Cómo se reprime en Guatemala: el negocio de los gases lacrimógenos y pimienta
El Ministerio de Gobernación de Guatemala tiene una empresa favorita a la hora de adquirir bombas lacrimógenas y de gas para reprimir manifestaciones. Aunque la policía cuenta con un protocolo de acción en casos de protestas, este no se cumple.
El 21 de noviembre de 2020 en la Ciudad de Guatemala se concentraron miles de personas para protestar contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Mientras la mayoría manifestaba de forma pacífica, un pequeño grupo no identificado ingresó al Congreso de la República para prender fuego a un ala del edificio. Las llamas se desbordaban por dos ventanas, pero fue controlado en pocos minutos.
La respuesta del gobierno ante la quema del Congreso de Guatemala fue enviar a decenas de policías antidisturbios y antimotines en contra de los manifestantes. Según un reporte de la Policía Nacional Civil, ese día, en cuestión de horas, se lanzaron 388 bombas lacrimógenas tipo TL1, que se expulsan con lanzadores tipo “bocachas”; además utilizaron 88 cartuchos de propulsión y 15 bombas tipo CTS.
En una de las fotografías que circuló ese día en redes sociales, se puede observar una granada que recogió del suelo un manifestante. Aunque no es posible identificar la marca, el tamaño, tipo de letra y diseño coincide con las de la marca CTS (Combine Tactical Systems).
Dos de esos artefactos impactaron en el rostro de dos jóvenes que ese día salieron a protestar: Kenneth López y Carlos Manuel González. Ambos perdieron el ojo izquierdo y pasaron por largas cirugías para reconstruir su cavidad ocular y recibir una prótesis. Ninguno de los dos recibió alguna respuesta por parte del Ministerio de Gobernación o algún apoyo de otra institución del Estado; y aunque hay una denuncia por las lesiones graves que sufrieron, dos años después siguen sin tener justicia.
¿De dónde salieron las bombas que cambiaron sus vidas y que fueron utilizadas por el gobierno de este país para reprimir una manifestación pacífica en la que participaron más de 10 mil personas?
Tactical Group, Sociedad Anónima es la principal proveedora del Estado de Guatemala de bombas lacrimógenas, de gas pimienta, lanzadores, y cartuchos de humo blanco. La empresa fue creada en 2009 por Rosendo Gabriel Gómez Coyote, quien en registros oficiales aparece como administrador único y representante legal. Desde su fundación la empresa ha vendido a instituciones públicas 22 millones 786 mil dólares en equipos policiales y militares.
Dos de las compras más grandes que la Policía Nacional Civil hizo a Tactical Group se registraron uno y dos meses antes de la represión de las protestas del 21 de noviembre de 2020.
El 4 de septiembre de 2020, el Ministerio de Gobernación, la autoridad superior de la policía, adquirió 600 cartuchos de propulsores de la marca CTS, y el 27 de octubre de 2020 compró 17 mil cartuchos de gas lacrimógeno marca CTS, 500 lanzadores, 202 equipos anti-trauma marca Damascus y 5 mil 800 cartuchos de humo, también CTS. En total se invirtió 6.3 millones de dólares para reprimir a la población.
Tactical Group ganó el contrato de octubre pese a que ofertó el precio más alto, por 2 millones 170 mil dólares más que la otra empresa que participó en el concurso.
En 27 de mayo de 2021 la Policía también hizo una compra grande en la que Tactical Group fue la beneficiada: esta vez vendió 5 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción marca Condor, con una vida útil de 5 años a partir de su fabricación, por un precio de 77 dólares cada una, y un total de 386 mil dólares.
En ese mismo paquete, el gobierno también adquirió a la misma empresa 5 mil 800 cartuchos de humo color blanco, también de la marca Condor y 17 mil cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance Condor y 500 lanzadores tácticos de cartuchos de gas lacrimógenos por un precio de Q12 mil 449 mil cada uno y un total de Q6 millones 224 mil.
En total en una sola compra la Policía Nacional compró 2 millones 928 mil dólares en productos Condor: cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance, lanzadores tácticos para esos cartuchos, granadas de gas lacrimógeno de triple acción para lanzamiento a mano o bocacha y cartuchos de humo blanco.
Rosendo Gabriel Gómez Coyote, no solo es el representante legal de Tactical Grupo. También, según una consulta en el Registro Mercantil, aparece en los registros de otras compañías como Distribuidora Global de Materiales, Sociedad Anónima; Gin Gin, S.A.; Universal Call Centers, S.A.; PagosOnTime.com, S.A. y Legal Card, S.A..
El negocio
En Guatemala las armas traumáticas o no letales son promocionadas como armas de fogueo o de defensa, por lo que no son registradas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), y tampoco se requiere licencia para su portación o traslado.
Un estudio del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) señala que según estadísticas de la Policía Nacional Civil este tipo de armas se han estado localizando en hechos delictivos, por lo que se ha hecho evidente la necesidad de su registro ante las autoridades para poder tener un control de todas las personas que poseen una de estas armas que categorizan incluso como deportivas.
Francisco Rivas y Carlos Menocal, dos exministros de Gobernación consultados para este reportaje confirman que la falta de regulación provoca que cualquier persona pueda comprar y vender armas no letales.
En julio de 2020 la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un reporte en el que dice que el Gobierno de Guatemala reafirmó su compromiso de mejorar la seguridad ciudadana con “fuerzas de seguridad mejor equipadas”.
“La última vez que el Ministerio de Gobernación de Guatemala realizó una adquisición para adquirir equipo táctico, pistolas, municiones y uniformes policiales fue en 2014. Desde ese episodio, ha realizado pequeñas adquisiciones aisladas para equipar a la Policía Nacional (PNC)”, dice el documento, aunque en los años siguientes sí se reportaron nuevas compras de armas para la represión.
Según el documento, para julio de 2020 había 42 mil policías activos y cada uno debió recibir al momento de juramentación de la academia de policía una pistola Berreta 92, uniforme y equipo táctico como chalecos antibalas, cinturones utilitarios, botas, maza, porras, pistoleras, linternas, impermeables, esposas, antidisturbios y otros. Para esa fecha se reportó que al menos 3000 agentes recién graduados en diciembre de 2019 no recibieron ningún tipo de equipo por falta de suministros.
“Actualmente la fuerza nacional está usando una pistola para tres policías, por lo que deben entregar el arma al final de cada turno para que un colega pueda usar la misma pistola”, señala el informe.
Para esa fecha el inventario de equipo y armas de fuego de la policía incluía 800 rifles plataforma AR-M4 fabricados en los EE. UU., Uzis y Tavors fabricados en Israel y rifles de plataforma AK confiscados a pandillas y organizaciones narcotraficantes. Todos los rifles necesitan actualizaciones y mantenimiento. En esa fecha Gobernación renovó 200 M16.
El Ministerio de Gobernación le reportó a la Administración de Comercio Internacional que no contaba con granadas CS de humo o gas lacrimógeno en su arsenal y que “tenía serias preocupaciones por el hecho de que no cuentan con los medios necesarios para controlar, con fuerza no letal, un motín en las calles o un levantamiento en las cárceles”.
El informe destaca que el gobierno de Alejandro Giammattei se “fijó el objetivo de mejorar drásticamente sus capacidades de seguridad, tanto en seguridad ciudadana como en seguridad fronteriza”.
Según la Administración de Comercio Internacional, los productos estadounidenses tienen una participación de mercado del 50%. La mayoría de las empresas de marcas reconocidas de los EE. UU. tienen un distribuidor o agente local y ofrecen capacitación, instalación y servicio posventa.
Los protocolos
El Ministerio de Gobernación de Guatemala cuenta con protocolos para el uso de armas no letales en situaciones de manifestaciones, desalojos, disolución de masas y de desbloqueo de rutas.
En el caso de desalojos, la primera fase de este protocolo establece que las personas reciben una notificación, donde se establece un tiempo de 25 a 30 minutos para que puedan desalojar. Si las personas no se retiran se “usa medios disuasivos no letales, en caso de que exista oposición violenta”, pero no se detalla cómo se utilizaran las armas no letales.
Para la disolución de masas se establece que el personal asignado debe utilizar “únicamente equipo antidisturbios” y que el uso de estos medios disuasorios se hará “después de haberse agotado todas las instancias de carácter legal humanitario y social”. Además, establece que “se recurrirá a la fuerza cuando los demás procedimientos sean insuficientes para restablecer el orden”.
Este protocolo dice explícitamente que la acción de la policía no debe “constituir nunca actos de venganza” y que está prohibido el uso de medios manuales de bocacha.
El protocolo no establece cuándo se puede disparar.
Pese a que hay un documento que detalla el marco de acción de la Policía Nacional Civil, estos lineamientos no se cumplen, como reportó en un informe la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), que verificó las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad pública durante las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020.
Entre los hallazgos de Udefegua destaca que ese día en la Ciudad de Guatemala fueron capturadas al menos 48 personas, incluidos dos menores de edad, y que las capturas se dieron entre procedimientos arbitrarios y represivos, donde también se produjeron lesiones graves contra los manifestantes: Kenneth López y Carlos Manuel González, quienes sufrieron daños irreparables en el ojo izquierdo cuando una bomba de gas lacrimógeno impactó en su rostro.
“Las detenciones arbitrarias e ilegales se realizaron con abuso policial, sin tomar en cuenta los estándares nacionales e internacionales para este procedimiento e incumpliendo el principio de proporcionalidad que se requiere”, dijo Udefegua.
Además, la entidad dijo que la policía agredió intencionalmente a periodistas, comunicadores sociales y a población que documentaba los hechos de represión y abuso policial.
En diciembre de 2020, a pocos días de la manifestación, Udefegua presentó una denuncia en el Ministerio Público contra las autoridades del Ministerio de Gobernación y la policía. Un año después cinco policías que tenían orden de captura por arrastrar a dos mujeres jóvenes durante las protestas, se presentaron a un juzgado y fueron ligados a proceso en una audiencia en la que se negó el acceso a los medios de comunicación. Las altas autoridades de ambas instituciones, los responsables de dar las órdenes, los que deciden los negocios de las armas no letales detrás de cada represión, siguen sin enfrentar a la justicia.