se refiere la investigación del agente Eades, pero que no lo identifica, se trataría del ex ministro de defensa Luis Fernando López, que recibió 20.000 dólares. La sumatoria de estos montos da un total aproximado de 2,3 millones de dólares.

La documentación analizada permite seguirle el rastro a la repartija de 1’733.000 dólares de estos 2,3 millones. Incluso, en Miami, en dos oportunidades, se enviaron dinero en efectivo en cajas de cartón.

La distribución del soborno se hizo en cuatro etapas:

Primer pago

La primera entrega del soborno la gestionó Lichtenfeld el 13 de abril de 2020. Una persona no identificada e involucrada en la repartija depositó 714.000 dólares en la cuenta de un familiar Lichtenfeld

Entre el 14 y 15 abril del 2020, desde una cuenta de la empresa Bravo Tactical Solutions y hacia la cuenta de un tercero no identificado, se realizaron traspasos por 450.000 y 250.000 dólares, respectivamente. El intermediario se quedó con una comisión de 14.000 dólares.

Los 700.000 dólares fueron entregados en efectivo por un familiar no identificado de Lichtenfeld a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal en Cochabamba.

Segundo pago

Lichtenfeld envió un correo electrónico para que se le haga una transferencia. La empresa Bravo Tactical Solutions realizó dos depósitos a una cuenta bancaria en Bolivia a nombre de Lichtenfeld. El primer depósito fue de medio millón de dólares y el segundo de 320.000 dólares, haciendo un total de 820.000 dólares.

Tercer pago

El tercer soborno involucra al exministro Fernando López quien, según el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, recibió una captura de pantalla por parte de Luis Berkman confirmando el depósito de 20.000 dólares a la cuenta bancaria de un familiar en los Estados Unidos.

Cuarto pago

El último soborno se realizó el 20 junio de 2020. Lichtenfeld envió un mensaje a mano con el título "Transfer Arturo". El primer depósito fue de 79.000 dólares y un segundo de 100.000 dólares, haciendo un total de 179.000 que supuestamente fueron recibidos por Murillo, quien cerró su cuenta en Estados Unidos tras las transferencias.

El dinero del soborno

El Gobierno boliviano informó que gran parte de los recursos defraudados al Estado fueron invertidos en un proyecto inmobiliario a cargo de World Trade Center (WTC), en la zona del Urubó de Santa Cruz, y la inmobiliaria cochabambina El Doral. Lichtenfeld juega un rol importante en el negocio de WTC. Era accionista de la empresa y uno de los impulsores del proyecto en una de las zonas más exclusivas que tiene la región cruceña.

El consorcio WTC Santa Cruz anunció oficialmente en junio de 2021 que apartó definitivamente de este proyecto inmobiliario a su socio Philip Lichtenfeld, acusado de recibir un soborno de 820.000 dólares en el caso de gases lacrimógenos.

“Ante los hechos e investigación en los que ha sido involucrado el señor (...) Lichtenfeld, declaramos que estamos absolutamente comprometidos con la búsqueda de la verdad, el cumplimiento del derecho de transparencia institucional, por lo tanto, hemos activado los mecanismos empresariales adecuados para excluir(lo) de nuestro paquete accionario y del desarrollo del negocio”, señalaba WTC Santa Cruz en un comunicado del 2 de junio de 2021.

Un mes después, el 28 de julio, el ministro Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa, informó que WTC devolvió los 820.000 dólares.

Por revisión de archivos de prensa se ha podido contabilizar que en Bolivia hay, al menos, tres aprehendidos por este caso, el excuñado de Murillo, Daniel Alliz Paredes, que era el único autorizado para retirar dinero de las cajas de seguridad en un banco en Bolivia, así como dos oficiales de la Policía.

Al grupo de amigos se los veía juntos en varios acontecimientos en la ciudad de Cochabamba. Participaban de reuniones importantes y de lujo. Tenían hobbies en común, como realizar largos recorridos en motocicletas. Eran fanáticos de las parrilladas y de viajes a Estados Unidos. Hoy están en ese país, pero no juntos. Están a la espera de una decisión judicial. Murillo y Lichtenfeld siguen en prisión. La audiencia del exministro será en noviembre. Los demás están libres, pero con algunas limitaciones.

Colaboración: Nelfi Fernández - Lizeth Vargas - Mago Torres