La Patrulla Fronteriza aumentó la compra de gases y tasers, así como su uso en migrantes que intentan cruzar la frontera

Una demanda presentada por un grupo de inmigrantes haitianos en diciembre del 2021 acusa al Gobierno federal de abuso físico y verbal, trato inhumano y negación del debido proceso por los maltratos que recibieron en Del Rio. 

Al menos una decena de incidentes de uso de la fuerza similares han ocurrido en los últimos diez años, en los cuales agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han sido criticados por activistas y organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) por el modo en que usaron armas no letales (como tasers, bastones y gas lacrimógeno, entre otros) para detener el ingreso de migrantes vía la frontera sur. 

Datos federales analizados por Noticias Telemundo muestran que las demandas y las críticas por el uso excesivo de la fuerza no han desalentado la inversión en armas no letales por parte de la Patrulla Fronteriza. Al contrario, la agencia reforzó su arsenal en los últimos años. Este y otros hallazgos forman parte de la investigación El Negocio de la Represión, que Noticias Telemundo y otros nueve medios latinoamericanos realizaron en colaboración  con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

En total, entre 2014 y 2021, la Patrulla Fronteriza gastó por lo menos 46 millones de dólares en armas no letales, que incluyeron gas pimienta, gases lacrimógenos, perdigones de plástico y bastones, según los contratos a los que tuvo acceso Noticias Telemundo. La inversión más grande ocurrió entre 2016 y 2018, cuando la CBP quintuplicó el gasto en este tipo de armas, principalmente tasers y sus accesorios. En 2018, durante la Administración del expresidente Donald Trump, llegó a pagar por lo menos 11.8 millones de dólares, el mayor monto anual invertido en equipo no letal en casi una década. 

Disparos innecesarios

El uso de armas no letales, como tasers, por parte de la CBP, se implementó con el objetivo de disminuir el número de incidentes con armas de fuego, según indican documentos oficiales de la Patrulla Fronteriza. En 2013, un reporte del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF, por sus siglas en inglés), que analizó las políticas de uso de fuerza la CBP y revisó 67 incidentes en los que estuvieron involucrados sus agentes, encontró, entre otras cosas, que algunos casos en los que los agentes fronterizos dispararon contra las personas parecían no estar justificados.

Por ejemplo, cuando los agentes dispararon a vehículos, “la mayoría de casos revisados involucraron a sospechosos no violentos que no representaban otra amenaza más que la de un vehículo en movimiento”, señala el informe. 

La estrategia del CBP logró disminuir la cantidad de incidentes con armas de fuego. Pasaron de 55 casos en 2012 a sólo 15 en 2018. Y ese número se ha mantenido: en el año fiscal 2021 hubo 14 incidentes con armas en la frontera sur.

Pero la sensación que tenía W.D., de que alguien podía morir bajo el acecho de los agentes a caballo, tiene una base real. Médicos e investigadores de la Universidad de Minnesota y del Hennepin County Medical Center de Minneapolis, así como la doctora Rohini J. Haar, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, advierten que las armas no letales como balas de goma y gases lacrimógenos son peligrosas e inadecuadas para controlar multitudes. 

 “Según nuestra investigación, diría que los proyectiles como balas de goma y las rondas de cartuchos bean bag (un proyectil no letal que ocasiona espasmos musculares) realmente no cumplen ningún papel en el control de multitudes, especialmente en el caso de civiles desarmados (...) los proyectiles son el verdadero problema porque no discriminan. Y son increíblemente peligrosos, especialmente si impactan la cara, el cuello, la cabeza o si golpean demasiado cerca”, explica la doctora Haar. 

Haar se especializa en políticas sanitarias y derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en escenarios de conflicto y crisis humanitarias complejas, por lo que tiene experiencia en el análisis de la efectividad de las armas menos letales más utilizadas por las autoridades. 

“También están los gases lacrimógenos, porque los mismos botes causan muchas muertes. Los químicos no discriminan, solo afectan a todos los que están allí. Es cierto que en el 90% de los casos los efectos desaparecerán en una o dos horas, pero durante ese tiempo todo el mundo sufrirá mucho (...) Y, por supuesto, hay una proporción de personas que tienen asma o que son niños y tienen pulmones más pequeños y tendrán problemas de salud más graves”, advierte la experta en una entrevista con Noticias Telemundo.

Los reportes de uso de armas no letales por parte de la Patrulla Fronteriza muestran que este arsenal ha sido utilizado por los agentes bajo todas las administraciones desde la de George W. Bush. Pero a partir de 2018, la Patrulla Fronteriza comenzó a utilizar las armas no letales con mayor frecuencia e incluso llegó a disparar gas lacrimógeno sobre familias con niños que intentaban cruzar la frontera al menos en dos ocasiones que fueron documentadas y denunciadas, en noviembre de 2018 y enero de 2019. En esta última, se utilizaron incluso perdigones de plásticos para repeler a los inmigrantes, según indicaron periodistas de la agencia AP y testigos.  . De hecho, según los datos federales, solo en el año fiscal 2018, el CBP utilizó más gases lacrimógenos que en todos los años anteriores. 

En los últimos tres años, se han registrado en promedio 250 incidentes anuales en los que los agentes fronterizos utilizaron armas no letales contra personas en la frontera sur, de acuerdo con los reportes de uso de la fuerza de la CBP, analizados por Noticias Telemundo. 

En 2021, cuando Joe Biden llegó al poder, y junto con él un número récord de inmigrantes que se aventuraron a la frontera con la ilusión de ser recibidos por una política más humanitaria, el CBP comenzó a usar la fuerza con mayor frecuencia: más de 660 incidentes registrados (tanto con armas no letales como armas de fuego, vehículos y otros), según nuestro análisis de los datos de la CBP. Dos años antes, bajo Trump, se registraron cerca de 480.

Pedro Rio trabaja desde hace más de 15 años en defensa de los familias migrantes y documentando las consecuencias de lo que su organización llama la militarización de la frontera, con “agentes fronterizos disfrazados de soldados con rifles de asalto y equipo táctico. En entrevista con Noticias Telemundo advierte sobre los riesgos de dar más poder a una agencia que ha sido denunciada por uso excesivo de la fuerza durante años. “La cultura del abuso y maltrato ha sido parte del desarrollo de la agencia de Patrulla Fronteriza”, dice Rio, el director del programa enfocado en la frontera de EE.UU. y México de American Friends Service Committee, que documenta las denuncias de abusos por parte de agentes migratorios en la frontera sur.

Y la adquisición de más armas no letales preocupa aún más, asegura Rio, porque la agencia  “no tiene un sistema eficiente de rendición de cuentas”, algo que ha sido advertido por múltiples reportes, incluso dentro del propio Gobierno. 

Noticias Telemundo envió una serie de preguntas a la Patrulla Fronteriza sobre los cuestionamientos por presuntos abusos contra los inmigrantes y los hallazgos de varias investigaciones internas que señalan el mal uso de la fuerza por parte de sus agentes en varios casos, pero no recibimos respuesta. 

El taser como castigo

En 2021, una organización sin fines de lucro que provee asesoría legal gratuita a inmigrantes indocumentados en Arizona, entrevistó a más de 6,000 niños no acompañados que estuvieron bajo custodia de la oficina de la CBP. Los abogados de la entidad, The Florence Project, les preguntaron a los niños cómo fueron tratados cuando estuvieron en manos de los agentes. 

Las respuestas que recibieron los dejaron “descorazonados”. En total, la organización pudo documentar más de 900 reportes de presuntos abusos y violaciones legales contra los menores por parte de la Patrulla Fronteriza, entre ellas detenciones excesivas, abusos verbales, privación de atención médica y maltrato físico. Uno de los testimonios más impactantes es el de un menor de 17 años que aseguró haber visto a los agentes de la Patrulla Fronteriza “usar un taser (arma de electrochoque) en otros niños como castigo”.

Un taser es un dispositivo de mano que dispara dos pequeños dardos para incapacitar a una persona con una descarga eléctrica de hasta 50,000 voltios. La Patrulla Fronteriza comenzó a utilizarlos en 2008 y desde entonces se han registrado docenas de incidentes en los que los agentes los utilizaron en el cuerpo de las personas, aunque en ocasiones estas estaban huyendo, según los reportes de incidentes que en 2015 obtuvo el diario Los Angeles Times.

“El niño tenía miedo constante después de ver a otros niños siendo electrocutados en la mano y el cuello. Aunque el niño miró hacia otro lado cada vez que esto sucedía, podía escuchar los llantos de los niños afectados”, dice el testimonio recabado por The Florence Project, incluido en un reclamo administrativo contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que varias organizaciones presentaron en abril de 2022. 

Contactados por este medio, The Florence Project declinó brindar más detalles sobre este caso en particular. Noticias Telemundo también le consultó a la CBP en varias ocasiones sobre esta denuncia y el reclamo civil que la acompaña, pero la entidad no respondió a nuestras preguntas. 

En marzo de 2016, por ejemplo, un hombre que caminaba por un carril de vehículos en el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, fue interceptado por tres agentes de la Patrulla Fronteriza. Según el reporte oficial del incidente, el sujeto sacó un objeto de su bolsillo, y aunque los oficiales determinaron que se trataba de una lata de cerveza y que el hombre no tenía ningún tipo de arma mortal, uno de ellos decidió dispararle con un taser para controlarlo, tras lo cuál quedó bajo custodia de la CBP. La investigación posterior determinó que el agente actuó de acuerdo a la política de uso de fuerza de la Patrulla Fronteriza y no fue castigado, indica el reporte oficial.

Por ejemplo, la investigación del diario Los Angeles Times reveló que en al menos 70 ocasiones, los agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon los dispositivos eléctricos contra personas, aunque no hubo forcejeo ni indicios de que los patrulleros estuvieran en peligro. 

Contratos millonarios

Los contratos de armas no letales por parte de la Patrulla Fronteriza beneficiaron principalmente a una empresa: Aardvark Tactical, una firma con sede en La Verne, California, que provee equipo táctico a departamentos de policía y agencias federales desde su fundación en 1987. 

Según los datos públicos disponibles, en los últimos ocho años Aardvark Tactical ha recibido contratos federales por más de 400 millones de dólares. Su segundo mejor cliente en el Gobierno federal, después del Ejército, es la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que le ha otorgado contratos por casi 62 millones de dólares desde 2014. De ese monto, cerca del 70% ha sido para la compra de tasers y equipo para estos dispositivos eléctricos. 

Pero la CBP también aumentó la adquisición de otras armas menos letales, como bastones y gases lacrimógenos.  El año fiscal en que la Patrulla Fronteriza gastó más dinero en bastones policiales en la última década fue 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia: más de 200,000 dólares en estos dispositivos, incluyendo bastones para entrenar a sus agentes.

Noticias Telemundo preguntó a la CBP por los motivos del reforzamiento de su arsenal no letal en los últimos años, pero la agencia no respondió.

Agentes químicos contra familias migrantes

En 2018 la Patrulla Fronteriza reforzó la compra de gases lacrimógenos, a tono con las promesas del expresidente Donald Trump para “asegurar, proteger y defender” la frontera. Ese año, la CBP invirtió cerca de 700,000 dólares en este tipo de armas químicas, más que en ningún otro año en la última década.

El expresidente Barack Obama introdujo el uso del gas lacrimógeno como parte del arsenal para la protección de la frontera en 2010. Y Trump lo usó como nunca antes.

La Patrulla Fronteriza desplegó este agente químico más de dos docenas de veces durante la Administración de Obama, tanto en 2012 como en 2013, según datos oficiales, pero luego la cantidad de incidentes se redujo a 15 en 2014. En ese año, la CBP revisó sus políticas para reducir el uso de armas letales y no letales, en el marco de varias investigaciones del Departamento de Justicia sobre denuncias de violencia excesiva por parte de las fuerzas del orden. En 2016, el agente químico sólo se empleó en tres incidentes.

Pero esas reformas se abandonaron cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017, y el uso del gas lacrimógeno comenzó a ser más frecuente por parte de los agentes migratorios, en acciones de represión sin precedentes contra los inmigrantes. En 2017, se utilizó en 18 oportunidades, y en 2018, en 29, lo que marcó la mayor cantidad de incidentes con gas lacrimógeno desde que el arma no letal fue incorporada como arsenal de los agentes migratorios.

Aún están frescas las imágenes de familias con niños, corriendo y ahogándose mientras escapan de los gases lacrimógenos que los agentes estadounidenses dispararon a suelo mexicano, en la frontera entre Tijuana y San Diego, el 25 de noviembre de 2018. Ese día, cientos de personas que se aproximaban a la frontera fueron recibidos con una lluvia de botes de gas lacrimógeno marcados con el nombre de Safariland, una empresa cuyas ganancias superan los 450 millones de dólares

Una de las personas que sufrió por el gas lacrimógeno lanzado por los agentes fronterizos ese 25 de noviembre fue María Meza, una inmigrante hondureña cuya imágen escapando del gas con sus dos pequeñas gemelas se volvió viral.  

"Estaba asustada y pensé que me iba a morir con ellos por el gas", contó María Meza en una entrevista con la agencia Reuters. 

Pedro Rio, quien forma parte de la comitiva de Southern Border Communities Coalition, contó a Noticias Telemundo que él estaba ese día en la frontera. Lo ocurrido no le sorprendió.

La organización que lidera Rio ha recibido múltiples testimonios de migrantes heridos por botes de gas lacrimógeno, incluso el de un niño con dificultades para respirar tras ser alcanzado por los agentes químicos. Y los vecinos cerca de la frontera han visto los ejercicios de entrenamiento de cientos de agentes que incluyen el despliegue de gas lacrimógeno. Sin embargo, lo que pasó ese día “sí fue algo muy problemático”, advierte. 

Bajo la política de Trump, “se fomentaba la idea de que una respuesta violenta era necesaria y justificable para personas migrantes que venían en busca del asilo, aunque Estados Unidos ya para ese entonces había cerrado la posibilidad”, dijo Rio.

El 1 de enero de 2019, los agentes fronterizos de Estados Unidos volvieron a disparar gases lacrimógenos en Tijuana, además de gas pimienta y perdigones de plástico para repeler a unos 150 inmigrantes que buscaban cruzar la frontera, entre ellos mujeres y niños. 

Los botes del agente químico, al igual que en noviembre de 2018, eran de la empresa Safariland. La compañía vendió el material a la CBP como subcontratista de Aardvark Tactical. Los registros públicos muestran que Safariland suministró "municiones químicas no letales" por un valor de 500,000 dólares desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019. 

El uso de gas contra los inmigrantes por parte de la patrulla fronteriza no le salió gratis a la empresa, que es uno de los mayores fabricantes de gas lacrimógeno y productos de defensa del país. Su director, el inversionista Warren Kanders, terminó renunciando meses después a su puesto como vicepresidente del Museo Whitney de Arte Estadounidense debido al escándalo. En 2020, Safariland anunció que vendía su división que producía arsenal para el control de multitudes (incluyendo agentes químicos, pero también municiones y bastones). Kanders dijo en su momento que la compañía se enfocaría en la “protección defensiva pasiva”, con productos como chalecos antibalas, trajes antibombas y fundas de seguridad.

Noticias Telemundo pidió comentarios a Safariland sobre el uso de gas lacrimógeno contra inmigrantes por parte de la CBP, pero la empresa no respondió.

Amplia discrecionalidad

Los incidentes con gas lacrimógeno en 2018 y 2019 fueron analizados por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP, que determinó que ​​el uso de gases lacrimógenos en los inmigrantes fue justificado. La Oficina del Inspector General del DHS también examinó los dos casos y tampoco halló anomalías, pero sí encontró que los agentes fronterizos utilizaron sin autorización un dispositivo acústico para intentar detener a los inmigrantes que no forma parte de los dispositivos permitidos y cuyo uso puede ocasionar lesiones auditivas permanentes.

El Inspector General también señaló que la investigación de la CBP por el uso de este aparato acústico fue “incompleta e inexacta” y que no todos los agentes de la Patrulla Fronteriza tenían la capacitación y certificación requeridas para portar dispositivos menos letales. Además, señaló que la Patrulla Fronteriza carecía de controles internos para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, según el informe emitido en agosto de 2020.

La CBP tiene una oficina para investigar el uso de la fuerza por parte de sus agentes y plantear recomendaciones. Pero los reportes anuales que difunde la agencia sobre los resultados de estos procedimientos administrativos no dan información detallada. En el año fiscal 2021, la oficina analizó 677 incidentes con armas no letales e hizo recomendaciones con respecto a tácticas, entrenamiento y equipo, según el último reporte de investigaciones internas. La agencia no respondió a la consulta de este medio sobre cuáles fueron esas recomendaciones y las acciones que tomaron para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Sobre el incidente en la frontera en septiembre de 2021, en el que agentes a caballo intentaron detener el paso de migrantes haitianos en Texas, como le ocurrió a W.D., la CBP realizó 11 consejerías a modo de respuesta disciplinaria para los agentes y determinó que en 18 casos no era necesario tomar ninguna acción, indica el reporte. Pero la agencia no respondió a Noticias Telemundo con los detalles de esas decisiones y las medidas que se tomaron al respecto. 

"Si las agencias de aplicación de la ley fueran más abiertas sobre lo que usan, entonces podemos hacer un trabajo mucho mejor, entendiendo desde el lado de los derechos humanos o la academia qué son esas armas realmente”, comenta la profesora Haar de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California. Si bien la CBP informa el número de veces que se despliegan armas no letales por año, no detalla el tipo de armas, la cantidad y bajo qué criterios se desplegaron. 

“Estamos bastante limitados para hacer una investigación profunda. No sabemos qué cantidad de armamento usan [las agencias de aplicación de la ley], incluso los sitios web de los fabricantes son realmente difíciles de acceder. Creo que se necesitan más investigaciones, pero eso requiere más financiamiento y más transparencia", detalla Haar. 

A esto se suma que el manual de la Patrulla Fronteriza sobre el uso de fuerza le otorga discrecionalidad a los agentes para decidir cuándo utilizar armas menos letales para defender una posible agresión contra agentes de la ley, y también autoriza su uso para detener el cruce ilegal de migrantes. 

El manual sugiere evaluar la necesidad de su uso en algunas circunstancias, como cuando hay niños, pero no establece límites concretos. Los agentes son quienes pueden decidir, según las características del incidente, qué corresponde hacer.

Haar opina que esa disposición es “una tapadera” para justificar la actuación de los agentes en situaciones de gran tensión. 

“Para los trabajadores de derechos humanos no es admisible algo como esto”, señala la experta. “En general, la gente no está lastimando a nadie, solo están parados donde se supone que no deben estar. Eso no justifica el uso de la fuerza”, asevera.

Esto es preocupante dadas las reiteradas acusaciones contra la agencia por falta de acciones disciplinarias y control interno, algo que los mismos agentes reconocen. Un informe de 2019 de la Oficina del Inspector General del DHS indica que el 47% de los empleados de la CBP encuestados no creía que los agentes fronterizos en ninguno de los niveles de mando rindieran cuentas por su conducta.

Ese mismo año, un análisis de los datos oficiales del medio Quartz señaló que la CBP tenía más denuncias y arrestos por abuso y corrupción que otras agencias.Asimismo, una auditoría del Inspector General del DHS señalaba que DHS no tenía suficientes políticas y procedimientos para tratar problemas disciplinarios en sus empleados. . 

Numerosos estudios, tanto internos como externos, han cuestionado además el accionar de los agentes a lo largo de los años y advierten de posibles problemas sistémicos. El descubrimiento de un grupo secreto de Facebook en 2019 lleno de publicaciones racistas, misóginas y xenófobas por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza sacó a la luz más evidencia de la cultura de abuso de la agencia.

La CBP ha informado que investigó este y otros grupos de Facebook, con miles de miembros que serían agentes migratorios, y envió un total de 136 casos a la Junta de Revisión Disciplinaria (DRB, por sus siglas en inglés) de empleados que publicaron contenido inapropiado o que probablemente vieron contenido inapropiado y no lo reportaron. En la mayoría de los casos, 62, no se tomó ninguna acción disciplinaria, 39 recibieron una suspensión sin impacto en su historial, y otros recibieron advertencias, retiro anticipado y consultorías. Cuatro fueron removidos de sus puestos, según el reporte de investigaciones internas de 2021. 

Acusaciones de abusos gravísimos

La organización Human Rights Watch accedió en septiembre de 2021 mediante un pedido por la Ley de Libertad de Información (FOIA,por sus siglas en inglés) a informes internos de 160 casos de conducta indebida y abusos contra solicitantes de asilo, la mayoría entre 2016 y 2021, que incluyen casos de conducta delictiva, por parte de agentes de diversas áreas del DHS, pero en particular de la CBP y de la Patrulla Fronteriza. Estos incluyen presuntos abusos sexuales, violaciones del debido proceso, negativa a brindar atención médica, condiciones severas de detención y tratos deshumanizantes en la frontera. Human Rights Watch pidió información a DHS sobre 11 casos de gravedad y las acciones disciplinarias tomadas, sin que obtuviera una respuesta al momento de publicar el informe, según explicó la organización.

Los documentos obtenidos al amparo de la FOIA sugieren que el DHS es un organismo que parece haber normalizado la existencia de “abusos gravísimos” en la frontera de Estados Unidos, advierte Human Rights Watch en su informe. El CBP tampoco respondió a preguntas de Noticias Telemundo sobre estos informes y los presuntos abusos que se detallan en los documentos. 

Las denuncias de abusos no se limitan de este modo a los ataques contra grandes grupos de migrantes que intentan cruzar la frontera. También incluyen presuntas agresiones en centros de detención y a lo largo de todo el proceso desde que un inmigrante entra en contacto con la CBP. 

Por ejemplo, W.D asegura que luego de entrar a Estados Unidos vivió privaciones en servicios básicos como comida e higiene durante su detención hasta que fue deportado en la madrugada del 22 de diciembre, a los empujones, desde una cárcel en Louisiana, pese a que su mujer y sus dos niños lo esperaban en Texas. “Yo no quería ser deportado”, dice. 

“Vi un grupo de militares que llegan para hacerme salir con fuerza. Ellos tienen armas y no pude ver sus caras. Y así me golpearon”, relató.

Más armas, menos personal

La compra vertiginosa de tasers y otras armas no letales para la Patrulla Fronteriza entre 2016 y 2018 contrasta con la disminución de agentes en servicio durante el mismo período. 

Al inicio de su mandato, en enero de 2017, Donald Trump buscó reforzar la seguridad fronteriza, ordenando contratar a 5,000 nuevos agentes de la  CBP y 10,000 oficiales de inmigración, pero ese objetivo nunca se cumplió. Por el contrario, el número de patrulleros fronterizos en el campo disminuyó. Para el año fiscal 2016, la CBP tenía 19,828 agentes y en 2021 registró 19,536, según datos oficiales. 

Desde agosto del 2017, la oficina del Inspector General había cuestionado la necesidad de contratar a 15,000 nuevos empleados migratorios y puso en evidencia que, en el caso de la Patrulla Fronteriza, en ese momento 2,000 agentes terminaron realizando trabajo de inteligencia y no estaban destacados en el campo. 

El reforzamiento del arsenal no letal no es tampoco un asunto exclusivo de la Patrulla Fronteriza. Aunque con una menor inversión, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también ha redoblado sus compras de este tipo de equipamiento. Los datos del gobierno analizados por Noticias Telemundo revelan un notable salto en el gasto de ICE durante el año fiscal 2017, el primero de la Administración Trump. Ese año la inversión de la agencia en armamento no letal se disparó cerca de 700%. Casi la totalidad del dinero, 2.7 millones de dólares, fue para la compra de tasers, accesorios y sus repuestos, adquiridos a Aardvark Tactical. 

En agosto de 2020, ICE anunció que su plan es gastar 18 millones de dólares en miles de nuevos tasers para reforzar su división de Operaciones de Ejecución y Deportación, así como cursos de entrenamiento.

ICE no respondió a nuestras preguntas sobre la compra de armamento no letal, sus motivos y el proceso para elegir a las empresas contratistas.

La militarización de la frontera no es algo reciente, remarcan expertos y defensores de migrantes, sino que lleva décadas, lo cual cierra la posibilidad de ingresar por puertos legales, lo que empuja cada vez más a los migrantes a zonas peligrosas, como el desierto, el río Grande y el mar. 

"En términos de la crisis migratoria, es difícil, porque no es local, supongo que no son realmente los policías locales quienes deben cumplir la ley estatal, sería más la CBP y me alegra que se muestre el uso de estas armas en ese entorno, porque es el primer paso para que digan que no tenemos ninguna política sobre esto, y necesitamos trabajar en eso", advierte la profesora Haar sobre la situación en la frontera.

Sin opciones

Las armas no letales se incorporaron al arsenal de los agentes migratorios como parte de una estrategia para reducir la violencia en la frontera y los incidentes con armas de fuego, según documentos oficiales. Y aunque esto se logró, en contraparte han aumentado los incidentes con armas no letales y con vehículos. 

La CBP mantiene aún así la estrategia en la frontera: el pedido presupuestario para el año fiscal 2023 incluye fondos para armas no letales y entrenamiento en su uso. Se piden 29.5 millones de dólares más que el año anterior para cursos que incluyen manejo de tasers, lanzadores de gas pimienta y armas antidisturbios semiautomáticas no letales, entre otros. 

A partir de los informes de conductas de gravedad por parte de la CBP, los expertos de Human Rights Watch han recomendado al Gobierno de Estados Unidos tomar medidas urgentes y sostenidas para que cesen esos abusos, transformando la forma de recepción de migrantes en la frontera y las prácticas de rendición de cuentas del DHS. Esto debe incluir, señalan, garantizar una reparación para los migrantes y solicitantes de asilo que han sufrido daños. 

Para lograrlo, se requieren además investigaciones por parte del Congreso y otros organismos federales, revisiones por parte del DHS de sus prácticas de rendición de cuentas y disciplina, y la implementación de políticas más robustas de supervisión y transparencia, según advierte Human Rights Watch.

Defensores de los migrantes han hecho además numerosos pedidos para que la inversión por parte del Gobierno federal se oriente a una mayor capacidad para procesar pedidos de asilo, en lugar de controlar y rechazar la llegada de familias migrantes. 

“No hay razón por la cual se debe justificar el uso de estas armas no letales: estas personas no vienen con las intenciones de causar daño, sino de presentarse”, dice Rio, el director del programa que documenta abusos en la frontera sur.

Mich González, quien defiende a W.D. señala que el inmigrante haitiano no tuvo la oportunidad de presentar su caso: estaba amenazado de muerte en Haití y necesitaba pedir asilo en EE.UU. La oficina de asilo que lo recibió en Texas ha sido cuestionada en múltiples oportunidades por no brindar las condiciones a los migrantes para que puedan defender su necesidad de quedarse en el país como solicitantes de asilo.

Tras ser deportado a Haití, W.D. intentó suicidarse, cuenta su familia. Luego, fue atacado en dos oportunidades. La persona que lo defiende en Estados Unidos, Mitch Gonzales, quien trabaja para Southern Poverty Law Center, lo ayudó a escapar de la isla. 

“Haití es más que peligroso”, contó W.D., ahora en Chile, a donde huyó para intentar volver a Estados Unidos. “Quedarse allí es más que un suicidio. Cada día hay personas que te importan que están muriendo”, relató.

W.D. sabe que un retorno a Estados Unidos implica un posible cruce fronterizo, la detención bajo condiciones difíciles y el riesgo de sufrir agresiones, pero está dispuesto a intentarlo: su familia lo espera en Texas, incluido su bebé de nueve meses, que nació cuando él estaba lejos. 

“Tengo casi un año y medio sin ver a mi señora. Y quiero conocer a mi hijo”, dice. 

Ronny Rojas reportó desde New York, Estados Unidos; Pamela Subizar desde Madrid, España, y Albinson Linares desde Ciudad de México, México.